Presentación

Desde el punto de vista de las noticias, el comienzo del segundo semestre del año fue tranquilo en el ámbito local de los derechos humanos. No así en el ámbito económico internacional, ya que a lo largo del mes de julio se profundizó el conflicto llamado de los fondos buitre, desatado por el fallo del juez municipal neoyorkino Thomas Griesa, que motivó nuestro comentario editorial del número pasado.
A lo largo del bimestre julio-agosto, pero sobre todo durante el mes de septiembre, la relación de los derechos humanos con este caso, que aparentaba afectar dimensiones puramente jurídicas y económicas, se fue haciendo cada día más evidente y decisiva, a punto de atravesar incluso las iniciativas del gobierno nacional.
Esta relación, que consideramos íntima, entre los programas y conflictos económicos, las posiciones jurídicas relacionadas con ellos y los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales (pero no únicamente ellos) nos motivó a incluir en la sección Documentos de este boletín las declaraciones de la Mesa de los 100 en su reunión de Mar del Plata, y un documento del Núcleo del MTA que explora a la luz de los recientes acontemcimientos la relación entre Peronismo y Derechos Humanos. Continuamos, además, con la entrega de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y especialmente, en este número, con los artículos referidos a los derechos económicos y sociales. De esta relación de los derechos humanos con los aspectos macro-económicos y la política internacional no seguiremos ocupando en los próximos números del boletín.
En agosto, en cambio, la gran noticia fue la aparición y restitución del nieto de Estela de Carlotto. Tanto más por cuanto se trató de un músico conocido y comprometido con el movimiento de Derechos Humanos. La aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto suscitó un movimiento de esperanza y alegría no sólo entre los organismos de derechos humanos, sino en la mayoría del pueblo argentino. Y como consecuencia, desató una lluvia de consultas a Abuelas de Plaza de Mayo –lo que también referimos, una cosa y la otra, en dos breves notas (bastante abundaron los medios acerca de ello)-.
En el ámbito internacional, en cambio, julio y agosto se vieron atravesados por dos situaciones trágicas: el conflicto de la Franja de Gaza y las decapitaciones y masacres llevadas a cabo por el Estado Islámico (EI, o ISIS), a las que siguieron los bombardeos llevados a cabo por los Estados Unidos y la Otan en territorio sirio e iraquí. No referimos al respecto más que una noticia puntual en Internacionales, pero le dedicaremos algunas líneas al tema en nuestro Comentario Editorial.
Es un triunfo, en cambio, de la comunidad LGBT, el reconocimiento en el seno de la comunidad de trabajadores de las Naciones Unidas de las uniones homosexuales, más allá de la legislación al respecto imperante en sus países de origen, lo que promueve nuevos horizontes de igualdad.
Para terminar, nuestro Dossier refiere, a través de una entrevista realizada por Tiempo Argentino, el caso de un artista estadounidense conmovido en Argentina por su visita a la AMIA, y que desde entonces consagró su actividad plástica a propagar la memoria de los desaparecidos por razones políticas, en un verdadero acto de sensibilidad solidaria más allá de las fronteras, las lenguas o las posiciones políticas. También incluimos en nuestro Dossier la conferencia que Eugenio Raúl Zaffaroni dictó en la Universidad de Guadalajara, en la que asocia íntimamente el análisis de la situación jurídica, económica y política relacionada con el narcotráfico y la persepctiva de los Derechos Humanos, mostrando que la primera es la forma que adopta actualmente la relación colonial. Por último, cerramos el Dossier y el Boletín con la publicación integral del Programa de Desarrollo para las Américas confeccionado por la Confedereción Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA, que fue presentada en nuestro país por el secretario general de esa organización el 11 de diciembre en el Ministerio de Trabajo. El citado Programa de Desarrollo también toma la perspectiva de los Derechos Humanos Integrales para organizar las propuestas que los trabajadores agrupados en la CSA realizan en los ámbitos Político, Económico, Social y Ambiental. Una perpsectiva clara y decididamente enfrentada con aquella de corte neoliberal/neoconservador que aún hoy es hegemónica en gran parte del mundo y que ciertos sectores sociales y fuerzas políticas pretenden volver a imponer en nuestros países.


