Aportes para la reflexión en torno a los Derechos Humanos

Un país Normal

Edgardo Rodríguez del Barrio
Director Departamento Ciencias Sociales del CESS (Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales)

Durante la campaña electoral uno de los reclamos que mas se escuchó fue “queremos un país normal”. Lo reclamó Massa, lo pidió Macri, lo invocaron Sotolbizer, Solanas y Carrió y lo hizo slogan de su campaña proselitista Hermes Binner. Los candidatos del Frente para la Victoria tampoco dejaron de proponer un país normal. La dificultad radica en saber que es un país normal o, mejor, que estaba proponiendo cada uno al plantear la necesidad de vivir en un país normal.

Lo normal es lo que se adecua a la norma y la norma es un parámetro aceptado por un grupo humano, una sociedad concreta que se da formas de organización aceptadas por todos. Lo normal sería, en ese contexto, que esos todos que aceptan las normas también las cumplan. Un estado es una forma de organización social, económica, política soberana y coercitiva, formada por un conjunto de instituciones, que tienen el poder de regular la vida nacional en un territorio determinado. Para hacerlo, se vale de normas que llamamos leyes, las cuales son la expresión de la voluntad de la mayoría. En las democracias modernas occidentales, donde existe la división de poderes, las leyes las aprueba el poder legislativo, las promulga y hace cumplir el poder ejecutivo y el poder judicial interviene para resolver los conflictos en la aplicación de las leyes. Este esquema debe garantizar que no hay otro poder sobre el poder del Estado, única forma en que la expresión de las mayorías podrá ponerse en práctica. Y es en ese sentido en el que decimos que un Estado ejerce la coerción para que aquellos que no cumplen la norma por la norma en si lo hagan por la coerción o castigo.

Cumplimos 30 años de Democracia ininterrumpida. Y un país en democracia y cumpliendo la ley y la voluntad de las mayorías debería ser lo que llamamos un “país normal”, que no es sinónimo de perfecto ni de completo y acabado. Ocurre que entre 1930 y 1983 lo normal se tergiversó y la interrupción de los procesos democráticos se presentó como habitual hasta confundirse con normal. Y, a través de las dictaduras militares gobernaron los poderes económicos a favor de unos pocos y en contra del pueblo. Y pareció naturalizarse el concepto de que si los gobiernos populares no cumplían la voluntad de esos poderes vendría el golpe. Golpe cívico militar o golpe mediático al punto de que hemos escuchado que ningún presidente constitucional resistía tres tapas de CLARIN. Porque militares y medios de información masiva que negociaron con ellos y se enriquecieron ilegalmente (en contra de la ley o sea de la norma, es decir de forma anormal); militares y medios golpistas (porque no todos los militares lo fueron o lo son, al igual que no lo son todos los medios), al servicio de los grupos económicos y del poder financiero internacional, intentaron instalar que eso era lo normal. Esto es, que los gobiernos democráticos eran débiles y por eso debían cumplir su voluntad y no la del pueblo. Debe ser por tal razón que Mauricio Macri se haya referido al actual gobierno como el mas autoritario de los últimos 50 años, esto debe ser porque para él la normalidad es que gobierne el poder económico y financiero y no el gobierno elegido por el pueblo a pesar del terrorismo económico que los grupos económicos están ejerciendo mediante la evasión, los ataques especulativos, la presión sobre el dólar y la fuga de divisas, con el marco de “normalidad” que presta a ese accionar subversivo el monopolio mediático Clarín.

Como todos los actores políticos que hemos mencionado al inicio se reconocen como democráticos, seguramente cuando hablan de un país normal están hablando de la Argentina actual, porque en ella gobierna el pueblo a través de sus representantes, existe división de poderes y el Estado intenta el poder supremo de la república. Cuando el pueblo elige a sus gobernantes y legisladores, lo hace para que ejerzan el poder del Estado garantizando el cumplimiento de las leyes y la búsqueda del bien común.

Pero no todos los que hablan de un país normal se refieren a esta normalidad. Para algunos un país normal es
*Un país en el que las leyes del mercado están por encima de las leyes de la Nación.
*Un país en el que sus intereses personales están por encima del bien común.
*Un país en el que la verdad no está normada por la ley sino por los medios de información masiva de carácter monopólico.
*Un país que no sustenta el poder supremo en su jurisdicción sino que está subordinado a organismos financieros internacionales (FMI, Banco Mundial, CIADI, etc).
*Un país en el que los pobres son ciudadanos de segunda y el gobierno no debe asistirlos con ninguna clase de subsidios porque eso no es justicia, es demagogia.

Pero los que pensamos que un país normal es un país de iguales, solidario, con justicia social, con leyes que surgidas de los representantes del pueblo se aplican para todos, independientemente del poder económico que representen. Un país normal en el que no haya impunidad y el castigo no se aplique solo a los pobres que roban sino también, y sobre todo a los genocidas, a los apropiadores, a los estafadores, a los evasores, a los especuladores. Un país con verdad y justicia donde primen los derechos humanos. Un país que deje de ser el sueño de un gran hombre que supo enfrentar a los dueños del poder de siempre en la Argentina, para ser el sueño de todos.

Hoy estamos de fiesta porque dimos otro paso fundamental para ser un país normal. La Corte Suprema de Justicia determinó la constitucionalidad de la ley de medios y los poderosos tendrán que comenzar a cumplir la ley. Es el primer paso, pero fundamental, para profundizar la Democracia que acaba de cumplir 30 años. Y la Corte Suprema de Justicia, que estaba en deuda con muchos de sus fallos, le hizo este regalo, con ese aporte a un país normal.


Los nuevos escenarios de la política de seguridad en la Provincia de Buenos Aires

En los meses recientes, los temas de seguridad originados en delitos que afectan a bienes y personas, se han convertido en uno de los principales ejes del debate político en el país. En la Provincia de Buenos Aires este tema se ha convertido en un punto crítico de la campaña electoral de las últimas elecciones internas simultáneas y obligatorias (PASO) de la Provincia y sigue presente en el escenario de los temas agudos que influyeron sobre la decisión de voto de los bonaerenses, en las elecciones de legisladores nacionales del 27 de octubre.

Este debate esta signado por una significativa presencia de elementos que distorsionan la percepción de los habitantes de la provincia sobre la escala real de los problemas. Las voces sensatas que afirman que el problema es importante, sin constituir una situación caótica e inmanejable para el poder político, la convicción de los especialistas, para los cuales los problemas son, pese a la percepción de las víctimas y de los habitantes de la provincia, de menor intensidad que los que se producen en otras regiones y en países de mayor desarrollo; las cifras publicadas por el Juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni, que desmienten una participación importante de menores de edad en la comisión de los delitos, son sepultadas por las campañas tendenciosas de los medios de comunicación.


Las medidas son contundentes: la provincia de Buenos Aires incorporando patrulleros e implementando cámaras de seguridad. El gobierno bonaerense está entregando 40 patrulleros por semana para todas las localidades y prepara la integración de 420 patrulleros nuevos, por una gestión del gobernador con la Presidenta. Además se propone incorporar 1.000 cámaras en toda la Provincia en los próximos 30 días. El programa de refuerzo policial contra el robo automotor en el Gran Buenos Aires, incorpora 50 patrulleros tecnológicos de la Policía Federal, un acuerdo que forma parte del Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad, dispuesto por Cristina Kirchner, mediante el Decreto 1177/2013. Los mismos serán manejados por efectivos de la Policía Federal, ya que se dispuso el envío de 400 uniformados de la fuerza. Se destaca el trabajo conjunto de la nación y la provincia en la incorporación de recursos materiales y nuevas tecnologías para la seguridad ciudadana.

La inseguridad existe y tiene niveles que deben ser atendidos, pero en el imaginario público de la sensación cotidiana es tan terrible, que “no se puede salir a la calle sin riesgo de perder la vida”. Esta percepción, artificialmente creada por los medios hegemónicos, y fogoneada por políticos de la oposición, tiñe el debate y hace estériles los argumentos de especialistas y anula la posibilidad de una interpretación adecuada de las estadísticas y que pueda sostenerse una discusión fundada sobre cómo actuar frente al problema y encontrar buenas soluciones, en el marco de una política de seguridad democrática y defensa de los derechos humanos.
Al influjo de esta situación, y del clima creado, proliferan propuestas de medidas de endurecimiento de las políticas de seguridad ciudadana, de “mano dura frente a los delincuentes” y proliferan candidatos inescrupulosos que avizoran que este tema, que permite ganar respaldo electoral y promover candidatos que, en un contexto de mayor transparencia y debate, no tendrían oportunidad de ganar el apoyo de la clase media, de los trabajadores y de los sectores populares de la provincia.

El escenario está instalado, y al ritmo de la campaña electoral y del recalentamiento de algunas situaciones locales, muchos actores se dejan involucrar en esta lógica. Algunos buscando réditos políticos, otros con la expectativa de apoyar para evitar males mayores. Se está instalando una nueva lógica de “combate” al delito en la provincia, con la producción de una sucesión de medidas poco discutidas, en algunos casos de poca coherencia entre sí, pero con un escenario orientado al endurecimiento de la respuesta del estado, de “mano dura”, que en la Provincia de Buenos Aires tiene ya antecedentes poco auspiciosos. En tal sentido, creemos importante plantear un alerta, recomendar desligar este debate de la coyuntura electoral, y reflexionar con más cuidado sobre la eficacia punitiva y la potencialidad para controlar el desarrollo de organizaciones delictivas de este modelo en ciernes, para evitar escenarios futuros impredecibles. En particular porque no existe en este debate, ninguna consideración que tome como elemento central la defensa de los derechos humanos de los habitantes de la provincia.

Pasaremos revista a los principales hechos vinculados con estas temáticas, que en escasos meses, o aún días, confluyen para generar este nuevo cuadro de situación. En algunos casos son decisiones, en otros son proyectos en debate, pero es interesante establecer una mirada de conjunto sobre los mismos, en función de lo que podrían acontecer en el futuro próximo.

Refuerzo de la presencia de Gendarmería en la Provincia de Buenos Aires.

El 21 de agosto el Ministro de Seguridad y Justicia bonaerense, Ricardo Casal, informó que planean incorporar más de 3 a 4 mil gendarmes para prevenir delitos en el Conurbano bonaerense. Estos efectivos ocuparán "espacios sensibles" del GBA, en puestos de control y prevención, para que se puedan movilizar las fuerzas policiales provinciales en forma más dinámica. A fines de agosto de 2013 se conoció que 500 gendarmes que trabajaban en la Provincia de Salta, eran trasladados al conurbano bonaerense, entre ellos 80 efectivos de esta Capital y de San Antonio de los Cobres. También serán enviados gendarmes de Jujuy y Entre Ríos.

Como la decisión del Ministerio de Seguridad resta personal a la custodia de las fronteras con Chile, Bolivia y Paraguay, el Secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, aclaró que el envío de estos gendarmes es "una reubicación táctica". El refuerzo de la vigilancia en el territorio bonaerense será rotativo y por pedido del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia. Berni explicó que se decidió el envío de 4.500 integrantes de las Fuerzas Armadas a las fronteras del noreste y norte del país (Jujuy, Formosa, Salta, Misiones y Corrientes)

Nada se informa sobre la preparación policial de estos gendarmes provenientes de tareas de custodia de fronteras, ni sobre el tipo de actividad que realizarán los miembros de las Fuerzas Armadas enviados a la frontera norte, que deberán cubrir funciones para las que no están preparados. Tampoco se aclaró en qué medida estas actividades cumplen o no con la legislación que impide a las Fuerzas Armadas realizar tareas policiales. Esta discusión no fue dada, y felizmente no ha surgido ningún hecho concreto que pudiera haber provocado un debate nacional sobre el tema, en un contexto más crítico.