Comentario Editorial

Una economía mundial atravesada por el debate sobre los derechos humanos

En el segundo semestre del año, dos son las preocupaciones principales que reconocemos en el ámbito de los derechos humanos como situaciones de emergencia. La primera, y la que nos atañe más directamente, tiene que ver con el impacto que la especulación financiera internacional (encarnada en este caso en los fondos buitre) tiene sobre la posibilidad de los Estados soberanos de desarrollarse, atendiendo a la satisfacción de los derechos humanos integrales de sus habitantes. Especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, pero, dado el efecto que afectar estos derechos tiene sobre la libertad, el bienestar y la paz social, también, indirectamente, los derechos civiles y políticos. Un efecto que la especulación con los procesos de endeudamiento ha tenido, sistemáticamente, a lo largo de los últimos doscientos años, sobre el desarrollo de los países llamados “periféricos”, pero que se potenció a partir de fin de la década del 80 del siglo XX, cuando cae el Muro de Berlín y el discurso del Fin de la Historia y de la inevitabilidad del neoliberalismo empiezan a cundir y a mundializarse, reprimiendo cualquier discusión económica en la que interviniera como criterio decisivo el respecto a los derechos económicos, sociales y culturales: son cosas que no tienen nada que ver, insisten todavía hoy los representantes de las mayores economías del mundo en los foros internacionales y en los medios de comunicación: lo económico es un tema sólo técnico que no tiene dimensión política ni ética, pretenden hacernos creer. Nuestra posición, como secretaría, como movimiento sindical y, por el momento, como país, es exactamente contraria.
La expresión más extrema de las consecuencias disfuncionales del imperio de una economía centrada en la especulación financiera, la concentración de la riqueza en el quintil superior de la pirámide poblacional (el 5% de la población, con una concentración máxima en el 1% de la población, que se queda con más de un tercio de la riqueza mundial) y la mundialización del capital especulativo lo representa, como un efecto último, el drama de Ayotzinapa, en México, con sus 43 normalistas desaparecidos a manos, según parece, de una alianza entre “el narco”, la policía y los representantes del poder político-estatal.
La segunda “emergencia” que se nos impone en estos meses tiene que ver con la situación en Medio Oriente y lo que ella representa como expresión máxima de un orden político y económico global que ignora por principio el ámbito de los derechos humanos, entregado como está a dirimir por la violencia, el terror (militar, económico y comunicacional) y la crueldad los diferendos que atraviesan el mundo contemporáneo. El espectáculo de los degollamientos perpetrados por militantes del Estado Islámico (ISIS) en los últimos meses va de la mano con el horror de los bombardeos en la Franja de Gaza, que no se detienen. La solución de dos Estados, Palestina e Israel (que nuestro gobierno también promueve), no avanza, y los asesinatos de mujeres, niños y ancianos son cosa de todos los días, tanto como la destrucción sistemática de viviendas, hospitales y escuelas. La política de las grandes potencias globales frente a estos acontecimientos no es otra que intensificar la reacción armada: contestar a la violencia redoblando la violencia… y posicionándose como garantes de una paz futura que nunca llega. “Retroalimentando al monstruo”, como señaló nuestra presidenta en su intervención en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Los Estados Unidos, por ejemplo, consideran que incluso fenómenos como el cambio climático y la posible escasez de recursos estratégicos, como el combustible y el agua potable, son “cuestiones de seguridad” que deben enfrentarse militarmente (ver el sitio web de la DNI: http://www.dni.gov/files/documents/2014_NIS_Publication.pdf), en lugar de ser problemas globales a enfrentar a través del ejercicio real de una “verdadera democracia global” (nuevamente CFK, hablando en el Asamblea General el día 24/09). De ese modo, despliegan una política que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner rechazó al definirla, en ese mismo ámbito, como “comerse al caníbal”.
En el mismo foro, Cristina Fernández de Kirchner relacionó esas dos realidades, caracterizando el accionar de los Fondos Buitre como una forma de terrorismo: “no solamente son terroristas los que ponen bombas, también son terroristas económicos los que desestabilizan la economía de un país y provocan pobreza, hambre y miseria, a partir del pecado de la especulación”, subrayó. Por otro lado, el de la consideración de las causas, resultó en su discurso todavía más profundo y evidente el vínculo entre los modos de enfrentar los problemas económicos y del desarrollo, los límites a la especulación financiera y el modo de combatir el terrorismo armado y guerrero. Sostuvo: “un equilibrio económico y financiero que ataque las desigualdades económicas y sociales entre los países y adentro de cada una de las sociedades va a ser también un gran antídoto contra aquellos que reclutan jóvenes, porque no tienen esperanzas, porque no tienen futuro, y los enrolan en cruzadas locas que luego todos tenemos que lamentar. No podemos solamente ver la superficie de los fenómenos, tenemos que adentrarnos profundamente en las causas que los movilizan”.
Semejante intervención de la presidenta de los argentinos ante un foro mundial se produjo sobre fondo de la aprobación, el 9 de septiembre pasado, por 124 votos a favor (entre los que se contaron todos los países de América Latina –menos México- más los BRICS) contra 11 rechazos (encabezados por EE.UU., Gran Bretaña, Alemania y Japón) y 41 abstenciones (entre ellas México), de una moción, promovida por Argentina y presentada por el G-77 más China, para la creación de un marco jurídico destinado a regular las reestructuraciones de deuda soberana de las naciones. Algo que tiene que quedar definido para septiembre del 2015.
En el mismo sentido, la Argentina recibió la solidaridad y el apoyo de varias organizaciones sindicales internacionales, encabezadas por la Confederación Sindical Internacional y la Confederación Sindical de las Américas, tanto como de la principal central obrera de los Estados Unidos –la AFL-CIO-, y la CLC de Canadá. Los representantes de los trabajadores coincidieron en caracterizar a la especulación financiera como “usura” y en poner de relieve el peligro que un orden económico mundial dominado por la especulación representa para las posibilidades reales y materiales de desarrollo y, por lo tanto, para los intereses de los trabajadores y de los pueblos del mundo entero. Aun sin hacerse presentes, enviaron su adhesión el Sindicato Mundial de la Industria –Industrial-, el sindicato mundial de servicios –Uni Global- y las centrales francesas CGT y CFDT.
En la misma reunión, Cristina Fernández observó: “El capitalismo, se lo mire desde la ideología que se lo mire, necesita articular la fuerza de trabajo y la fuerza del capital. El dinero, para poder reproducirse tiene que pasar por el circuito del trabajo, de la producción de bienes, de servicios, de innovación, de tecnología, de investigación, porque cuando alguien apuesta por un modelo o un diseño financiero que no tiene ningún sustento ni ningún anclaje en la producción de ideas, de trabajo físico, de bienes, comienza una degeneración cada vez más grande del sistema, hasta llegar a los fondos buitre, que son sus máxima expresión, porque ya ni siquiera invierten en derivados financieros. Estamos un problema de usura internacional”.
Para cerrar este comentario, vayamos aún más allá y recordemos la posición del peronismo al respecto: el capital al servicio de la producción, y no a la inversa, y la producción al servicio del bienestar del pueblo y la grandeza de la patria –y no a la inversa-. Es decir: la propiedad y el capital deben tener una función eminentemente social. Lo que viene a ser lo mismo que decir que deben orientarse a hacer posible la satisfacción plena de todos los derechos humanos, como lo mandan la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales.
Visto desde allí parece indiscutible que nos encontramos participando de un combate decisivo entre el orden económico internacional imperante, dominado por el sector financiero y avalado por los Estados más poderosos del mundo, que pretenden desligar el debate económico de cualquier consideración referida a los derechos humanos (insisten sus representantes en el carácter puramente –pero falsamente- “técnico” de la cuestión), y la promoción de un orden económico distinto y posible, organizado alrededor de la idea un desarrollo soberano, por parte de las naciones, centrado en la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos. Lo que arrastra consigo, sin embargo, la necesidad de un afianzamiento de los bloques regionales –el continentalismo-, pero también, esencialmente, como lo sostuvo Cristina Fernández en la ONU, la promoción de una verdadera democracia global, donde los problemas y los modelos económicos (pero también los grandes diferendos políticos) no sean discutidos a puerta cerrada por un grupo de tecnócratas comprometidos con el orden económico imperante -y normalmente pagados por él-, o por un Consejo de Seguridad en que 5 miembros permanentes, veto mediante, pueden anular la voluntad conjunta de cientos de países, sino que se discutan democráticamente en foros donde cada país del mundo tenga una voz y un voto igualitarios. Afianzar unos derechos (económico, sociales y culturales) va de la mano con afianzar y profundizar los otros (civiles y políticos), en cada país y a nivel mundial.


Actividades de la Secretaría

1. -Septiembre- Jornada de capacitación para delegados “Por un ámbito de trabajo libre de violencia con inclusión e igualdad”, organizada por la Comisión por la erradicación de la Violencia laboral. SDH CGT, se realizó en el Auditorio de Textiles.

“POR UN ÁMBITO LABORAL LIBRE DE VIOLENCIA CON INCLUSIÓN E IGUALDAD”


Con el objetivo de difundir y promover acciones que favorezcan la visibilización de la problemática de la violencia laboral, la Comisión por la erradicación de la violencia laboral de la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT, realizó 17 de septiembre de 2014, en la Sede Central de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), una jornada de sensibilización para abordar esta temática común a la mayoría de las ramas laborales y problemática en ascenso en todas las profesiones.
En el transcurso del día se trabajaron diversos aspectos de la problemática con el objetivo de orientar a que los trabajadores puedan detectar situaciones de discriminación, violencia, abuso de autoridad y vulneración de derechos en el ambiente de trabajo, así como brindar herramientas tanto personales como institucionales para afrontar situaciones de violencia tanto en el ámbito privado como estatal.
Expusieron en el transcurso de la jornada el equipo de la Cátedra de Acoso Laboral de la Facultad de Psicología de la UBA. Programa de Extensión Asistencia a Víctimas de Mobbing; la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato( CIOT), la Federación Argentina LGBT y Fundación UOCRA Área Discapacidad.
Según lo establece el MTEySS en su Resolución 05/07, se entiende por Violencia Laboral,
“Toda acción, omisión o comportamiento, destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o como acción consumada. La violencia laboral incluye: la violencia física, el acoso psicológico, el acoso sexual y la discriminación, y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, de empleados del mismo rango o de rango inferior”.

2. -NOV- Rosario-Jornadas de capacitación .“Sindicalismo y Derechos Humanos” . Curso de capacitación a cargo del equipo de la SDH . El curso se realizó dentro del convenio con el Área de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo.

Con los objetivos de: aportar a la formación de los trabajadores de las áreas de DDHH en los sindicatos, referenciar la lucha por los DDHH en las luchas históricas de los trabajadores y las banderas de independencia económica, soberanía política y justicia social; promover un espacio de debate y reflexión para desarrollar una política de DDHH y áreas en los sindicatos que todavía no tienen ,y brindar conocimientos de la historia desde la perspectiva del movimiento obrero organizado y la tradición nacional, popular y latinoamericana; la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT realizó las primeras jornadas de la capacitación en “Sindicalismo y Derechos Humanos” los días 13 y 14 de noviembre y 5 de diciembre de 2014.
El evento se realizó en la Sede de SADOP de la ciudad de Rosario, dentro del marco del Programa de Formación Sindical del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
A lo largo de la capacitación, compuesta por cinco módulos y un taller ,expusieron los docentes; David Vergara, Pastor Asuaje, Edgardo Rodríguez, Pablo Topet, y Susana Ure. En los módulos y espacios de debate participó el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, Carlos Barbeito.
Participaron los compañeros y compañeras de UOMA ,UOCRA, SADOP, SITRATEL, SOEPU, SOEA, ASIMRA, SPIQyPSL, SUPARA, Peluqueros, SOEA, SUTRACOVI, entre otros.
Finalizó el evento con un Acto de entrega de diplomas a cargo del Ricardo Gringras, coordinador del programa de Apoyo a la Formación Sindical- MTEySS.

3. -NOV. Homenaje a los delegados obreros y al ATLAS. Acto realizado en FESTIQYPRA, a cargo de la Comisión de Memoria verdad y Justicia.

“…porque hay olvidos que queman y memorias que engrandecen…”

Memoria Identidad Utopía. 20 de noviembre 1952-2014

En el aniversario de la creación del Atlas , La Comisión de la Memoria de la Secretaría de DDHH de la CGT realizó un homenaje a la más ambiciosa experiencia de los trabajadores en política internacional.
Rescatar la experiencia de los Agregados Obreros y el ATLAS es rescatar el gran recorrido del pueblo trabajador argentino, sus posiciones antiimperialistas y antioligárquicas, solidarias con los procesos de otros pueblos latinoamericanos y del mundo, el nivel de conciencia política alcanzado y su historia de lucha en la defensa continental de sus derechos. Como decía Perón, la unidad latinoamericana potenciada a partir de la unidad de los trabajadores.

Expusieron en el acto; Horacio Ghilini , Secretario de políticas económicas de la CGT, los historiadores Manuel Urriza y Claudio Panella, Rafael Folonier Coordinador de Asuntos Técnicos de la Unidad presidencia y Asesor del Unasur y la narradora oral Nora Peralta.

El encuentro se realizaró en el Auditorio de FESTIQYPRA, en Avellaneda y contó con la participación de delegados y dirigentes de UPCN, Textiles, SUPARA, UOMA, FESTIQyPRA, EMPLEADOS DE COMERCIO Y Juventud Sindical , entre otros.

4. -Diciembre: Seminario Taller: “Trabajo Decente y Trata: un desafío para el movimiento sindical”. A cargo de la Comisión por la Erradicación del Trabajo infantil y la Trata. El seminario se realizó en SADOP y contó con tres paneles de oradores.

La apertura del Seminario Taller estuvo a cargo de Carlos Barbeito, secretario de Derechos Humanos de la CGTA; Jorge Lobais, secretario Secretario de Industria y Producción de la Central y Jorge Aramayo, Secretario de Derechos Humanos del SADOP, quien habló en representación del secretario general del gremio. En sus intervenciones, los tres dirigentes se refirieron a los principios que fundamental el accionar del Movimiento Obrero Organizado en la defensa y ampliación de los Derechos Humanos integrales. Uno de los conceptos que subrayaron fue el del carácter fundamental del derecho al trabajo digno y bien remunerado como pilar que hace posible el acceso y el disfrute pleno de otros derechos, como la salud, la educación y la vivienda. Insistieron, en ese sentido, en advertir –y recordar- que la propuesta neoliberal hace del trabajo y de los trabajadores no los fundamentos del conjunto social y los principales destinatarios de la producción sino un mero instrumento de una producción concebida principal y aun exclusivamente como motor de la ganancia del capital, con lo cual el salario aparece solamente como un costo a minimizar, lo que la conduce indefectiblemente a generar desigualdad, marginación, desempleo y subempleo, malas y aun pésimas condiciones y medio ambientes de trabajo, pobreza, exclusión y muerte. La trata laboral –y como su expresión más radical y humillante la trata sexual- forman parte de ese dispositivo de subordinación unilateral de las mayorías trabajadoras, hombres y –peor aún- mujeres, a la dominación que ejerce o pretenden ejercer el capital y su lógica, así como la mayor parte de los beneficiarios de ellas. A este dispositivo los dirigentes que abrieron el encuentro opusieron la visión peronista, para la cual el capital debe estar al servicio de la producción –es decir, debe tener un sentido y una función sociales¬-; y ésta al servicio de las necesidades y la felicidad de todos los hombres, y muy especialmente de aquellos que hacen posible que el capital produzca algo, al mismo tiempo que generan nuevo capital: los trabajadores. Ese ampliamente mayoritario grupo humano cuya función es tan fundamental, ineludible y básica que Juan Perón llegó a decir: “Hay una sola clase de hombres: los que trabajan”. Como señalaron los dirigentes que abrieron el encuentro, todos los hombres que no viven del trabajo ajeno son trabajadores: de la industria, del comercio, de la construcción, de los servicios públicos y privados, de la salud, de la educación, de la ciencia, de la técnica, de la investigación, etcétera. Finalmente, señalaron que no basta enunciar derechos, ni gozar de una legislación que los respalde. Los Derechos Humanos se conquistan, se defienden y se amplían por la lucha del pueblo organizado, única capaz de exigir al Estado el cumplimiento cabal de los derechos ya legislados, así como la ampliación de los que aún no son reconocidos.
Antes de dar paso a los expositores, señalaron que le objetivo del Seminario era “dar inicio a un proceso de intercambio de información y de conocimientos para promover el trabajo decente y combatir la trata con mayor éxito”. Y definieron el papel de los sindicatos en esa tarea: “no se trata de reemplazar al Estado sino de organizarse e instruirse para obligarlo a cumplir con las leyes y promover la ampliación de derechos en todos los ámbitos en que nos parezca necesario”. Y cerraron con una cita jauretcheana, que funcionó a modo de consigna y de advertencia: “Conquistar derechos genera alegría; perder privilegios genera rencor, decía Jauretche. Los gobiernos de Juan Perón y la década ganada son aquellos en que se han defendido más real y sistemáticamente los Derechios Humanos. Y por eso quisieron y quieren derrocarlos”.

A continuación transcribimos el Programa del evento.

Organizaciones que participan en la Comisión:
Asociación Obrera Textil
Asociación del Personal Legislativo
Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina
Sindicato de Empleados de Comercio
Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios
Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina
Unión Obrera Molinera Argentina
Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares
Unión Obrera Ladrillera
Sindicato de Químicos y Petroquímicos
Federación de Químicos y Petroquímicos de la República Argentina
Sindicato Argentino de Docentes Privados
CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO
DE LA REPUBLICA ARGENTINA
Secretaría de Derechos Humanos
Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Trata
Derechos humanos en la Argentina:
La lucha estratégica de los trabajadores
por la dignidad en el trabajo y la justicia social.
11 de diciembre de 2014

CONFEDERACIÓN GENERAL DEL TRABAJO DE LA REPUBLICA ARGENTINA, Secretaría de Derechos Humanos, Comisión para la Erradicación del Trabajo Infantil y la Trata