Desdoblamiento del Ministerio de Seguridad de la Provincia

El 12 de septiembre la Cámara de Diputados bonaerense aprobó el desdoblamiento del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia. El proyecto del Ejecutivo tenía como objetivo posibilitar al gobernador Daniel Scioli, el nombramiento de Alejandro Granados, hasta el momento Intendente de Ezeiza, como Ministro de Seguridad. El proyecto fue aprobado por unanimidad en Diputados; en el Senado la aprobación no contó con la presencia de los senadores del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Informes de prensa indican que el Frente Renovador se retiró de la sesión luego de no conseguir los votos necesarios para tratar sobre tablas el proyecto de creación de Policía Municipal.

Alejandro Granados habló unos días atrás sobre sus planes de gestión en el nuevo cargo. “No hablamos ni de mano dura ni de mano blanda. Tenemos que tener a la policía activa. Si lo hemos podido lograr en Ezeiza, por qué no podríamos en provincia. No digo que vamos a lograr bajar el delito en dos días. Pero quiero que el vecino vea pasar el móvil policial todos los días. Es una oportunidad histórica para que la policía vuelva a tener el prestigio que supo gozar alguna vez, aseguró el funcionario. Los policías buenos van a estar, los malos se van a tener que ir”.

La designación de Alejandro Granados recibió apoyos y despertó numerosas críticas entre partidos de izquierda y militantes por los derechos humanos. Granados tiene una histórica relación con la seguridad, luego de haberse cruzado a tiros, en 1999, con delincuentes que ingresaron a su casa. La recordada frase “ojalá les hubiera pegado, lamentablemente tuve mala puntería”, es la carta de presentación de un dirigente que llamó a armarse para enfrentar “la guerra” e hizo de la política de seguridad un programa de gestión gubernamental en su distrito, el primero en implementar el sistema de cuadrículas, las cámaras de seguridad y patrullaje por zonas durante las 24 horas. Iniciativa luego imitada en varios distritos.

Aunque todavía no hay hechos que puedan demostrarlo, parece un funcionario partidario de la “mano dura” y hay denuncias sobre prácticas violentas en la represión, en el municipio que administraba. La maldita policía bonaerense, la política de tolerancia cero de Ruckauff y, los casos de Kosteki y Santillán, y cruzando el Riachuelo, algunas prácticas de la Policía Metropolitana, y de su antecesora informal, la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, alertan sobre los riesgos de regresar a enfoques de seguridad basadas en el “accionar duro” de las fuerzas policiales.

Debate sobre la baja de la edad de imputabilidad de menores

El intendente de Lomas de Zamora y primer candidato a diputado del Frente para la Victoria se pronunció sobre un tema recurrente en la agenda política argentina, un tema delicado porque provoca posiciones enfrentadas: la edad a partir de la cual los menores de edad son punibles penalmente. Es un tema de importante repercusión pública pero escasamente debatido a fondo. Abrir esta discusión en épocas electorales supone enormes riegos, pero hace tiempo que vienen ganando protagonismo actores que plantean que el castigo y la reclusión, es la llave maestra para resolver los problemas de seguridad. Son los mismos actores políticos y civiles que tuvieron altas responsabilidades en la desintegración del tejido social argentino durante los años noventa. Actores que han tenido éxito en asociar el concepto de seguridad con la seguridad policial, desarticulándolo con su concepto básico: la seguridad social.

Martín Insaurralde, anunció que el oficialismo propondría bajar la edad de imputabilidad de los menores para frenar la inseguridad, a través de un proyecto a presentar en la Cámara baja. Sí, seguramente, es uno de los temas que estamos tratando con un equipo de candidatos y abogados. Estamos armando esa agenda legislativa, relacionada con los menores y con el desarme en la Argentina, indicó. Pocos días después volvió a hablar de su intención, esta vez en el programa de Mirtha Legrand: lo que estamos diciendo es que esos chicos no tienen que estar en la calle. Quedan desprotegidos los ciudadanos y los menores, suavizó. Insaurralde también afirmó que hay que cambiar el sistema penitenciario para que los jóvenes no vayan a la universidad del delito y sean reinsertados en la sociedad.

Las diferencias que generó el proyecto de Insaurralde, fueron importantes. Aníbal Fernández, Carlos Kunkel y Diana Conti se opusieron al proyecto y pidieron un debate más amplio sobre la delincuencia juvenil. Juliana Di Tullio debió salir a la palestra para aclarar las declaraciones de su compañero de fórmula, asegurando que el FPV de la Cámara baja no está discutiendo la baja de la edad de imputabilidad de los menores que delinquen, lo que está discutiendo es el régimen penal juvenil, una media sanción del Senado, votada por unanimidad, y que en Diputados fue modificado, pero no fue tratado. Es un tema muy complejo y con muchos años de debate, pero este tema tiene que ser discutido. Los jóvenes que tienen conflictos con la ley, están hoy en el peor de los mundos, ya que están siendo juzgados o tratados como adultos cuando no lo son.

La legislación penal juvenil data de la época de la dictadura y establece que los menores de 16 años no son punibles, no pueden ser culpabilizados ni penados por los delitos cometidos, aunque pueden ser recluidos, sin que esté establecido el límite de tiempo, si el juez a cargo lo dispone. Esta legislación se corresponde con algunos lineamientos de la Ley de Patronato de Menores de 1919, que implementó un sistema tutelar sobre la infancia y la adolescencia que habilitaba a la justicia a disponer discrecionalmente de los menores en peligro moral o material. En el año 2005 se sancionó la Ley de Protección Integral de los Niños, Niñas y Adolescentes, conforme los lineamientos de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta ley deja atrás la idea de tutelaje y establece los puntos fundamentales para la adecuación en materia penal juvenil, pero no regula la acción del Estado ante infracciones de la ley penal por parte de menores de edad.

En ese contexto, la ley penal que efectivamente se aplica a los menores se corresponde con el viejo sistema de tutelaje y no se ajusta a los principios de la Declaración de Derechos del Niño. La norma permite la privación de derechos y garantías a los menores en conflicto con la ley penal a la vez y hace hincapié en el perfil del actor, menores en peligro moral y material acusados de cometer un delito penal, y no en el acto ni el tratamiento. En el año 2009, se discutió un proyecto en el Congreso de la Nación, denominado "Sistema legal aplicable a los adolescentes en conflicto con la ley penal". Pero dicho proyecto perdió estado parlamentario, entre otras cosas, porque la discusión se trabó en la edad de aplicación de la norma, si debía sostenerse el límite punible de los 16 años o debía bajarse a 14. Así las cosas, nos encontramos con una situación típicamente conflictiva. Y vuelve en su peor versión, bajo la forma de la baja de la edad de imputabilidad de los menores hasta los 14 años, sin que se haya logrado aportar una sola evidencia de que la participación de este segmento etario en hechos delictivos, tenga el volumen importante que los medios concentrados denuncian en forma permanente.

Por eso es necesario el debate y, junto con él, tener en cuenta las aristas complejas de la situación, ligar la crisis de la legislación penal juvenil con la crisis del Código Penal vigente y abordar los problemas de las instituciones penitenciarias federales y provinciales. La discusión debería focalizarse en qué actos serán sancionados y cómo serán penados los actores, y no sobre las características del actor. En caso contrario se criminaliza al actor, poniendo en crisis la situación de actores sociales, como los jóvenes, los pobres, las minorías, etc., indebidamente estigmatizados, dado que no existe prueba empírica alguna sobre su responsabilidad en hechos delictivos diferente a los promedios generales. Es decir se requiere un debate democrático, en un contexto de país menos tensionado por la coyuntura electoral, y no buscar medidas efectistas para producir alivio en sectores sociales que demandan más seguridad.

Juicio por Jurado para delitos graves en la Provincia de Buenos Aires

El 27 de septiembre, el gobernador bonaerense, Daniel Scioli, promulgó la ley que inaugura los juicios por jurados en la provincia, una novedad que se anunció como un "cambio histórico" y un paso para empezar a cumplir con la demanda ciudadana de una Justicia más ágil. Este modelo es el primero con participación ciudadana plena, destacó enseguida, para diferenciarse de los modelos de juicios por jurados que ya existen en Neuquén y Córdoba. El juicio por jurados es una institución creada por el Artículo 24 de la Constitución Nacional, pero nunca llegó a implementarse. En los últimos años, ha sido puesto en vigencia por algunas provincias.

La nueva ley bonaerense establece que el tribunal de jurados actuará en los delitos cuya pena máxima en abstracto exceda de 15 años de prisión o reclusión o, tratándose de un concurso de delitos, que alguno de ellos supere dicha pena. El jurado estará compuesto por 12 ciudadanos titulares y 6 suplentes, elegidos por sorteo del padrón electoral, y recibirán instrucciones de un juez, quien les indicará el encuadre jurídico. Además, determina que luego del debate decidirá el jurado en torno a la inocencia o no del ciudadano sometido a proceso. Fija que el veredicto de culpabilidad requerirá un mínimo de diez votos afirmativos, y si el delito tuviera prevista pena de prisión o reclusión perpetua, unanimidad de afirmativos.

Para ser miembro de un jurado se deberá ser argentino nativo o naturalizado, con no menos de cinco años de ciudadanía, tener entre 21 y 75 años, entender plenamente el idioma nacional y gozar de aptitud física y psíquica suficientes para el desempeño del cargo. La Junta Electoral bonaerense confeccionará anualmente, por sorteo en audiencia pública, los listados principales de ciudadanos que cumplen con esos requisitos, discriminados por Departamento Judicial y por sexo, a razón de un jurado por cada mil electores empadronados en el registro general actualizado.

Éste es un nuevo desafío para el Poder Judicial, opinó la procuradora Falbo, que destacó los principios de oralidad, publicidad y transparencia de las decisiones y resaltó la mayor participación ciudadana en el servicio de justicia. No obstante, expresó reparos. Un punto central es el de la convergencia del sistema de apreciación de la prueba por íntima convicción propio de los jurados populares y la ausencia de fundamentación o motivación del veredicto más allá de las instrucciones del juez impartidas a los jurados. Eso podría generar un sistema que se preste a la arbitrariedad, donde el único remedio es exigir la unanimidad o mayoría calificada. Los veredictos absolutorios no podrán ser apelados. No se puede perder de vista las dificultades económicas, logísticas y culturales que impone la puesta en marcha del nuevo sistema.

La emergencia del debate del tema refiere a la crisis de credibilidad y transparencia de la justicia, y a la idea de que los ciudadanos tienen derecho a tomar decisiones sobre temas que afectan su contexto de existencia social, es decir, que pueden sancionar los delitos que son cometidos sobre bienes y personas en su contexto social. Los argumentos de rechazo se refieren a sus costos y al carácter no apelable de sus decisiones, y a la posibilidad de que coyunturas emocionales en delitos agraviantes, puedan conducir a “linchamientos” populares.