PROGRAMA
13.30 hs Acreditación
14.00 hs. Acto de apertura a cargo de:
Carlos Barbeito, Secretario de Derechos Humanos de la CGT
Jorge Lobais, Secretario de Industria y Producción de la CGT
Mario Almirón, Secretario General del SADOP y de la FLATEC
Presentadora: Prof. Laura Balhas
14.30 hs. La implementación de políticas públicas de combate a la trata de personas. Logros y obstáculos.
Expositores:
Lic. Cecilia Merchán, Comité contra la trata. Jefatura de Gabinete de la Nación
Dr. Marcelo Colombo, Fiscal PROTEX Ministerio Público Fiscal de la Nación
Lic. Zaida Gati, Oficina de Rescate a las Victimas de Trata Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Dra. Silvia Kustcher COODITIA Fiscalización Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación
Moderador: Prof. Edgardo Rodríguez, Asesor Secretaría de Derechos Humanos CGT
15.30 hs. Ronda de intercambio
16.00 hs Pausa café
16.30 hs. Los aportes de la sociedad civil en el combate a la trata.
Expositores:
Lic. Victoria Martinez Presidenta Fundación Niñ@Sur
Lic. José Manuel Grima Investigador y docente de la UBA Presidente del Observatorio Latinoamericano de Trata y tráfico de personas
Moderadora: Gabriela Olguín Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
17.00 hs. Ronda de intercambio
17.20 hs. El trabajo decente como instrumento fundamental para el combate a la trata. Aportes sindicales.
Expositores:
Luis Cáceres Unión Obrera Ladrillera (UOLRA)
Lorenza Benítez de Gómez, Secretaria General Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (UPACP)
Moderador: Roberto Moyano (SADOP)
18.00 hs. Ronda de intercambio; 18.30 hs. Cierre de la actividad

5. -Diciembre. Capacitación sobre Diversidad para delegados. Taller de sensibilización dictado por la FALGBT para delegados de AOTRA, con participación de compañeros de otras organizaciones.

6. Jornada de Capacitación en Diversidad.
El jueves 18/12 se realizó una jornada de capacitación en Diversidad para delegados de textiles a cargo de la FALGBT, el encuentro se llevó a cabo dentro del acuerdo Marco que dicho organismo tiene con la CGT y el protocolo de aplicación celebrado entre la FALGBT y la Asociación Obrera Textil (AOT).

La jornada fue coordinada por Adrián Barreiro (Secretario de empleabilidad LBGT) y contó con la participación del Area de diversidad de Ministerio de Trabajo Asistieron delegados y dirigentes de textiles, y compañetas y compañeros de UPCN, SADOP , Comercio y UOMA.


7. Jornada de Capacitación en Diversidad.

 HOMENAJE A CARLOS LLERENA ROSAS EN EL 40º ANIVERSARIO DE SU ASESINATO

Hoy, 30 de octubre de 2014, homenajeamos a Carlos Llerena Rosas en el 40º aniversario de su secuestro y posterior asesinato. Carlos fue un comprometido dirigente gremial de APINTA, de donde fue secuestrado cuando era Secretario Nacional de Prensa y Difusión e igualmente en la política militando en el Frente de Izquierda Popular.
Participaron de dicho homenaje el Secretariado Nacional de APINTA encabezado por su Secretario General Luis Cuestas, los dirigentes de CGT Enrique Marano y Carlos Barbeito, el dirigente de la CTA Marcelo Frondizi, la periodista Mona Moncalvillo, el dirigente de Derechos Humanos Eduardo Tavani y el Director del Centro cultural de la Memoria Haroldo Conti Eduardo Jozami.
Estuvieron presentes familiares de Carlos Llerena, compañeros de militancia política, afiliados y dirigentes de APINTA del interior del país.
Al finalizar el acto se realizó el descubrimiento de una placa en el frente de la sede de la Asociación del Personal del INTA, APINTA, recordando su vida dedicada a la Causa de los Trabajadores y a la liberación de la Patria Grande.



Novedades sobre Derechos Humanos en la Argentina

1. Condenan a los asesinos de Enrique Angelelli

Tras ocho meses de debate oral y 38 años de impunidad, el Tribunal Federal de La Rioja consideró delito de lesa humanidad, “imprescriptible e inamnistiable”, el homicidio del obispo Enrique Angelelli, y, el viernes 4 de julio, condenó a los represores Luciano Benjamín Menéndez y Luis Fernando Estrella a “prisión perpetua e inhabilitación absoluta”, con prisión efectiva, como autores del asesinato de Angelelli, ocurrido casi exactamente 38 antes, el 4 de agosto de 1976.
El fallo descarta la teoría del accidente y sostiene, en cambio, que la muerte de Angelelli fue producto de “una acción premeditada en los marcos del terrorismo de Estado”. El secretario de Derechos Humanos de la Nación declaró valoró especialmente el significado de la condena en relación con la actitud de la jerarquía eclesiástica argentina y del catolicismo en general. “La Iglesia pidió justicia, cuando antes pedía olvido y reconciliación”, destacó. En el mismo sentido, la sobrina del obispo, que todos conocen como Marialé, señaló que “La historia de La Rioja puede cambiar si no bajamos los brazos y vamos por los civiles que persiguieron a mi tío y a toda su pastoral”.
De hecho, los jueces Quiroga Uriburu, Carlos Cascano y Juan Carlos Reynaga dieron “vía libre” a las secretarías de Derechos Humanos provincial y de la Nación para que avancen en la investigación judicial que determine las responsabilidades de quienes se hicieron llamar durante aquella época los Cruzados de la Fe. Se trata de un grupo de terratenientes entre los que figuran varios integrantes del clan Menem, que persiguieron a la pastoral del obispo y la atacaron sistemáticamente por todos los medios.

2. La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación anuncia la restitución de Ignacio Guido Montoya Carlotto

COMUNICADO DE PRENSA

FRESNEDA CELEBRÓ LA RESTITUCIÓN DEL NIETO 114: “EL PUEBLO ARGENTINO FESTEJA ESTE HECHO EN EL MARCO DE LOS 30 AÑOS DE DEMOCRACIA"


El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, participó esta tarde de la conferencia de prensa que brindó la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo con motivo del anuncio de la restitución del nieto 114.
En la conferencia, que tuvo lugar en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo estuvieron presentes, además del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda; el subsecretario de Promoción de Derechos Humanos, Carlos Pisoni; el diputado Nacional y nieto recuperado, Horacio Pietragalla; el legislador porteño y nieto recuperado Juan Cabandié; la nieta recuperada, Victoria Montenegro y Estela de Carlotto junto a otras integrantes de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, nietos recuperados, y diversas organizaciones de derechos humanos.
Además acompañaron el encuentro Claudia Carlotto, tía del nieto recuperado y coordinadora de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), órgano dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y parte fundamental en la recuperación de la identidad de nietos y nietas.
Fresneda celebró el encuentro y expresó: "Quiero transmitir la enorme satisfacción de la presidenta Cristina Fernández que desde el Estado nacional lleva adelante una política de Estado que está hoy acá, al lado de las Abuelas” además, el secretario agregó: “Este es un logro de todo el pueblo argentino, de Cristina y Néstor y de las Abuelas. A ellas: gracias, la democracia está eternamente agradecida”.
Por su parte, Estela de Carlotto indicó: “Lo vi y es hermoso. Hoy tengo a mis 14 nietos conmigo”. La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo comentó además que Guido, de quien no dio demasiados datos por decisión familiar, se acercó a Abuelas en el mes de julio y siguió: “Yo no quería morirme sin poder abrazarlo” y siguió: “Ahora en la silla vacía va a estar él, en los portarretratos va a estar su imagen”.
Carlotto sostuvo además: “Este encuentro es una reparación para todos los argentinos” e indicó: “Más allá de los votos, este Estado nos recibió, nos acompañó, nos apoyó. Hay conquistas conseguidas que no hay que perder”.
Luego expresó: “Es una alegría enorme compartir este día que me brindó la vida”. Recordó además que pronto se cumplirá un nuevo aniversario del asesinato de su hija Laura y deseó: “Que sonría desde el cielo”.
Remo Carlotto, tío del nieto recuperado y diputado Nacional recordó a su hermana Laura y reflexionó: “Laura pudo tener a Guido durante cinco horas, desde allí, hubieron tres puntos suspensivos que nosotros transformamos en memoria, verdad y justicia”.