Ley de creación de la policía municipal en la Provincia de Buenos Aires

Le llaman Policía Municipal, Comunal o de proximidad. En la Legislatura de la provincia comenzó el debate sobre una política de Estado que pretende dotar a los ciudadanos de mayores garantías en materia de seguridad. El objetivo de la nueva fuerza es fortalecer la prevención del delito, potenciar la descentralización operativa de la policía y dotar a los municipios de una nueva herramienta para ejecutar políticas activas.

El proyecto de creación de la Policía Municipal, fue elevado por el gobernador Daniel Scioli, el 3 de febrero de 2012, con un consenso pronunciado de varios intendentes. Es una fuerza de aproximación, de prevención, de jurisdicción local. La provincia incorporará 5 mil nuevos policías a partir de noviembre, que con la creación de esta policía volverán a radicarse en su lugar de origen, lo que mejoraría la relación ciudadano-policía. Son varios los aspectos por resolver en cuanto a su constitución y puesta en funcionamiento: la cantidad de habitantes que deben tener los distritos que decidan contar con una fuerza de seguridad propia, quiénes la conducirán y de dónde saldrán los recursos para los gastos operativos.

En la Cámara de Diputados de la Provincia existen tres propuestas con estado parlamentario. La primera girada por el Poder Ejecutivo, con aportes del titular de la Comisión de Seguridad e integrante del FPV-PJ, Iván Budassi; la segunda de Marcelo Saín, de Nuevo Encuentro, ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y la tercera de Guillermo Britos, de Unión Celeste y Blanco, que fue Comisario General de la Bonaerense. Las diferencias y semejanzas sobre el debate legislativo son:

Guillermo Britos: el proyecto establece el mismo régimen para los 135 distritos bonaerenses y permite que cualquier intendente, con el apoyo del Concejo Deliberante, pueda formar una Policía Comunitaria de prevención, de proximidad con los vecinos. Serán fuerzas integradas por efectivos que vivan en ese lugar, que trabajen siempre los mismos en cada barrio, para que la Policía Municipal sea también una Policía de Barrio. El jefe de Policía Municipal trabajará en conjunto con la Policía Distrital, uniforme en toda la provincia. En la policía comunal, el plan policial estará en manos del Intendente y el Jefe de Policía comunal dependerá de él, aunque tendrá dependencia administrativa del Ministerio de Seguridad. El Jefe Distrital tiene dependencia exclusiva de la Jefatura Departamental y del Ministerio de Seguridad. El Intendente crea la Policía Comunitaria para sumar seguridad, pero la responsabilidad es exclusiva de la provincia. La Ley no delega responsabilidad a los intendentes.

Iván Budassi: El primer objetivo es terminar progresivamente con el esquema centralizado de 60 mil policías y 135 municipios y una gran extensión territorial. Para descentralizar se dará a los municipios una Policía profesional, con capacidad de portar armas y de diseñar las políticas de seguridad de su distrito. El proyecto destina miembros de la Policía bonaerense a los grandes centros urbanos, con políticas de seguridad diseñadas por los Intendentes. Existe un escalafón único y una forma única de capacitar a estos policías, pero introduce un comando local. Los efectivos tendrán doble vinculación: control político del intendente y dependencia jerárquica de la Policía de la Provincia. El Ejecutivo provincial interviene en la designación del funcionario a cargo de la Policía Comunal, el que será responsable de generar las políticas de seguridad en su distrito, con dependencia orgánica de la Policía de la provincia, pero la funcionalidad y la política de acción dependen del intendente.

Marcelo Saín: Busca una fuerte descentralización, propone transferir la Policía a todos los distritos con más de 100 mil habitantes. Los delitos complejos como el narcotráfico o los secuestros quedarán en manos de la Policía Provincial. Las fuerzas a crear serán Policías públicas, armadas, únicas, especializadas y profesionales para la seguridad preventiva local, con responsabilidad en la seguridad preventiva local, que comprende la prevención y la conjuración de la comisión de delitos y/o faltas graves. Las Policías Municipales no podrán realizar tareas de mantenimiento de orden público, operaciones especiales e investigación criminal, funciones que serán ejercidas por la Policía bonaerense. Sus agentes no podrán desarrollar tareas administrativas, notificaciones o diligencias, custodias de edificio públicos o funcionarios, ni custodia de personas detenidas. Los intendentes tendrán a su cargo la dirección orgánica de la Policía Municipal, mediante el diseño, selección, formación y capacitación del personal, la evaluación y calificación de su desempeño, sus ascensos, condiciones laborales y gestión disciplinaria. El proyecto establece el traspaso de todas las unidades organizativas con sus respectivos cargos, el nivel de funciones ejecutivas, dotaciones de personal, patrimonio, bienes y otro tipo de recursos.

El debate sobre este intento de descentralización, que permitiría desarticular una organización profesional fuertemente cuestionada, por sus códigos, conductas y prácticas, estaría trabado por la coyuntura electoral, y por la pugna entre los legisladores que responden al Frente Renovador, que controla la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, que retacea el tratamiento del proyecto. La complejidad del tema es manifiesto, y una vez más obliga a convocar a que sea debatido en contextos de mayor normalidad político-institucional. La descentralización es un objetivo atractivo, pero queda por discutir en profundidad las formas de articulación entre los niveles de gestión, administración y control, y los mecanismos que impidan la connivencia mafiosa entre poder político, policía y crimen organizado, que ha sido y es una constante en la problemática provincial.


Actividades de la Secretaría

Presentación de la Red Sindical de Derechos Humanos en San Miguel de Tucumán y Rosario



La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación en conjunto con la CGT y la CTA presentaron la Red Sindical de Derechos Humanos en la ciudad de Rosario y en San Miguel de Tucumán.
Con el objetivo de realizar una propuesta Federal, la Red Sindical de Derechos Humanos se propone llegar a todas las provincias para apoyar e incentivar el desarrollo del trabajo en derechos humanos.
Durante el mes de Septiembre se realizó la presentación de la Red Sindical en San Miguel de Tucumán. El acto se llevó a cabo el día 23 en la Sede de la Federación de la Industria Azucarera y contó con la presencia de Carlos Pisoni, Subsecretario de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos; Carlos Barbeito, Secretario de Derechos Humanos de la CGT , Rodrigo Borras ,Prosecretario de Derechos Humanos de la Asociación del Personal Aeronaútico, en representación de la CTA; Oscar Gigena, Secretario General de la CTA- Tucumán, Marcelo Santillán , Diputado Nacional del Frente para la Victoria; y Adrián Santillán, secretario general de la CGT Regional Tucumán, junto con funcionarios locales, dirigentes sindicales y la presencia de treinta gremios que acompañaron la presentación.
El 11 de Octubre se realizó la presentación en la Ciudad de Rosario, en el Sindicato de Trabajadores de las Telecomunicaciones de Rosario, de la misma participaron los Secretarios de Derechos Humanos de la CGT y de la CTA, el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, autoridades sindicales y políticos locales.
Con estas iniciativas, se busca impulsar acciones para la promoción de una cultura de derechos humanos en el ámbito sindical, junto con la valoración de la memoria histórica como base de las transformaciones sociales necesarias para el logro del pleno ejercicio de los derechos humanos y la formación de los trabajadores en distintas temáticas relacionadas.

Charla Sindicatos y Derechos Humanos


En el marco de la muestra “Sociedad de trabajo. Una historia de dos siglos”, el Ministerio de Trabajo, Empleo, y Seguridad Social de la Nación y la Casa Nacional del Bicentenario organizaron una charla sobre “Sindicatos y Derechos Humanos”. El evento tuvo lugar el jueves 3 de Octubre del corriente y participaron del mismo el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, Carlos Barbeito; el Subsecretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación ,Carlos Pisoni; el Secretario de Derechos Humanos de la CTA, Pablo Reyner y el entonces candidato a diputado de la legislatura porteña, Jorge Taiana.
Carlos Pisoni, mencionó la reciente creación de la Red Sindical de Derechos Humanos y señaló que era posible que hoy podamos hablar de esta temática porque hay una base de sustentabilidad en la discusión, porque hay trabajo, se discuten paritarias y porque hay un proceso de memoria, verdad y justicia que está vigente.
En su intervención, Pablo Reyner señaló que “poder hablar de derechos humanos era algo impensado y fue algo anhelado”, al tiempo que sostuvo que “esta autorreforma interna del movimiento obrero, que se está dando en todo el mundo, es una discusión que se esta dando de a poco. Aún nos faltan sindicatos con secretaría de Derechos Humanos, como también de género. Es una necesidad de abrir puertas.”
Carlos Barbeito señaló la importancia de revisar el pasado, ya que los derechos humanos han sido violados sistemáticamente, y deben ser defendidos. Señaló que la Constitución de 1949 fue pionera en materia de derechos humanos, y remarcó la insistencia de diferentes sectores en doblegar al movimiento obrero e imponer un modelo agroexportador que dejara marginados a los trabajadores. Remarco que esta es la razón por la cual los trabajadores fueron el blanco de ataque de los sucesivos golpes cívico militares.
Finalmente, Jorge Taiana destacó que el movimiento obrero es fundamental en la lucha por los derechos humanos y que la defensa de los intereses de los trabajadores esta estrechamente vinculado a la vigencia y desarrollo de un proyecto nacional.

Ciclo de Formación de Derechos Humanos en APL

La Comisión de Derechos Humanos de APL viene realizando diferentes actividades en el ámbito del Congreso de la Nación, desde su creación, a partir de la primera gestión de su secretario general, Norberto Di Próspero.
A partir del 12 de diciembre de 2012, comenzó una serie de Charlas de Formación en Derechos Humanos para trabajadores legislativos y público en general en la sede de APL. El objetivo de estas charlas que no tienen un lado académico, es concientizar, recordar, vivenciar y compartir con los protagonistas en primera persona, de esa historia trágica que nos tocó vivir a todos los argentinos y de la que el movimiento obrero a sido especialmente victima.
La primera Charla, fue sobre la historia de la CAL (Comisión Asesora Legislativa), en donde se dio un enfoque jurídico y se explicó su formación y funcionamiento, lo cual fue enriquecido por el testimonio de cinco legislativos, que trabajaron durante la dictadura y dieron cuenta de los atropellos, persecusiones y demás violaciones a los derechos humanos que sufrieron.
La segunda, fue el testimonio de Carlos Lordkipanidse, "el sueco", sobreviviente de la Esma, quien brindó un conmovedor relato de su secuestro, el de su esposa y su bebé de pocos meses, las torturas, la liberación y su exilio en Suecia.
La tercera, contó con la presencia de familiares de tres compañeras desaparecidas del Congreso : Beatríz Arango, María Virginia Brizuela y Sara Ponti. Ellos contaron la historia de cada una de ellas, su secuestro y desaparición.
Por último, la cuarta charla, en septiembre pasado, giró en torno a la vida y la militancia en la villa. Contó con el testimonio de Mariano Cymes ( hijo de Juan Cymes, militante barrial en la Villa 15 de Villa Lugano ); María Felicitas Elías, trabajadora social, compañera de Lucía Cullen en la militancia junto al padre Mugica y el padre Sebastián Sury, cura párroco de la Villa 15.
Por otra parte, APL, se unió a la campaña CONTANOS TU VERDAD, de los trabajadores de la Administración Pública Nacional que consiste en dar testimonio para aquellos trabajadores que estuvieron en actividad entre 1976 - 1983 en el Estado.
Dicha campaña, la lleva a cabo, la Comisión de Trabajo para la Reconstrucción de Nuestra Identidad, como así también la reparación de los legajos de los compañeros desaparecidos.