3. La aparición de Ignacio Guido desata una ola de análisis

Según noticias aparecidas en matutinos del día 26 de agosto, tras la aparición de Ignacio Guido Montoya Carlotto se produjo “un récord de análisis de ADN”, según destacó el secretario bonaerense de Derechos Humanos y tío del joven, Guido “Kibo” Carlotto. “Después de la aparición de Ignacio, mucha gente se presentó en la sede de Abuelas de Plaza de Mayo y hubo récord de análisis”, comentó. Y señaló que como consecuencia de la afluencia se multiplican las esperanzas de que sigan apareciendo los nietos que aún faltan. “Todos los nietos pueden aparecer”, sentenció.
Y festejó el hallazgo, el viernes 22 de agosto, de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, la nieta 115. “Está muy contenta”, comentó. “He tenido una charla telefónica muy larga con ella y estamos esperando que vuelva para ver cómo sigue la causa”. La tía de Ana Libertad, Estela De la Cuadra, también aseguró que su sobrina “está feliz: se ríe todo el tiempo”. Y agregó que “era una niña muy querida por su padres: Elena y Héctor Baratti”.

4. Se actualiza y amplia el Plan de Inserción Laboral del Gobierno Nacional

El martes 19 de agosto el gobierno nacional amplió el alcance y actualizó los valores del Programa de Inserción Laboral, que busca impulsar la reincorporación de trabajadores desocupados. Y si bien la medida se tomó en el marco de una serie de iniciativas destinadas a frenar la tendencia al deterioro del mercado laboral, lo que puede interpretarse en términos económicos como la expresión de una política anticíclica, es también expresión de la defensa del derecho al trabajo. Los beneficiarios del Programa de Inserción Laboral recibirán una ayuda económica a cargo de la cartera laboral, de 2700 a 1500 pesos por una jornada completa en función de que sean contratados por una micro, pequeña, mediana o gran empresa, mientras que por una jornada parcial el subsidio irá de 1300 a 650 pesos según el tamaño de la compañía. Participan de este programa los beneficiarios de programas de capacitación, seguros de desempleo, jóvenes del Progresar, desocupados con alguna discapacidad, trabajadoras mujeres y trabajadores cuya identidad de género no sea coincidente con el sexo asignado al momento de su nacimiento. Las empresas involucradas son micro, pequeñas y medianas empresas radicadas en parques industriales y que forman parte de una cadena industrial de valor incluida en el Plan Estratégico Industrial 2020.

5. FEDEFAM en el día internacional del Detenido Desaparecido

La figura del detenido desaparecido tomó cuerpo como figura jurídica y como categoría en el universo de los derechos humanos a partir de las dictaduras, represiones y desapariciones que tuvieron lugar en América Latina en el último cuarto del siglo XX. Especialmente a partir de la actividad de los organismos de Derechos Humanos de la República Argentina, ante todo Madres de Plaza de Mayo y Serpaj, así como con el Juicio a las Juntas. Hoy se trata de una figura utilizada mundialmente. Ha sido instituido, inclusive, el Día Internacional del Detenido Desaparecido, que se conmemora cada 30 de agosto.
Este año la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos convocó a una jornada conmemorativa que, en esa fecha, tuvo lugar en el Sindicato de las Telecomunicaciones, FOETRA.
El texto de la convocatoria invitaba “Al homenaje que realizaremos el sábado 30 en recuerdo de todos los detenidos desaparecidos del mundo y, en especial, de nuestra América Latina”. Y conceptuaba la jornada como “un momento de reflexión y encuentro”.
El programa de la jornada incluyó, además de la habitual apertura, unas palabras de bienvenida y un recordatorio de la fecha; un número musical a cargo de los Alumnos de la Tecnicatura Popular de Música Casa de Nuestros Hijos, la Vida y la Esperanza, y una obra de teatro, El Moreira, presentada por el Grupo de Teatro Comunitario El Epico, de Floresta.
El acto fue convocado por Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

6. Investigación sobre Derechos Humanos, Dictadura Cívico Militar y Empresariado.

El martes 9 de diciembre se presentó en la Comisión Nacional de Valores el libro “La Dictadura del Capital Financiero”, de los investigadores Bruno Nápoli, Celesto Perosino y Walter Bosisio, que iniciaron la presentación señalando: “La documentación hallada obliga a resignificar el concepto de colaboración durante la dictadura: las corporaciones financieras fueron más que colaboradores de los militares, más que cómplices. Fueron protagonistas, artífices de un plan del que los militares y la sangrienta represión fueron el instrumento”. El trabajo revela cómo un reducido grupo de empresas concentradas, representado por José Alfredo Martínez de Hoz, utilizaron los aparatos del Estado, las leyes dictadas por los dictadores y la salvaje pero planificada y terrorista represión para obtener beneficios extraordinarios, destruir la sociedad de pleno empleo y en vías de industrialización que era la Argentina de entonces y poner en pie un sistema económico y fuertemente concentrado y excluyente, centrado en la especulación financiera y el comercio, que perdurara en el tiempo.