Novedades sobre Derechos Humanos en la Argentina

La Corte Suprema declaró la constitucionalidad de la ley de medios

Después de 4 años, la Corte Suprema de Justicia declaró la constitucionalidad plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisuales. El fallo asegura que la norma favorece la libertad de expresión e impide la concentración de las fuentes de información en un grupo monopólico. El fallo impactó fuertemente en los negocios del Grupo Clarín, y sus acciones se derrumbaron en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y en la Bolsa de valores de Londres. Organizaciones del ámbito de la Comunicación, la actividad artística, derechos humanos y organismos gubernamentales, celebraron el fallo en la Plaza Congreso. La votación contó con disidencias parciales sobre los plazos de desinversión y con el voto negativo de Carlos Fayt, un Juez Supremo cuestionado por su resistencia a solicitar la jubilación pese a su edad avanzada que, en este caso particular, tiene vinculaciones con el Grupo Clarín, que ameritaban su excusación en el fallo.

La Corte Suprema de Justicia desestimó los cuestionamientos del Grupo Clarín a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y ratificó la constitucionalidad de la norma El fallo destaca que es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado. Los argumentos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Enrique Petracchi, Carmen Argibay, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni, sostienen que la ley 26.522, es constitucional, porque es una facultad del Congreso cuya conveniencia y oportunidad de limitar la concentración de medios, no es materia de análisis de los jueces. El análisis constitucional es ajeno a los conflictos futuros que puedan presentar la aplicación de la ley, que serán materia de otros pleitos.

La libertad de expresión, en su faz colectiva, tiene por objeto proteger el debate público, con amplias oportunidades de expresión de los distintos sectores representativos de la sociedad. Se trata de fortalecer una democracia deliberativa, en la que todos puedan, en un plano de igualdad, expresar sus opiniones y en la que no pueden admitirse voces predominantes, señala el fallo. Es por ello que los jueces interpretan que la ley es coherente con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que favorece el acceso a distintas fuentes plurales. Los medios de comunicación tienen un rol relevante en la formación del discurso público y en la cultura, por lo que la regulación del Estado es incuestionable.

Para la Corte, el Grupo Clarín no ha probado que exista una afectación de la libertad de expresión, y que sólo una economía de escala, como la que posee actualmente, le garantiza la independencia suficiente como para constituir una voz crítica. Hay numerosos medios pequeños o medianos que ejercen una función crítica y, a la inversa, hay grandes concentraciones mediáticas que son condescendientes con los gobiernos de turno. En tal contexto, el modo de proteger las licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada. Si así fuera, ninguna ley que proteja el interés general podría ser eficaz, destacan.

Los jueces supremos sostuvieron que el plazo de adecuación otorgado por la ley es constitucional, y que se encuentra vencido. Posteriores demandas sobre la forma de aplicación de la Ley, deberán tramitarse ante el Fuero Federal Contencioso Administrativo, que regula la relación entre personas naturales y civiles y el Estado. Esta decisión implicaría, en la práctica, eludir la participación del fuero denominado, por sus fallos pro monopólicos, y por sus complicidades y respaldo a los interés del Grupo Clarín, el fuero “en los Clarín y Comercial”.

Lamentablemente, el fallo incluye algunas opiniones de la Corte Suprema, sobre materias no sometidas a su consideración y de valor solamente declarativo, como son los temas de la independencia de la autoridad de aplicación de la ley y la distribución de la publicidad oficial, que están siendo utilizadas por fuerzas políticas de la oposición y por los abogados del Grupo Clarín para cuestionar el fallo. Esta inclusión puede haber sido un gesto amistoso hacia los monopolios o una velada amenaza al gobierno nacional o un guiño a los jueces sobre cómo seguir defendiendo los intereses del Grupo Clarín. Por lo pronto, estos “excesos” declarativos de la CSJ, ya han servido de justificativo para uno de los actos jurídicos más desopilantes de los últimos años: diputados del Pro presentado una medida cautelar contra la decisión de la Corte Suprema y pidiendo que se suspenda su aplicación, hasta que se reorganice la autoridad de aplicación y se sancione una ley sobre la distribución de la pauta publicitaria de los medios de comunicación.

La Garganta Poderosa rechazó un premio de Jorge Fontevecchia

La revista de cultura villera y brazo literario del movimiento La Poderosa, rechazó el premio a la "libertad de expresión" otorgado por la editorial Perfil y lo definió como "un burdo manotazo desde el oportunismo" del empresario Jorge Fontevecchia.
En un comunicado, la revista informó que rechaza la premiación y recordó que "históricamente, Jorge Fontevecchia se ocupó de arrancar retazos de realidad para vestir a sus mentiras como si fueran verdad". "Con un burdo manotazo desde el oportunismo, nos propone aliarnos a su cinismo y nos hace llamar, para comunicarnos que nos van a galardonar", se indicó en el comunicado, que agrega: "Ni una, ni mil estatuillas van a lavarnos el bocho, ni van a hacernos olvidar al Fontevecchia de 1978".
Por aquel tiempo, este hombre que hoy se atribuye autoridad para condecorar a nombre de la libertad acompañaba en silencio los crímenes de lesa humanidad. Y por si no bastara para sacarle la careta esa famosa tapa que su grupo le robó a la salud del Flaco Spinetta, les dejamos acá mismo una muestra histórica de su periodismo: este editorial anónimo de la revista La Semana, que dirigía junto a los dueños de la picana, reproduce el comportamiento que tuvo la prensa servil y nos otorga argumentos de sobra para rechazar el premio de la editorial Perfil.
“La Carta de ‘Verdad’ dice que 10 mil personas faltan de sus hogares. Vamos a aceptar la cifra como cierta, por más exagerada que parezca. ¿Cuántas de estas víctimas están ahora en el extranjero y se fingieron raptadas para salir del país sin ser molestadas? ¿Cuántos mártires viven ahora en la clandestinidad y de vez en cuando se dedican a poner bombas? ¿Cuántos cayeron en enfrentamientos armados con las fuerzas de seguridad y nunca fueron debidamente identificados? Sería importante saberlo. En este país existen campos de concentración atroces'. ¿En qué lugar? ¿Cómo es que nadie se entera? Porque en el exterior se habla mucho de esos lugares, pero nadie proporciona más que vagas referencias. Yo creo que es muy fácil vivir en Europa – siempre en lugares de primera categoría- y dedicarse a la tarea de denunciar 'atropellos' que ocurren a muchos kilómetros de distancia. ¿Cómo se sentirá esta gente al difamar al propio país, al solicitar sanciones políticas y económicas contra los propios compatriotas? Me pregunto ingenuamente: si son tan valientes, ¿por qué no vuelven y siguen la pelea hasta el final?
La Carta de Verdad (¿habrá sido escrita en Argentina?) no es más que una pieza de la campaña antinacional que se desarrolla en distintas partes del mundo. Usa los mismos argumentos, ya gastados hasta el cansancio, y no contiene ningún reproche para los violentos del marxismo. Es más, deja ver la verdadera filiación de su remitente en una frase. Se le dice al periodista que 'no quedará impune su insolencia'. Eso es una amenaza de muerte. Si creyó amedrentarme, lo lamento por usted. No lo ha conseguido. Un periodista argentino.”
Por todos esos motivos y por los 30 mil compañeros desaparecidos, desde las 15 asambleas villeras que conformamos el colectivo La Poderosa decidimos rechazar la idea morbosa de recibir un premio a la libertad de expresión de manos del `periodista argentino´ que auspició esa siniestra publicación", dice el comunicado. Por último, afirma que "nuestra libertad será más libre, cuando todos los cómplices estén en prisión".

Llega a juicio el Caso Walter Bulacio

Luego de 22 años de impunidad y gracias a la lucha de familiares y asociaciones de derechos humanos como la Coordinadora contra la represión policial e institucional (CORREPI), llegó a juicio oral la causa por la detención ilegal de Walter Bulacio, quien perdió la vida en manos de la represión policial, el día 19 de abril del año 1991, cuando había concurrido a un recital de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el Estadio de River. En el juicio,que comenzó el 24 de septiembre del corriente año, solo se juzga al comisario Miguel Angel Espósito por privación ilegítima de la libertad y se excluyen otros delitos y otros responsables por la detención arbitraria de cientos de personas, incluyendo menores, y por la detención, tortura y muerte de Walter Bulacio.

El joven oriundo de la localidad de Aldo Bonzi, había viajado en abril de 1991 hasta el barrio de Nuñez para asistir al recital. Allí fue detenido ilegalmente en las inmediaciones del estadio junto con otras personas y pasó la noche en la comisaría. Al otro día se descompuso y fue llevado en grave estado al Hospital Pirovano donde agonizó cinco días, y finalmente falleció a causa de los golpes recibidos .La autopsia determinó que recibió golpes en miembros, torso y cabeza. Walter Bulacio tenía por ese entonces 17 años, cursaba el último año del secundario y trabajaba los fines de semana como caddie en un club de golf municipal.

El operativo organizado por la Comisaría N°35,incluyó la detención arbitraria de centenares de jóvenes que se encontraban en las afueras del estadio y en bares aledaños, muchos de los cuales eran menores de edad . Los detenidos fueron subidos a colectivos de línea, golpeados y sometidos a malos tratos durante el trayecto del viaje a la comisaría. Una vez en la seccional fueron amontonados en la guardia y salas adyacentes. Once menores de edad estuvieron recluidos en un calabozo sin ventanas que era usado como Sala de Menores.

Las detenciones de los menores no se informaron al juez de turno “por aplicación del MEMO 40”, una comunicación administrativa policial (orden interna) que era aplicada hace 26 años por la Policía Federal en los casos de detenciones de menores y que establecía que aunque la primer obligación legal de un policía al detener un menor de 18 era dar aviso al juez de menores para que este determine la conducta a seguir , cuando el personal instructor considerara que eso no era necesario, podría no hacerse.

A partir de allí comienza el pedido de justicia y una trama donde se mezclan la connivencia policial, judicial y de los distintos gobiernos de turno. La causa transitó desde juzgados ordinarios hasta tribunales internacionales de derechos humanos, paso por las manos de 47 jueves de primera instancia, cámara y corte; fue a cámara más de 40 veces por recursos de apelación y hubo mas de una docena de recursos extraordinarios de casación y de queja. Los sucesivos gobiernos fueron encargados del encubrimiento policial, y la causa fue inmovilizada todos estos años. La familia junto con la CORREPI, lucharon para que siga su curso y para lograr justicia.

En 1997 ante las demoras judiciales, la abogada de la familia Bulacio, María del Carmen Verdú, presentó una denuncia al Estado argentino ante la CIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el año 2003 la CIDH condenó al Estado Argentino instándolo a que se realice el juicio y se castigue a todos los responsables y reclamó la rectificación del Estado Argentino en relación al esquema de detenciones arbitrarias. Se puso en evidencia la ilegalidad de las prácticas policiales de detención por fuera de lo normado y sin ningún tipo de justificativo legal, toleradas por jueces y fiscales que violaban los convenios internacionales y la propia Constitución Argentina en materia de libertad y protección judicial a menores de edad.

Hubo que esperar muchos años para que el caso llegue a un juicio incompleto, donde no se juzgan las mayores responsabilidades ni a todos los culpables, pero que igual constituye un avance para una lucha que en un momento parecía infructuosa. El caso de Walter ejemplifica el extremo de la represión policial y la criminalización de la juventud. Mientras no haya un verdadero cambio en las estructuras de la policía, continuaran los abusos de autoridad, la violencia, los castigos y la represión, muchas veces apoyada y alentada por determinados sectores sociales. En el calabozo donde estaban encerrados, los chicos escribieron “Caímos por estar parados” junto con sus nombres; y dejaron asentado lo irracional, lo brutal y lo absurdo de este hecho.

La lucha por la identidad: El debate por el traslado del BNGG

El traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) ha sido el detonante de una debate político vinculado con el derecho a la identidad, que engloba al gobierno nacional, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, especialistas, trabajadores del organismo, partidos políticos, organismos de derechos humanos y otras organizaciones sociales, en un escenario recalentado por las operaciones políticas de los medios de comunicación concentrados, en especial los del Grupo Clarín, encabezados por su periodista, Jorge Lanata.

El debate recorre argumentos valederos, chicanas periodísticas, posiciones vergonzantes de partidarios de la última dictadura y de la teoría de los dos demonios, convertidos en paladines de la lucha por la identidad de los niños expropiados y de la protección de los derechos humanos frente al gobierno de Cristina Kirchner, definido como una dictadura, que pasa de ser el gobierno que impulsó la agenda de memoria, verdad, justicia y reparación de las víctimas del terrorismo de estado, a una dictadura especializada en la violación de derechos humanos en Argentina.

El debate acentúa también una división creciente entre organismos de derechos humanos, que polemizan alrededor de la corrección o incorrección de las políticas del gobierno nacional en materia de memoria, verdad y justicia, incluyendo cuestiones como la utilización de los espacios de memoria y algunos temas puntuales, como la participación del actual Papa Francisco durante la dictadura militar del proceso.

Haciendo un poco de historia, desde su creación en 1987, el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) dependió del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). En el comienzo, la dependencia fue bipartita: la entonces Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, que funcionaba en la órbita del PEN, proporcionaba el personal y el espacio físico en el Laboratorio de Inmunología del Hospital Durand, mientras que el Ministerio de Salud de la Nación era responsable del equipamiento y los insumos. La dirección del BNDG recayó en el jefe del Servicio de Inmunología del Hospital Durand. La elección de ese servicio se fundó que en este hospital funcionaba el único laboratorio público que realizaba pruebas de identificación genética.

Si bien la Ley que creó el BNDG mencionaba en su primer artículo que el objeto era el esclarecimiento de conflictos relativos a la filiación, sus disposiciones operativas se refirieron fundamentalmente a la identificación de niños desaparecidos o nacidos en cautiverio por el accionar del terrorismo de Estado que asoló al país hasta el 10 de diciembre de 1983.

La ley 26.548 del año 2009 mantuvo la dependencia original del BNDG del PEN, pero estableció que, en adelante, funcionará como organismo autónomo y autárquico dentro de la órbita del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La nueva ley extendió el objeto del BNDG a la identificación de todos los desaparecidos, estuvieran estos vivos o muertos y sin consideración de edad, ocurridos por el accionar del terrorismo de Estado hasta el 10 de diciembre de 1983. La Ley mantiene la gratuidad de los servicios de identificación genética establecidos como objeto de la misma. La ley 26.548 nació en el marco de un fuerte debate, signada por algunos cuestionamientos, retomados en los sucesos recientes. Fue sancionada con los votos del oficialismo y algunos aliados, por 38 votos a favor y 20 en contra. El principal cuestionamiento, promovido el senador radical Naidenoff, es que sólo se podrían utilizar los datos para causas de delitos de lesa humanidad, lo que dejaría desamparados a miles de ciudadanos. La senadora Sonia Escudero dijo que se perderán más de 11.000 muestras resguardadas en el hospital Durand, utilizadas para diversas causas, como tráfico de niños y reconocimientos de paternidad.

Promulgada la Ley, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva asumió la responsabilidad, hasta entonces asumida por el Ministerio de Salud, de proveer los equipos e insumos requeridos por la dirección del BNDG para continuar la tarea de identificaciones genéticas estipuladas por la ley en forma ininterrumpida. La ley 26.548 fue avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Luego de que fuera reglamentada, se construyó un espacio de laboratorios e informática en dependencias del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en Av. Córdoba 831, que se convirtió en la nueva sede del Banco.

La ley 26.548, al igual que la Ley de creación original, establece que, además de las identificaciones genéticas de filiación, una de las funciones del BNDG es la conducción de investigaciones científicas sobre el objeto del mismo. Desde 1987 hasta la fecha, estos propósitos no han sido cumplidos, y no se han realizado investigaciones. Pese a ello, se formula una denuncia sobre supuestos propósitos comerciales, alianzas con laboratorios y entidades multinacionales, con la creación de un Instituto Nacional de Genómica Humana .

Los cuestionamientos y denuncias:

Pese a que la nueva ley referida al BNDG fue sancionada en 1997, el anuncio del traspaso de la sede del Banco a su nuevo emplazamiento, desencadenó un proceso ríspido, con distintos cuestionamientos y denuncias, que resulta importante clarificar para la mejor comprensión de la situación, de los intereses de los actores involucrados, estableciendo algunas hipótesis generales sobre la posible evolución de la situación.

Organizaciones de derechos humanos, como la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, la Seccional la Plata de la organización Hijos, miembros históricas de las organizaciones de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, han recurrido a la justicia, para impedir la ejecución de esta medida. La presentación cuestiona la constitucionalidad de los Artículos y el riesgo de alteración de la cadena de custodia, que podría poner en crisis la confiabilidad del banco y de los resultados ofrecidos por el mismo. Chica Mariani presentó un proyecto de amparo ante la justicia que hace alusión a que no hay garantías de transparencia, cuidado, prudencia y celeridad del archivo genético.

La senadora Norma Morandini (Frente Cívico – Córdoba) coordinó un debate público sobre la situación del BNDG en el Senado, del cual participaron organismos de derechos humanos vinculados con la presentación judicial, y autoridades del BNGD en conflicto con el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. La senadora consideró que el cambio viola la universalidad de los derechos, ya que al limitar los datos del Banco al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad, restringe el derecho de otras personas que quieran esclarecer su identidad.

Este cuestionamiento es compartido por miembros de agrupaciones que tienen como fin la determinación de la identidad de casos como los de niños nacidos en las redes de trata de mujeres o el tráfico de bebés. Liliana Alaniz y Gabriela Figueroa, abogadas en la presentación judicial que logró la medida cautelar que impidió el traslado, explicaron que la medida se logró tras un planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.548, que restringe las competencias del BNDG a los casos previos al 10 de diciembre de 1983. No sólo excluye los casos de apropiaciones inscriptas en forma posterior, sino que deja afuera todos los estudios de ADN que en forma gratuita se efectuaban para la justicia penal y civil por determinación de identidad. En la actualidad se han derivado estos exámenes a un servicio tercerizado de la Corte, que beneficia directamente a dos laboratorios privados, que incluso habrían participado de la comisión que redactó la ley. Antes, para todos los peritajes se recurría al BNDG. Hoy, tres de cada cuatro casos se derivan a laboratorios privados.

Alaniz agregó un nuevo planteó, al propugnar que, detrás del traslado, hay intereses de negocios de multinacionales y laboratorios privados, que buscan transformar el BNDG en un Instituto de Genómica Humana. El diputado porteño del PRO, Daniel Lipovetzky, presentó un proyecto de declaración en el que expresa su preocupación ante la intención del gobierno nacional de trasladar físicamente el Banco Nacional de Datos Genéticos. Su argumentación retomó lo denunciado por Alaniz: el Banco debe continuar sirviendo a los fines para los cuales ha sido creado, sin beneficiar a ningún sector privado, que aproveche su tecnología, prestigio internacional y capacidad de sus científicos, aduciendo a una supuesta utilización del material para proyectos empresariales.

La gota de agua que desbordó el vaso en este tema, fue un informe presentado por Jorge Lanata, vocero del Grupo Clarín. Su programa televisivo Periodismo Para Todos (PPT) emitió un informe sobre el traslado del BNDG, mostrando las quejas de distintos sectores vinculados a organismos de Derechos Humanos. Según el informe, la intención del Gobierno escondería dos fines: la pérdida de la universalidad de la actividad del banco, y la intención de cruzar las muestras con las provenientes de otros lugares de almacenamientos, como el Instituto de Antropología Forense, para manipular la información con fines políticos.

Especialistas invitados, que participaron del programa, explicaron los riesgos de caer en falsos positivos o resultados incompletos, si el Gobierno avanza en su intención de cruzar la información que arroja la sangre y la estructura ósea del cuerpo humano. Cuanta más cantidad de muestras se cruzan, mayor es la probabilidad estadística de que se produzcan los llamados falsos positivos, señaló el informe. Esto podría generar compatibilidad sin filiación entre personas que jamás tuvieron un vínculo sanguíneo. Algo que, según los especialistas citados, es normal y que para despejar dudas se recomiendan estudios complementarios. Qué pasaría si muestras incompletas o algún falso positivo resultan funcionales para la voluntad política del Gobierno. Podrían usarse para instalar una sospecha, señaló el informe, reinstalando el caso de los Noble Herrera. En el mismo programa, Mirta Baravalle, una de las abuelas de Plaza de Mayo, se opuso al traslado impulsado por el Gobierno.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno Nacional que se abstenga de trasladar el BNDG de su actual sede, en el Hospital Durand, hasta el Ministerio de Ciencia y Tecnología. El juez de primera instancia Ernesto Marinelli dictó, el 12 de septiembre una medida interina frenando el traspaso de la sede y le solicitó al Ministerio de Ciencia que presente un informe contestando el amparo de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos y familiares de víctimas de la última dictadura. El amparo presentado fue contra el traslado del BNDG para evitar la manipulación de sus muestras de ADN que entregaron al Banco para la búsqueda e identificación de sus familiares desaparecidos. De concretarse el traslado, la intervención judicial pretendida por los demandantes para garantizar la inalterabilidad e integridad de las muestras existentes y la perfecta y segura cadena de custodia, resultaría tardía, sostuvo el juez.

Además, la presentación solicita la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley 26.548, que limita la competencia del BNDG a los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983, lo que los demandantes consideran una vulneración al derecho a la identidad de los casos posteriores a esa fecha. La senadora Morandini también se manifestó a favor de dejar sin efecto esa restricción: el tema de identidad no es solo de los crímenes de lesa humanidad. Con ese criterio quedan afuera del BNDG casos como Julio López, Marita Verón y desaparecidos en la democracia.