Documentos

1. Proyecto Nacional Peronista y Derechos Humanos.


Por: MTA-Núcleo/Grupo de Pensamiento Nacional


El peronismo se organiza doctrinariamente alrededor de tres banderas por todos conocidas, la Justicia Social, la Independencia Económica y la Soberanía Política.
Pero estas tres dimensiones de la vida humana, la social, la económica y la política, en el peronismo no están jerarquizadas como en el liberalismo ni como en ninguna otra doctrina política o social: porque si bien están diferenciadas, no están separadas una de otra, ni existe una primacía unilateral de una de ellas, la económica, o la jurídico-política, por sobre las demás.
De manera que la realización de cada uno de estos objetivos que marcan el rumbo de un Proyecto Nacional Peronista alimenta la realización de los otros y depende de la paulatina realización de los otros.
La justicia social implica el acceso de todos, de todo el pueblo, a los bienes y las condiciones de relación social necesarios para poder desarrollarse cada uno libre y plenamente como persona.
Es decir, la libertad política, de expresión y de decisión (derechos fundamentales reivindicados también por los liberales) es un ingrediente fundamental de la realización de la justicia social porque es un ingrediente esencial de la dignidad de la persona humana. Pero esta libertad no podrá realizarse plenamente, en todos y para todos, si cada uno no puede tener acceso a los recursos materiales necesarios para desplegar dignamente su vida, y se ve condenado a mendigar, o a trabajar de sol a sombra en condiciones degradantes, o a robar para sobrevivir.
Desplegar la propia libertad, lo sabía Perón y es un principio central del peronismo, es sólo posible en la medida en que mediante un tiempo razonable y unas condiciones dignas de trabajo cada uno puede acceder a la salud, la vivienda, la educación, la información, el conocimiento, los bienes culturales y el tiempo de esparcimiento e intimidad necesarios para desplegar íntegra y libremente su vida. Es decir, es tanto más realmente posible en el seno de una sociedad justa y solidaria que en el de una sociedad de ganadores y perdedores como la que nos propone el neoliberalismo.
De modo que la justicia social y la libertad personal van de la mano y se conjugan con un orden económico que garantice el acceso de todos a los bienes y servicios necesarios para una vida digna. Dicho en el lenguaje de los derechos humanos: no hay realización plena de los derechos civiles y políticos para todo el mundo sin realización de los derechos económicos y sociales. Dicho en el lenguaje de Eva Duarte de Perón: “donde hay una necesidad, hay un derecho”.
Lo que implica, además, que el pueblo de la Nación debe poder disponer de forma independiente, a través de sus órganos de gobierno (los políticos y los “económicos” - como el Banco Central-), de las riquezas que derivan de su territorio y de su trabajo, de su producción colectiva. Y debe poder decidir democráticamente y coordinar con eficacia una distribución de esas riquezas y recursos lo suficientemente igualitaria como para promover el crecimiento de esa misma producción al mismo tiempo que el bienestar de todos y cada uno de los habitantes de la Nación. Perón insistió en esto docenas de veces, y Néstor y Cristina Kirchner también.
Es decir, los derechos civiles y políticos individuales (a la libre expresión, a la asociación, a la propiedad, etcétera) dependen también, para poder realizarse en todos los casos, y no sólo en el de los sectores o individuos privilegiados, del respeto a los derechos colectivos, de los pueblos (al autogobierno, a la autodeterminación, a elegir a las propias autoridades y los propios órganos de gobierno) y dependen también de la realización de los derechos económicos y sociales (a un trabajo digno, al descanso, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la información, al conocimiento).
El logro de la justicia social, del bienestar del pueblo, supone, entonces, la soberanía política, aunque ésta no sea suficiente para garantizar aquél. Porque ese logro es imposible, lo sabía Perón y lo sabemos los trabajadores peronistas, si la economía de la nación, nuestra economía, es dominada por intereses extranjeros, como los que se expresan a través de la permanente extracción de recursos nacionales que representa toda deuda externa.
Es imposible también si la economía está principalmente al servicio de la especulación financiera, es decir del aumento constante de la ganancia del capital, parasitando a la producción, subordinándola y organizándola en función de ese aumento, y no para atender adecuadamente las necesidades de los pueblos y de las persona. Por el contrario, en nuestras naciones sólo es posible articular la justicia social y la soberanía política si el capital está al servicio de la producción y ésta al servicio del bienestar de todos y cada unos de los habitantes de la Patria.
Es decir, el logro de la justicia social es igualmente imposible sin una articulación virtuosa y cooperante entre los intereses del capital y los del trabajo, entre los empresarios y los trabajadores. Ambos deben poder prosperar en la misma medida en un modelo de Justicia Social. No otra cosa quiere decir el lema que nuestra presidenta lanzó al aire hace más de un año, un 25 de mayo: “La Patria es el otro”. Pero en el sistema capitalista en que vivimos somos los trabajadores quienes tenemos en nuestras manos la responsabilidad de hacer valer nuestros derechos y nuestros intereses, y de promover y sostener a los gobiernos decididos a promover esos derechos en el seno de un Proyecto Nacional (y por eso también regional y mundial) integrador, organizado por las tres banderas.
A su vez, la soberanía política indispensable para autogobernase y proteger las propias riquezas, así como para decidir acerca del rumbo social y económico de la Nación es imposible de concretar y de defender sin integración social –única forma creadora de la paz social- y sin desarrollo económico, de la producción de alimentos pero también industrial –un país sin industrias está condenado a depender, a subordinarse- y, por lo tanto, sin producción de conocimiento, ciencia, técnica y cultura propias, fundamento a su vez de la independencia económica y cultural.
Estos dos principios fundamentales del peronismo –a) la integración solidaria de los distintos sectores que participan de la vida social, construida alrededor de la protección y la promoción de la única actividad creadora de riqueza como es el trabajo, y b) la interdependencia de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política- son lo que Perón sintetizaba con la idea de la Comunidad Organizada.
Una comunidad que no funciona como una guerra de todos contra todos donde ganan algunos y otros deben aceptar su condición marginal o de excluidos, donde algunos imponen su derecho a tener derechos mientras otros deben resignarse a ver avasallados sistemáticamente sus derechos, sino que funciona como un permanente intento de mediar los conflictos en función de la construcción solidaria de un destino y un bienestar comunes. Funciona, si lo decimos en el lenguaje de los derechos humanos, como una permanente lucha por construir una sociedad, una economía y un orden jurídicos capaces de promover y respetar sistemáticamente tanto los derechos civiles y políticos como los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos, en la convicción de que el respeto y el ejercicio de los primeros no existe realmente para todos los individuos, para todos los miembros de la comunidad, sin el respeto y la realización de los segundos.
La Argentina fue y es reconocidamente pionera en la defensa de los primeros. Con la presentación hecha por Cristina Fernández de Kirchner ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitando la gestación de un marco regulatorio que impida que los especuladores avasallen los derechos de los pueblos a renegociar de modo soberano sus deudas, y con la aprobación por parte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de la propuesta de la Argentina, presentada por el canciller Héctor Timerman, de formar una comisión que investigue la relación que existe entre la especulación financiera –encarnada en los Fondos Buitre- y la violación de los derechos humanos (económicos, sociales y culturales, pero también civiles y políticos, porque las dictaduras y la coacción están y estuvieron innumerables veces al servicio de los intereses del capital y de la ganancia: es decir, con los crímenes de lesa humanidad), la Argentina, de la mano del gobierno de la compañera Cristina Kirchner, se pone también a la vanguardia en la lucha por construir un orden mundial más justo socialmente, donde los pueblos y la naciones vean reconocido y protegido sus derechos a la independencia económica y la soberanía política, y puedan construir modelos sociales y programas económicos que les permitan promover los derechos económicos, sociales y culturales de sus pueblos, con la debida colaboración internacional, como –por otra parte- mandan la Declaración de Derechos Humanos de 1947 en sus artículos 22 y 28, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las propias Naciones Unidas en sus artículos primero y segundo.
Perón expresó muchas veces que, por sus características, la doctrina peronista tenía un potencial alcance universalista. Manifestando:
• nuestro apoyo irrestricto a la lucha que intenta el gobierno argentino, dentro y fuera del país, contra la especulación financiera y por una regulación del sector que promueva la producción dirigida al bienestar humano, así como
• nuestro compromiso en la construcción de un proyecto económico, social y político, un proyecto nacional, organizado por la tres banderas, es decir, por la búsqueda de la realización de todos los derechos de los seres humanos, y esencialmente de sus derechos económicos, sociales y culturales,
• los trabajadores expresamos nuestra convicción sobre la verdad de aquel aserto del general Perón también en los términos de una búsqueda de respeto y realización plena de los Derechos Humanos.
Si “la Patria es el Otro”, y si la justicia social considera e incluye a cada otro, con todos sus derechos, junto a cada uno de nosotros, entonces los intereses sociales, políticos y materiales de las mujeres y los hombres que trabajan y que defienden su dignidad y su condición humana a través del trabajo y de la participación social y política democráticas pueden con todo derecho aspirar a ser intereses universales.

2. Declaración Universal de los Derechos Humanos

Artículos 22 a 25

Habiendo recorrido en las dos entregas anteriores la Declaración Universal hasta su artículo 21, en esta entrega transcribimos los principales artículos que versan sobre derechos económicos y sociales (del 22 al 25), particularmente relevantes en este momento. En la próxima y última completaremos la Declaración transcribiendo los artículos que versan sobre derechos sociales y culturales, así como los artículos de cierre.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y el libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1.        Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

2.      Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.

3.       Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.

4.      Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute de su tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1.        Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.

2.      La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

3. LA SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN INFORMA LA REGLAMENTACIÓN DE LA LEY 26.913

  La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informa que el Poder Ejecutivo Nacional reglamentó la ley 26.913 de Régimen Reparatorio para ex Presos Políticos de la República Argentina por la cual “tendrán derecho a una pensión graciable todas aquellas personas que hasta el 10 de diciembre de 1983 hayan sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles”.

 

Los posibles beneficiarios deberán realizar el trámite en las Unidades de Atención Integral (UDAI) de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) más cercana a su domicilio, facilitando así el acceso federal a esta pensión. El Formulario necesario para iniciar el trámite está a disposición en las UDAI. Estos trámites se pueden realizar por derecho propio y en forma personal. Los residentes en el exterior podrán presentar la solicitud ante el Consulado Argentino correspondiente a su domicilio. 

 

La Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación es el órgano de aplicación del presente régimen, y la ANSES se encarga de recibir las solicitudes de los beneficiarios y efectuar los pagos.

 

Estas pensiones buscan reparar a aquellas personas que por haber estado detenidas durante el terrorismo de Estado se les afectó su vida laboral y por consiguiente tuvieron una interrupción en sus aportes previsionales. En la actualidad los beneficiarios son personas adultas mayores con derecho a una vida digna.


 

11 de julio de 2014

Comunicación y Prensa

Secretaría de Derechos Humanos

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos

(5411) 5167-6676

prensadh@derhuman.jus.gov.ar

www.derhuman.jus.gov.ar

4. La Mesa de los 100 consolida sus acuerdos en apoyo del Proyecto Nacional y Popular

 

El lunes 31 de junio tuvo lugar en la sede del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), en Mar del Plata, la tercera reunión de la así llamada Mesa de los 100, que congrega voluntades sindicales y empresarias alrededor de la defensa del Proyecto Nacional. La Mesa produjo en su reunión marplatense un documento de 5 puntos que reproducimos a continuación, en la que tomó posición respecto de los Fondos Buitre y del modelo de desarrollo deseable. Participaron de la reunión Antonio Caló, Horacio Ghilini (Sadop), Hernán Escudero (Juventud Sindical), Gerardo Venutolo (Admira), Pablo Challú (Uipba), Raúl Lamacchia (Feba), Marcelo Fernández (CGE), Bruno Capra (Ceen), Juan Palacios (Aatrac), Leonardo Felman (Cea), Raúl Quiñones (Tabaco), Carlos Ortega (Secasfpi), Daniel Di Bártolo (Sadop), y dirigentes de Pescadores y del Somu Mar del Plata. Los participantes de las deliberaciones celebraron la agenda social y económica del Papa Francisco y señalaron que la unidad sindical sólo es posible detrás de un proyecto de desarrollo que esté sustentado en una alianza estratégica entre los sindicatos y el empresariado nacional, y orientado a la defensa y desarrollo “del trabajo y de la producción nacional”

La declaración de la mesa de los 100 expresa el intento de consolidación de esta alianza estratégica. Aquí su texto:

 

1.      “Manifestamos nuestro apoyo a la política de normalización en las relaciones con el sector financiero internacional llevada a cabo por le Gobierno Nacional en la solución de los casos Repsol y Club de París, y continuada con la intención de honrar el 100% de la deuda externa en condiciones justas, equitativas y viables. La dignidad nacional es el límite.

2.      Eta normalización puede brindar beneficios a nuestro país en el área de las inversiones en infraestructura económica y social a fin de consolidar el modelo de fomento a la producción, el desarrollo de las empresas nacionales, el pleno empleo, la distribución del ingreso y la inclusión social.

3.      Alertamos sobre la actuación de grupos de interés que intentan que en el país vuelva a generarse un ciclo de alto endeudamiento externo y una economía que no responda a los intereses nacionales y que esté basada en la especulación financiera. Esperamos que nuestra clase política deseche estos caminos que, en principio, parecen fáciles y accesibles pero que terminan generando inevitablemente crisis económicas y sociales.

4.      Al mismo tiempo, repudiamos el fallo del juez Griesa sesgado a los intereses de los especuladores financieros y de la actuación de los fondos buitre. Su decisión implica un desprecio extraordinario a la realidad de las relaciones económicas y financieras internacionales. La conducta de los fondos buitre representa lo peor y más bajo de la especulación financiera, lo que hace más incomprensible el fallo del juez Griesa. Esperamos que la comunidad internacional continúe repudiando estas actuaciones e instrumente medidas para contribuir a la solución de este problema.

5.      Reivindicamos el acuerdo social como un instrumento imprescindible para el ordenamiento de la coyuntura y la elaboración de políticas de Estado que consoliden el modelo productivo y el desarrollo nacional.”



Internacionales

1. Las Naciones Unidas reconoce el matrimonio igualitario entre sus empleados

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, anunció el martes 8 de julio que el organismo reconocerá los matrimonios de sus empleados que se hayan llevado a cabo entre personas del mismo sexo. Y ello, aunque sean ciudadanos de un país que no reconoce este tipo de uniones. Un cambio radical de criterio, ya que hasta entonces Naciones Unidas definía el estatus marital de sus trabajadores según las normas de sus países de origen. La nueva norma, que se hizo efectiva el 26 de junio pero fue dada a conocer recién en la fecha citada, fue promovida y decidida por el propio secretario general, quien piensa que de este modo se ofrecerá “más igualdad para todos los empleados”. En este contexto, pidió “a todos los miembros de la familia de la ONU que se unan para rechazar la homofobia”. Además de la Argentina, pionera en la cuestión, el matrimonio entre personas del mismo sexo es legal solamente en otros 16 países: Holanda, Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, Suecia, Portugal, Islandia, Dinamarca, Francia, Brasil, Uruguay, Nueva Zelanda, el Reino Unido y Luxemburgo. En Estados Unidos y en México es legal sólo en algunos de sus
estados.


2. El Consejo de Seguridad de la ONU llama a un cese del fuego en la Franja de Gaza

El sábado 12 de julio el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hizo un llamado para poner fin al conflicto entre israelíes y palestinos en la Franja de Gaza. Los 15 integrantes del Consejo de Seguridad aprobaron una declaración en la que pidieron cesar la violencia, restaurar la calma y reanudar las negociaciones directas para lograr un acuerdo basado en la solución de dos Estados. El documento, sin embargo, no es jurídicamente vinculante. Las posiciones de la comunidad internacional están profundamente divididas respecto de los modos de enfrentar el conflicto israelí-palestino en la Franja de Gaza, así como en el juicio acerca de las principales responsabilidades en su avance. Tanto Hamas como el gobierno israelí mantienen sus posiciones al respecto, lo que hizo imposible mantener la tregua pedida un lapso mayor a la semana. La ONU no avanzó mucho más allá de las declaraciones del Consejo de Seguridad en sus esfuerzos por detener el conflicto, que sigue su curso.


3. 27 de septiembre de 2014 : EL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LAS NACIONES UNIDAS INVESTIGARA EL ACCIONAR DE LOS FONDOS BUITRE

Por 33 votos positivos, 5 negativos y 9 abstenciones, la comisión con sede en Ginebra aprobó la propuesta argentina. El canciller Héctor Timerman explicó en el recinto las consecuencias de las acciones de los buitres en la economía.