Los descargos del Ministerio de Ciencia y Tecnología:

El Ministerio de Ciencia y Tecnología asumió la responsabilidad de trasladar todos los elementos del BNDG a su nueva sede, comprometiendo todas las garantías de seguridad, cadena de custodia, reserva y confidencialidad, incorporando la participación de veedores de acuerdo a las normas internacionales que rigen este tipo de procedimientos, lo que impide cualquier posibilidad de pérdida de muestras, adulteración o manipulación futura. La coordinación científica de la migración está a cargo de los Dres. Héctor Targovnik y Víctor Penchaszadeh, que participaron en la reglamentación de la ley 26.548 y poseen una extensa y prestigiosa trayectoria. El Dr. Víctor Penchaszadeh jugó un papel central en la creación del BNDG cuando era un proyecto de Abuelas de Plaza de Mayo, papel que le reconocen todos los organismos de derechos humanos.

El traslado tiene como únicos objetivos: a) el cumplimiento de la ley y que todos los bienes del BNDG asignados a las funciones que estipula la ley (muestras biológicas, perfiles genéticos, bases de datos, legajos y folios, equipamiento, insumos, etc.) sean transferidos a la nueva sede, manteniendo la cadena de custodia y garantizando la máxima seguridad, la confidencialidad y la reserva de la información genética; y b) que el BNDG pueda funcionar en una sede aún mejor que la actual, conservando todo el personal que decida permanecer en el mismo, en cargos equivalentes a los que detentan como empleados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, reconociéndoseles su antigüedad y el resto de sus derechos laborales.

El Ministerio también descartó algunas sospechas infundadas, vinculadas con el entrecruzamientos que permitirían un aumento de falsos positivos, debido al cruzamiento de las bases del Banco Nacional de Datos Genéticos con las bases del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF). Según aclaró el Ministro Lino Barañao, tales sospechas son científicamente infundadas. El cruzamiento de las bases de datos se hará con las normas que tienen el EAAF y el BNDG para este tipo de análisis y según lo establece el decreto 38/2013 que reglamenta la Ley 26548, que recoge las inquietudes manifestadas por organismos de derechos humanos. Para completar la información, cabe señalar que dicho cruzamiento será realizado en cualquier sede en la que el BNDG funcione, incluso si este permaneciera operativo por más tiempo en el Hospital Durand. Esta es una antigua reivindicación de los organismos de derechos humanos, como aclaran inclusive organismos opuestos al traslado del BNDG

Asimismo, son erróneas las sugerencias sobre una utilización comercial de los datos resguardados en el BNDG. Para que esta utilización fuera posible, resultaría imprescindible correlacionar secuencias de ADN con datos clínicos. La información clínica no está contemplada en los registros del BNDG, y por lo tanto las muestras no tienen ningún valor desde el punto de vista genómico. La información resguardada solo permite establecer una vinculación de parentesco.

Referido a los cuestionamientos sobre la estabilidad del personal, el Ministerio aclaró que sólo los cargos directivos serán cubiertos a través de un concurso público. Los coordinadores del traspaso que se desempeñan actualmente, no intervienen ni como candidatos a dirigir el Banco ni como jurados, garantizando la total transparencia en el proceso. En la nueva sede, las altísimas medidas de seguridad que se pondrán en vigencia serán superiores a las que rigen actualmente en la sede del Hospital Durand. El Ministerio también está comprometido a instrumentar que el Banco tenga un grado de eficiencia superior al actual.

Las voces a favor:

La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo expresó en un comunicado difundido hace una semana, que las abuelas y familiares que integran la institución son los principales interesados en que el traspaso de las muestras se realice con el profesionalismo y la transparencia que asegura el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con quienes trabajaron durante este proceso. En este sentido, la institución que preside la Sra. Estela de Carlotto visitó la nueva sede del BNDG y expresaron su satisfacción en una conferencia de prensa.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, salió a cruzar al periodista Jorge Lanata por un informe presentado en su programa de Canal 13, donde especuló con la posibilidad de que el gobierno nacional quiera intervenir el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) para un uso político y puso en duda la transparencia del organismo en la búsqueda de familiares de desaparecidos durante la última dictadura militar. Lanata miente, desvirtúa y ensucia, aseguró Carlotto en diálogo con la prensa, y agregó que pone piedras en el camino de esta democracia que estamos construyendo. Lo que dice sobre el banco es muy grave, porque nos costó años de lucha. Es único en el mundo este banco, que siempre fue nacional, explicó la titular de Abuelas, y aclaró que el banco es exclusivamente para determinar la identidad de los niños robados durante la dictadura cívico militar y no para otro efecto, ya que allí están solamente los datos genéticos de los familiares de bebés robados o que nacieron en centros clandestinos.

Las Abuelas queremos es que este banco se respete con una ley como la que se sancionó y no desvirtuar ni sembrar miedos. Que no se preocupe nadie, no se va a hacer más que mejorar el sistema con gente experta que irá a concurso, como corresponde, explicó Carlotto, que argumentó que el informe de Lanata forma parte de una campaña electoral en contra de todo lo que hace el Gobierno. Siempre están mirando a ver qué más pueden poner en duda para hacer tambalear la democracia, afirmó, y cuestionó al periodista porque antes se mostraba de una manera y hoy es otra persona. La semana pasada, las Abuelas ya habían manifestado su "profunda preocupación" frente a los intentos de frenar la mudanza del BNDG al nuevo edificio del Ministerio de Ciencia, como lo prevé la ley 26.548, sancionada en 2009.

Lo cierto es que el cruce de la base de datos del BNDG con el banco del EAFF es un viejo reclamo de las organizaciones de DDHH que no seguimos la estricta agenda del gobierno, y que solicitamos esa medida porque entendemos que es inconcebible el no cruce de datos y que el problema no son los falsos positivos” detectables y corregibles a través de estudios complementarios que se hacen de rigor en el BNDG, son los falsos negativos, si entendemos que el EAFF identificó sólo 600 de las muestras óseas en su poder, y que habiendo 500 casos de apropiaciones denunciados y 109 restituidos, el BNDG compara con 200 patrones familiares un universo de casi 400 casos por resolver. En este sentido se debe contener al creciente número de 3 mil jóvenes nacidos entre 1974 y 1983 con dudas de su identidada los que el Estado les entrega un ADN negativo y nos los asesora en la continuidad de la búsqueda, o el similar número de personas como los nucleados en la ONG “¿Quiénes Somos?” que, sin haber sido víctimas del Terrorismo de Estado, por distintos fenómenos sociales dudan de su identidad y buscan que el Estado garantice las herramientas para determinar fehacientemente su identidad.

Lo que el grupo de organismos de DDHH que presentamos la medida cautelar ente la Justicia para frenar el traspaso del Banco estamos señalando es el recorte del acceso al Derecho a la identidad que el Estado intenta realizar con esta medida. Y la desnaturalización de un órgano que nació para ampliar derechos y no para recortarlos, en un Instituto argentino-español de Genómica para negociados privados.

La justicia global llega a la Argentina

En diciembre de 2011, la jueza federal argentina María Servini de Cubría, abrió una investigación a raíz de la querella presentada en abril de 2010 por abogados humanitarios de Argentina, en nombre de familiares de víctimas del régimen franquista. Servini es titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires. La magistrada investiga desaparecidos, fusilados y niños apropiados, y la implementación de sistemas de trabajo forzado de detenidos, entre otros delitos cometidos por el régimen franquista durante los años que tiranizó a España.

Una decisión de la Cámara Federal:

La causa fue iniciada en Argentina porque todo evidenciaba que ni con un gobierno del Partido Socialista Obrero Español había voluntad de que prosperara en España, explicó uno de los letrados argentinos, Beinusz Szmukler. Como señal de ausencia de voluntad, recordó el proceso que se sigue en España al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, suspendido desde mayo de 2010 y acusado de prevaricación por haber abierto una investigación judicial sobre crímenes cometidos durante la guerra civil (1936-1939) y el posterior régimen de Franco. Garzón había aplicado el principio de jurisdicción universal para entender en delitos cometidos por la dictadura de Argentina (1976-1983) y de Chile (1973-1990) cuando distintas normas nacionales impedían esos juicios en los dos países sudamericanos. Pero cuando intentó indagar en crímenes de su país, extinguidos por una amnistía de 1977, perdió su condición de juez.

A raíz de ese desplazamiento, la española Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y una decena de organizaciones de derechos humanos de Argentina respaldaron la presentación de la querella de familiares de víctimas del franquismo en Buenos Aires. Con base en muchos de los argumentos de Garzón, los abogados presentaron el pedido de investigación ante tribunales argentinos a nombre de seis descendientes de víctimas que viven en el país. El grupo de querellantes se ampliará en los próximos meses, ya que se están presentando nuevos casos.

Uno de los demandantes es Darío Rivas, de 91 años, quien denunció el asesinato de su padre, Severino Rivas, cometido en 1936 por miembros de la Falange Española. Severino Rivas era alcalde de la localidad gallega de Castro de Rei, en la provincia de Lugo, noroeste de España, cuando fue apresado y fusilado. Permaneció como desaparecido durante décadas hasta que sus restos fueron hallados en una fosa común. Entre los nueve posibles imputados están José Utrera Molina, exministro de Franco y suegro del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, el exministro de la UCD Rodolfo Martín Villa, y José González Pacheco, ex policía apodado Billy el Niño.

La jueza había archivado inicialmente la denuncia por considerar que había investigaciones abiertas en España. Pero la Cámara Federal, un tribunal penal de segunda instancia, le ordenó indagar “si efectivamente” la justicia de ese país europeo estaba actuando. Así, la denuncia volvió a manos de Servini que, en ejercicio del principio de la jurisdicción universal, liberó el exhorto solicitando gran cantidad de material probatorio, como el domicilio de agentes del régimen que aún viven y certificados de defunción de los que fallecieron. Los abogados querellantes presentaron a Servini un nuevo documento en el que subrayan que, luego de 36 años de dictadura y otros tantos de democracia, en España no existe una Comisión de la Verdad, y no hay un solo niño al que se le haya restituido su identidad.

El gobierno y la justicia española se han manifestado hostiles frente a esta iniciativa de justicia global. Con Zapatero en el poder, el fiscal general del Estado frenó su intención de viajar a España para tomar declaración a testigos. El gobierno español frustró también un intento de tomar declaraciones a 12 personas, por videoconferencia, citadas en el Consulado argentino en Madrid. La jueza recibió una llamada del embajador argentino en Madrid que le trasladó la presión diplomática del Gobierno español para que se suspendiera la toma de declaración. En España no quieren que se investigue, declaró en ese momento la jueza. También aclaró, no soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal, nuestro Tribunal Superior, la que ha ordenado esta investigación en 2010 y estamos en 2013.

El Gobierno no ha colaborado con la juez argentina y de hecho, intentó frenar la apertura de la causa en Buenos Aires, alegando en 2011, en respuesta a un exhorto del equivalente a la Audiencia Nacional argentina, que esos crímenes ya estaban siendo investigados en España, cuando, en realidad, el juez Baltasar Garzón había sido suspendido precisamente por intentar hacerlo. En 2012, el Tribunal Supremo cerró definitivamente la vía a la investigación penal de dichos crímenes. Así se lo explicó Garzón a cuando prestó declaración, el 27 de mayo en Buenos Aires.

Un exhorto a la justicia española:

En diciembre de 2011, la jueza federal María Servini de Cubría envió un exhorto a España solicitando los nombres y domicilios de los integrantes del Consejo de Ministros y de los jefes de las fuerzas de seguridad que formaron parte de la dictadura del general Francisco Franco para avanzar en la causa abierta por familiares de víctimas, bajo el principio de justicia universal que se aplicó para investigar a los represores argentinos desde España. La jueza requirió información sobre la cantidad de personas desaparecidas, asesinadas y torturadas, el número de niños apropiados y las empresas que utilizaron a presos políticos para trabajo esclavo.

En el exhorto se especifican las fuerzas sobre las que la jueza solicitó información: Fuerzas Armadas, Guardia Civil, Policía Armada, Directores de Seguridad y dirigentes de la Falange Española, y agrega que sea enviada la "certificación de los que hayan fallecido". Además, solicitó que se identifique el número de personas desaparecidas, en la medida de lo posible, con sus nombres y apellidos, fechas y lugar de su desaparición. En el caso de los niños sustraídos indicó que se informen sobre su identidad sustituida por familias afectadas a la dictadura, debiendo identificar los grupos familiares despojados de aquellos.

Otro de los puntos del exhorto apunta a las fosas comunes encontradas en España con señalamiento de los cuerpos que han sido identificados hasta la fecha y la lista de empresas privadas beneficiadas del trabajo forzado y esclavo de los presos republicanos, que aún siguen activas. El exhorto fue enviado a la cancillería el 13 de diciembre pasado y el Ministerio de Relaciones Exteriores ya lo giró a España, explicaron las fuentes.

María Servini traza en su horizonte una hoja de ruta similar a las consecuencias que se derivaron de la intervención a finales del siglo XX del juez Garzón en el Cono Sur americano, abrir el camino para que la justicia autóctona reaccione y actúe contra los represores. El derecho internacional llega a los países y, si a la larga no aplican nuestro derecho, sí que obligan a los países a investigar o viene la condena internacional.

Órdenes de detención:

La jueza María Servini de Cubría, en una decisión sin precedentes, libró una orden de busca y captura contra cuatro antiguos miembros de las fuerzas de seguridad españolas supuestamente involucrados en delitos de represión durante el franquismo. Las órdenes fueron dictadas a través de Interpol, y afectan a Jesús Muñecas Aguilar, Celso Galván Abascal, José Ignacio Giralte y Juan Antonio González Pacheco, alias "Billy el Niño". La jueza pide su detención para tomarles declaración indagatoria e incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en su localización. Entre los argumentos de su decisión, retoma informes de Amnistía Internacional sobre los crímenes del franquismo, el testimonio del ex juez español Baltasar Garzón, y las declaraciones de las víctimas y de sus familiares.

Es una decisión sin precedentes que abre una esperanza a las víctimas, apuntó Castex, abogado querellante en la causa abierta en Buenos Aires en 2010 por delitos de genocidio y/o lesa humanidad. Castex apuntó que tras este primer paso, las víctimas esperan nuevas órdenes de detención de altos funcionarios de la dictadura y magistrados. Es una revolución para el mundo de la jurisprudencia", dijo el abogado de la querella. También para el abogado de la querella Pompeyo Ramos se trata de un paso de gigante para la causa, una revolución para el mundo de la jurisprudencia similar a la que se produjo cuando la Audiencia Nacional española procesó a los dictadores Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla. Está previsto que una delegación española integrada por doce demandantes viaje a Buenos Aires para entrevistarse con la juez el próximo 20 de noviembre.

En un escrito presentado en el juzgado de guardia de la Audiencia Nacional, el Ministerio público de España sostiene que los arrestos “no son necesarios ni urgentes” debido a la “antigüedad de los hechos” que se les imputa a los cuatro ex agentes de las fuerzas de seguridad españolas. Sin entrar en el fondo del asunto, la Fiscalía afirma que en las órdenes de detención dictadas por la jueza argentina darían lugar a una denegación, puesto que en ellas no constan datos de tiempo y lugar de comisión de los delitos, como requiere el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial entre España y Argentina.

Los procuradores no se oponen a la apertura del trámite de extradición, y piden al magistrado Pablo Ruz, a cargo del juzgado de guardia, que abra el expediente y lo comunique al Ministerio de Justicia para que éste requiera a la justicia argentina la documentación necesaria. No obstante, la fiscalía adelanta su posición contraria a la extradición argumentando que los presuntos delitos de homicidio agravado, privación ilegal, torturas y sustracción de menores, han prescrito. Y añade que los españoles reclamados están amparados por la Ley de Amnistía de 1977. El juez debe estudiar el dictamen de la jueza argentina y el informe de la Fiscalía para adoptar una decisión, aunque la última palabra en los casos de extradición la tiene el Consejo de Ministros español, el gobierno de Mariano Rajoy.

Desde Buenos Aires, el ex magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón celebra la decisión de la juez argentina de dictar una orden de detención internacional contra dos ex policías, un ex escolta de Franco y un ex guardia civil acusados de torturas durante la dictadura. Me alegro mucho por las víctimas del franquismo porque esto les da un poco de reconocimiento después de muchos años sin que se les haga caso. Y estoy contento porque la juez ha calificado los hechos como crímenes de lesa humanidad, que es lo que son, lo que yo he creído siempre, 150.000 desaparecidos. Al tiempo, la noticia le dejaba también una sensación amarga. Me da mucha pena que tenga que ser en Argentina donde se investiguen estos crímenes porque España paralizó el proceso, cuando me suspendió y con el auto posterior del Tribunal Supremo que cerró todas las vías para las víctimas.


Cultura y Derechos Humanos

Las abuelas festejaron su 36 aniversario con un Espectáculo de Iñaki Urlezaga

El bailarin Iñaki Urlezaga junto con su compañía realizó una función en homenaje a las abuelas en los festejos por un nuevo aniversario.

El espectáculo se realizó en el Teatro de Foetra, y fue abierto al público que pudo disfrutar junto a las abuelas de un show que fue creado especialmente para el Bicentenario de Argentina y presentado en Expo Shanghai. Esta propuesta artística, ya subió a escena en México, y en el Tribeca Theatre de New York. Iñaqui Urlezaga junto con sus bailarines, recorrieron con sus coreografías grandes clásicos, con música de Astor Piazzolla y Gustavo Santaolalla, entre otros.

Las Abuelas de Plaza de Mayo hace 36 años comenzaron esta lucha por encontrar a sus nietos, actualmente lograron devolver la identidad a 109 nietos que habían sido apropiados en la última dictadura cívico militar, todavía hay 400 jóvenes que desconocen su identidad.


Documentos

Estudio sobre trabajo infantil para ALC (2008-2011)- OIT

1-Introducción

Este informe especializado sobre la situación de trabajo infantil en América Latina (periodo 2008-2011) pretende ampliar la base de conocimiento estadístico sobre trabajo infantil y empleo juvenil en la Región en el marco de la III Conferencia Mundial sobre trabajo infantil que se llevará a cabo en octubre 2013 en Brasilia. Esta investigación es una contribución adicional al Informe Global de Trabajo Infantil 2012 publicado recientemente en Ginebra ya que permite poner especial atención a la situación de América Latina, la evolución de los principales indicadores, las diferencias subregionales y entre países, así como la vinculación de trabajo infantil con objetivos de desarrollo nacional como resultados educativos (asistencia y aprobación escolar) y empleo juvenil decente, transición escuela – trabajo, entre lo más importante. Para esto último, en algunos casos se hacen estudios país por restricciones de información. Además, los resultados de las estimaciones más recientes permitirán determinar qué países están más cerca de alcanzar la meta de eliminación del trabajo infantil y por lo tanto ahondar en cuáles fueron las políticas más exitosas para alcanzar dicho logro.

Situación mundial: Informe Global de Trabajo Infantil 2012

El Informe Global de Trabajo Infantil 2012 arroja datos interesantes. Por un lado reafirma la tendencia a la baja en todos los indicadores a nivel mundial, pero con diferencias significativas entre regiones. Esta estimación encuentra que a nivel mundial 10.6% (168 millones) de los niños de 5 a 17 años se encuentran en “trabajo infantil” y 5.4% (85 millones) en situación de trabajo peligroso. En el periodo 2000-2012, el retiro de niñas de la actividad económica parece haber sido el principal éxito (una reducción global de 40% en 2012 respecto el 2000 versus 25% en el caso de sus pares varones). En cuanto a la reducción observada en el indicador de trabajo peligroso se debe mencionar que, a nivel global, la disminución es de poco más de la mitad (11% en el 2000 a 5.4% en el 2012) pero con diferencias importantes entre regiones. Estos resultados, si bien son alentadores ya que reflejarían que la crisis financiera mundial del 2008-2009, en promedio, no afectó negativamente el trabajo infantil a nivel global, tiene algunos matices sobre los que vale la pena reflexionar.
En el informe se esbozan dos razones por las cuales el trabajo infantil no se ha visto tan afectado por las consecuencias de las crisis económicas: (1) las economías en desarrollo, si bien no se pudieron librar de los efectos negativos de la crisis, se recuperaron rápidamente aunque a tasas de crecimiento más lentas y (2) esta menor tasa de crecimiento producto de la crisis ha disminuido la demanda laboral, afectando principalmente a los adolescentes y jóvenes. No obstante, si la situación económica de los países mejorara más rápidamente es posible que haya un incremento por la mano de obra adolescente, sobre todo en las ocupaciones de menor calificación.
Otro factor importante que podría estar explicando esta disminución del trabajo infantil, a pesar de la crisis económica de los años 2008-2009, es el compromiso asumido por los países a través del rol activo de los gobiernos, sector empleador, trabajador y sociedad civil, lo que se ha traducido en muchos casos en respuestas de política pública articuladas e integradas que trascienden el nivel nacional y llegan hasta el nivel local. Para lograr esta apropiación del tema en las agendas nacionales han confluido múltiples esfuerzos donde la OIT a través de su programa IPEC ha tenido sin duda un rol protagónico con una asistencia técnica y financiera pertinente y eficaz.

Situación de América Latina: Informe Global de Trabajo Infantil 2012

Si bien la problemática en términos de magnitud y tasa se sigue concentrando en el África Sub-Sahariana donde 30% de los niños trabajan, 21,4% se encuentra en situación de trabajo infantil y 10,4%en trabajo peligroso, en América Latina la situación no ha mejorado de manera importante en relación al 2008, sobre todo en lo que se refiere a las peores formas de trabajo infantil ya que no solo no habría mejorado sino que podría haber aumentado (aunque las diferencias podrían no ser estadísticamente significativas).

La última medición global de trabajo infantil estima, al 2012, una cifra de 17.8 millones de niños ocupados en América Latina y el Caribe (casi un millón menos respecto la estimación del 2008), 12.5 millones de niños en situación de trabajo infantil y 9.6 millones en trabajo peligroso. Esto representa una caída moderada respecto al 2008 (cercana a 1 punto porcentual) en el caso de los primeros dos indicadores mientras que un estancamiento en las cifras de trabajo peligroso.
Ver documento completo


Internacionales

Lampedusa: el capitalismo avanzado y los refugiados del mundo

Una barcaza cargada con unos 500 inmigrantes de Eritrea y Somalia, proveniente de Libia, se hundió cerca de la costa de la isla italiana de Lampedusa, en medio del océano. De las aguas del Mediterráneo fueron rescatadas sólo 150 personas. La agencia de Naciones refugiados (Acnur) señaló que la embarcación procedía de Libia. Uno de los rescatados confirmó que el barco había zarpado del puerto libio de Misurata con alrededor de 500 personas, provenientes de Eritrea y Somalia.
Una tragedia repetida:
La isla de Lampedusa ha registrado una larga lista de naufragios en la última década. En diciembre 1996, cerca de 300 inmigrantes murieron ahogados entre Malta y la isla después de que su embarcación chocara con otra. En abril de 2011, alrededor de 250 inmigrantes murieron o resultaron desaparecidos, tras un naufragio ocurrido frente a la isla. El año más dramático fue 2011. Cerca de 60.000 personas emprendieron la travesía hacia Italia. En junio de ese año llegaron a Lampedusa 2.670 inmigrantes. Por el camino, más de 15.000 personas desaparecieron en medio del mar.
La semana pasada, trece personas murieron tras ser obligadas a arrojarse al mar por los traficantes que los trasladaban, a pesar de no saber nadar. El 10 de agosto, seis personas murieron en las costas de Sicilia al intentar llegar nadando desde un barco pesquero encallado que trasladaba inmigrantes procedentes de Siria y Egipto. Según un último informe de la fundación Fortress Europe, desde 1990 hasta principios de año murieron 8 mil personas al cruzar el canal de Sicilia; 2770 en 2011, cuando el conflicto que se vivió en Libia, obligó a 60 mil personas a buscar el exilio en Italia.
La isla está ubicada a 205 kilómetros al sur de Sicilia y a 113 kilómetros de las costas africanas, lo que demanda tres o cuatro días de navegación. Esta cercanía la ha convertido en el sueño de miles de migrantes y refugiados, que buscan dejar atrás un presente de horror. Pero también los espera el horror. No dejan de llegar barcos y descargar muertos. En Cala Pisana, el único cementerio, hay decenas de tumbas de migrantes sin nombre, ni nacionalidad. El centro de acogida de la isla tiene capacidad para 700 personas, pero usualmente aloja a más de 1350.
Del horror al horror:
Los inmigrantes y refugiados provienen del horror. Eritrea, uno de los países de origen, por ejemplo, está gobernada por un régimen cerrado y dictatorial, dirigido por Isaias Afewerki. Amnistía Internacional denuncia que los sospechosos de disidencia son arrestados y no se comunican las detenciones. No tiene ni salud ni educación públicas. Unicef denuncia que 300.000 niños están en riesgo por las minas antipersonales sembradas junto a los caminos. El país vive en guerra constante con Etiopía, y combate con un ejército de adolescentes y niños. Los miembros del ejército son reclutados y obligados a combatir por períodos indefinidos, si escapan se le acusa de traición o terrorismo. Los refugiados se multiplican en Israel, Etiopía y Sudán. Más de 30.000 han llegado a Lampedusa.
La reciente crisis en Egipto tras el golpe de Estado contra Mohamed Morsi y la proclamación del estado de Emergencia también ha hecho que aumenten los inmigrantes egipcios. En los últimos tiempos, la grave crisis humanitaria en Siria debido a la guerra civil también ha provocado el intento por parte de refugiados sirios de entrar a Europa vía Lampedusa.
Frente al horror de sus países de origen, Lampedusa aparece en el imaginario colectivo como la tierra de promisión. El sueño de una nueva vida, con pobreza y exclusión, pero vida, de todas maneras. Italia y la Unión Europea los reciben con su peor cara. Los recluye en un centro de refugiados, duramente criticado por asociaciones humanitarias y organismos europeos y de Naciones Unidas. Permanecen semanas y meses en espera de ser conducidos a otros centros, hasta que se procesen sus peticiones de asilo o que se haga efectiva su expulsión.
No se los considera refugiados sino migrantes, y la inmigración es un delito. Nadie puede ayudarlos, los barcos pescadores que asisten a las tragedias ni siquiera pueden salvarlos. La vigencia de la ley del mar, de protección al náufrago, queda sepultada por los códigos antimigratorios de la Europa de las grandes empresas. La ONG Unimondo ha estudiado 2.233 casos, de los cuales la mitad ya han sido repatriados y sólo a 61 se les ha reconocido el derecho a la protección internacional.
Regímenes dictatoriales, guerras intestinas, pobreza extrema, hambrunas, desesperanza, conforman un coctel macabro que provoca la huida masiva de personas, en un continente depredado por el capitalismo global y en estado permanente de crisis y guerras. Huyen hacia un mundo desarrollado, que les resulta próximo, para encontrase con sociedades xenófobas, que los rechazan y gobiernos europeos complotados para impedirles el acceso a sus países, que criminalizan sus intentos desesperados de supervivencia. La afluencia constante de miles de desesperados, ha convertido a Lampedusa en un espejo, que devuelve una imagen del horror, que parece ser la única solidaridad con esta humanidad doliente del capitalismo avanzado.
Los refugiados que suben a las embarcaciones saben que no tienen otra alternativa. Europa entornó sus puertas y dejó claro que no son bienvenidos, bajo ninguna circunstancia. Tras negarles un visado en sus países de origen, subcontratados a los Estados del Norte de África para que hagan el trabajo sucio: miles de subsaharianos deambulan por las ciudades costeras de países como Marruecos o Argelia, sometidos al racismo, el acoso y la violencia de las fuerzas de seguridad.
Si consiguen llegar a Europa, tras pagar una fortuna a una organización mafiosa, la situación solo mejora ligeramente. Los Estados miembros de la UE han establecido que los inmigrantes irregulares constituyen una ciudadanía de tercera clase. Los recluyen durante meses por una falta administrativa, les niegan el acceso a derechos esenciales como el de la salud y los difaman públicamente, acusándoles de robar empleos o de amenazar las buenas costumbres. En países como Grecia, Holanda o Noruega, gobiernan partidos políticos que abogan abierta y violentamente contra ellos. Convierten sus vidas en un infierno, con la esperanza de que los que vengan detrás aprendan la lección.
Reacciones de Italia
La magnitud de la tragedia reciente, produjo algún impacto en Italia, aunque no superó la corteza de la insensibilidad del sistema político. La mayoría de los partidos expresaron su pesar por la tragedia, y el gobierno del primer ministro Enrico Letta anunció un día de luto nacional. El presidente Giorgio Napolitano, pidió decisiones y acciones de la comunidad internacional, especialmente de la Unión Europea, ante la sucesión de masacres de inocentes. El papa Francisco, hizo a Lampedusa su primer viaje como pontífice en julio pasado. Entonces se encontró con algunos migrantes y tiró una corona de flores al mar en memoria de los que allí desaparecen, e hizo un llamado a la solidaridad.
El partido xenófobo Liga Norte, por el contrario, recurrió a su habitual tono antiinmigración y acusó a la ministra de Integración, Cecile Kyenge, de origen congolés, de difundir mensajes de bienvenida que sólo logran “cosechar más víctimas que en una guerra”. Los políticos se han declarado impresionados, pero sólo algunos piden una revisión de las leyes vigentes con respecto a las migraciones. Sectores de la Iglesia piden que la Unión Europea organice una conferencia internacional para encontrar soluciones.

La Unión Europea contradictoria y xenófoba:

La institución de la UE para el control fronterizo, Frontex considera a Lampedusa como la segunda entrada de inmigrantes al continente, después de la frontera grecoturca. Proceden de la más diversas nacionalidades: Eritrea, Congo, Somalia, Mali, Etiopía, Túnez, Libia o Egipto. Su estatuto es confuso, dado que son tratados como inmigrantes, aunque Amnistía Internacional denuncia que, en algunos casos, son potenciales asilados políticos que huyen de la represión en sus países. El propio ministro italiano del Interior, Angelino Alfano, ha declarado que es necesario que la Unión Europea considere a Lampedusa "una frontera europea".
Las únicas medidas activas han sido la decisión de Italia, que pondrá en marcha una misión militar en el mar Mediterráneo, para intentar evitar que se produzcan más muertes de inmigrantes. En las últimas horas, más de 38 personas han perdido la vida en un naufragio que sigue al del pasado día 3, cuando al menos 363 personas murieron frente a las costas de Lampedusa. La llamada “misión militar humanitaria italiana”, integrada por barcos y aviones fue anunciada por el primer ministro italiano, Enrico Letta. Según Letta, se trata de una medida temporal a la espera de una eventual intervención más amplia por parte de la Unión Europea. Los líderes del bloque podrían discutir el tema durante la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del 24 y 25 de octubre, en Bruselas.
El presidente del Parlamento Europeo, el político socialdemócrata alemán Martin Schulz, señaló que el gobierno de Alemania debe decretar la aceptación de más refugiados que llegan a las costas italianas, y en concreto de la isla de Lampedusa. El parlamentario dijo que es una vergüenza que la Unión Europea dejara sola a Italia con el flujo de refugiados de Africa, los que deben ser repartidos en forma equitativa en Europa. Remarcó también que el tema debe de ser tratado durante la cumbre de octubre de jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea.
El compromiso asumido por los ministros de Interior de la UE para reforzar las competencias de FRONTEX, contrasta con las limitaciones de un organismo cuyo presupuesto se redujo en un 25% en los últimos años. Mientras Italia plantea la descriminalización de los inmigrantes ilegales, el Reino Unido confirma su decisión de hacer todo lo contrario, sancionando a quienes alquilen viviendas a extracomunitarios, e impidiendo que puedan abrir una cuenta bancaria o sacar el permiso de circulación.
Este desajuste en las políticas de inmigración no es nuevo. Quince de los 28 socios de la UE, incluidos Francia, Alemania, Finlandia, Grecia e Italia, sancionan con penas de cárcel y severas multas a aquellos que, incluso basándose en el derecho de amparo, ofrezcan cobijo o ayuda a los inmigrantes irregulares, porque favorecen el tráfico ilegal de personas. España estudiando incluir este enfoque en su reforma del Código Penal.
Mientras algunos Estados apuestan por reforzar la vigilancia en las aguas fronterizas y optimizar las barreras de contención, otros prefieren políticas de prevención en los países de origen, al tiempo que proponen "pasillos humanitarios" que ayuden a gestionar los flujos migratorios. Mientras algunos confirman su decisión de expulsar y repatriar a los irregulares a sus lugares de origen, condenándolos a las torturas, las represalias, las mutilaciones, o la propia muerte, otros prefieren modificar el Convenio de Dublín para que los refugiados puedan pedir asilo preventivo no sólo en el primer país al que lleguen, sino en cualquier embajada de la UE.
Y mientras ciertos miembros de la Unión proponen reforzar los centros de asilo e internamiento de los países fronterizos y parapetar ahí el problema, otros apuntan a la redistribución de los irregulares por toda la UE como medida para paliar los problemas de envejecimiento demográfico. Lo cierto es que mientras sigamos protegiendo intereses económicos y políticos partidistas en vez de fijar la atención en el drama humano que motiva la tragedia, los acordes y desacuerdos dentro de la UE seguirán, y en las aguas próximas a Lampedusa, seguirán sucediendo las tragedias. La última cumbre de la Unión Europea intentó tratar el tema, pero la diferencias entre los países hicieron imposible identificar una solución viable. Los refugiados del mundo seguirán muriendo en el Mediterráneo y en las playas de Lampedusa.

Visite nuestra página

Secretaría de Derechos Humanos