El canciller Héctor Timerman y el representante argentino Alberto D’Alotto llevaron adelante la posición argentina en Ginebra.
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas investigará la forma en la que actúan los fondos especulativos y cómo sus acciones afectan a los derechos humanos. Lo resolvió ayer el organismo internacional al aprobar una resolución vinculada con las actividades de los buitres. La iniciativa, propuesta por la Argentina y acompañada por 74 Estados, fue votada de forma afirmativa por 33 de los 47 países que integran el Consejo. Hubo 5 votos negativos y 9 abstenciones. “Los miles de millones que los fondos buitre se llevan del sur empobrecido se traducen en el cierre de escuelas, hospitales vaciados de medicamentos, en regimientos de familias hurgando en la basura para comer, en miseria sobre más miseria, inestabilidad política, caída de gobiernos, odio, inseguridad y violencia. Sabemos que tenemos que hacer algo para cambiar el statu quo, porque tenemos la certeza de que no van a parar hasta que nosotros les pongamos un freno”, dijo el canciller Héctor Timerman al hablar en la sede de la ONU en Ginebra.
Timerman y Alberto D’Alotto, representante permanente ante los organismos de Naciones Unidas en Ginebra, llegaron al salón “de los derechos humanos y de la alianza de las civilizaciones” a la una y media de la tarde de Ginebra. El recinto, cuya cúpula es una especie de cueva con estalactitas de todos los colores, hecho por el artista español Miguel Barceló, se fue poblando de los miembros de las delegaciones hasta que quedó completo. El embajador de Gabón, que ejerce la presidencia del organismo, bajó entonces el martillo y empezó la sesión, que sería la última de este año. Timerman tomó la palabra y presentó el proyecto sobre “las consecuencias de la deuda externa y las obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno goce de todos los derechos humanos, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales: las actividades de los fondos buitre”.
El Consejo es el principal órgano de Naciones Unidas encargado de los derechos humanos. Entre sus funciones está la de reforzar la promoción de los derechos humanos en todo el mundo y formular recomendaciones respecto de sus violaciones, sobre todo las graves y sistemáticas. Tiene 47 miembros elegidos por períodos de tres años entre todos los Estados que forman la Asamblea General de la ONU (la Argentina está ahora cumpliendo el mandato 2013-2015), pero quienes no integran el organismo pueden participar activamente en los debates, aunque no tengan luego derecho a voto. Por eso, la propuesta de la Argentina fue patrocinada por muchos más países de los que luego votaron. Si bien el esquema de apoyos fue similar al que se dio el 9 de septiembre en la ONU, cuando se aprobó la creación de un marco regulatorio para la reestructuración de las deudas externas, esta vez México, que se había abstenido, votó a favor, e Irlanda, que se había opuesto, se abstuvo.
La resolución aprobada ayer reconoce “el derecho soberano de todo Estado a reestructurar su deuda” y señala que esto “no debe verse frustrado ni obstaculizado por ninguna medida procedente de otro Estado”. Afirma que “la carga de la deuda contribuye a la extrema pobreza y el hambre y es un obstáculo para el desarrollo humano sostenible, la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el derecho al desarrollo y es, por ende, un impedimento grave para la efectividad de todos los derechos humanos”. También “condena las actividades de los fondos buitre por los efectos negativos directos que ejerce sobre la capacidad de los gobiernos de cumplir sus obligaciones en materia de derechos humanos”, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales y el derecho al desarrollo y reafirma que “las actividades de los fondos buitre resaltan algunos de los problemas del sistema financiero mundial y son una muestra del carácter injusto del sistema actual”.
Finalmente, el documento solicita al Comité Asesor (formado por 18 expertos internacionales) que prepare un informe sobre las consecuencias que la conducta de los buitres tienen sobre los derechos humanos y pide que ivestigue, recabe opiniones y aportes de Estados y organizaciones de todo el mundo, así como del experto independiente sobre deuda externa del Consejo, Cephas Luimia, quien ya dijo que el accionar de los fondos especulativos menoscaban la posibilidad de los gobiernos de garantizar el ejercicio de los derechos humanos de su población y señaló que en Africa se puso en peligro la posibilidad de llevar adelante políticas de desarrollo y de reducción de la pobreza.
Durante su intervención, el canciller manifestó que “estos fondos dedican parte de sus cuantiosas ganancias a construir espacios para proteger su despreciable conducta y que se pagan altos costos por enfrentarlos”. Y que la resolución que impulsaba debía leerse “en un contexto que establece dos bandos definidos, los gobiernos de los países preocupados por la defensa de los derechos humanos de sus habitantes, por un lado, y los fondos buitre, solamente ellos, por el otro. No es un enfrentamiento entre naciones, no es ni siquiera esta resolución una crítica a un sistema político o económico”. Recordó que, en 2002, el entonces ministro de Finanzas del Reino Unido y luego primer ministro Gordon Brown se refirió a la gravedad de la problemática de los buitres en una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas a favor de la infancia, donde dijo que “cada vez que un país tiene que defenderse en un caso legal (iniciado por los fondos especulativos) debe desviar una cantidad considerable de tiempo, atención y recursos que necesita dedicar a la reducción de la pobreza, a la salud y a la educación” y que se debía terminar con esa “práctica vergonzosa”.
Timerman destacó también que la sede de la ONU en Ginebra era un sitio donde muchas víctimas del terrorismo de Estado en la Argentina fueron escuchadas cuando casi no lo eran en ningún lado (antes era una Comisión de Derechos Humanos y no un Consejo) y dijo que ahora él denunciaba a los fondos buitre “que son los herederos de la última dictadura militar y representan sus intereses”.
Antes de someter el documento a votación, hablaron los representantes de Cuba, Brasil, Rusia, Venezuela, Pakistán y Argelia, quienes celebraron la propuesta de la Argentina, recordaron la votación del 9 de septiembre en Nueva York en la que se decidió la elaboración del marco jurídico para la reestructuración de deudas soberanas y hablaron de la necesidad de modificar el sistema financiero internacional.
El presidente del Consejo preguntó si algunos miembros del organismo estaban interesados en justificar el voto y, como en una subasta, enseguida se levantaron varias manos con los carteles de los países: México, Italia, Francia, Reino Unido y los Estados Unidos.
México tomó la palabra para, implícitamente, justificar su cambio de posición, ya que, aunque se abstuvo a la creación de un marco regulatorio multilateral, ayer anticipó que iba a votar a favor “como una muestra de solidaridad con la Argentina” y porque “es preocupante el efecto que los fondos buitre tienen en la posibilidad de afectar derechos”.
Estados Unidos rechazó la resolución. Al argumentar su decisión dijo que le parecía que el Consejo de Derechos Humanos no era el foro para discutir ese tema y que los debates sobre la deuda deben ser “técnicos”. Lo mismo hizo Inglaterra, pero llamó la atención que su representante mencionó que ya se estaba trabajando en la ONU en un marco regulatorio para la reestructuración de la deuda, ya que votó en contra de esta decisión también en la Asamblea General. Japón, Alemania y República Checa completaron los votos negativos, mientras que otros países de la Unión Europea, como Italia y Francia, se abstuvieron.
Luego de que el resultado apareciera en la pantalla, el canciller atravesó la sede de las Naciones Unidas, desde el edificio donde está el Consejo –construido a finales de los años ’60– hasta el neoclásico palacio de principios de los años ’30, levantado para albergar la sede de la Sociedad de las Naciones, la antecesora de la ONU. En la sala de prensa del organismo, Timerman dijo que la Argentina estaba “orgullosa de haber logrado una victoria a favor de los derechos humanos y de condena a los fondos buitre” y que, junto con la votación en la Asamblea General en Nueva York sobre los procesos de reestructuración de deuda, era un “hecho histórico”. Señaló que, si bien no alcanza con condenar o investigar, el país espera que estas decisiones de los organismos internacionales terminen en la limitación de las acciones de los fondos de especulación: “Lo de hoy no es el fin, el fin va a ser cuando terminemos con esta escoria”.


4. PARA AMNISTIA INTERNACIONAL, EN MEXICO LA IMPUNIDAD ES UNA CONSTANTE.

La organización humanitaria sostiene que la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa no es un caso aislado: forma parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos de los últimos años.



Peritos trabajaron en una zona de Iguala donde el mes pasado se encontraron fosas clandestinas.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, no reconoce la crisis humanitaria que atraviesa su país. Con estas duras palabras, Amnistía Internacional (AI) cuestionó ayer al mandatario por calificar de “intentos de desestabilización” las protestas por la de-saparición de los 43 normalistas y por ignorar la cifra de desaparecidos en los últimos años.
“La afirmación del presidente pone en evidencia que su administración continúa sin reconocer la grave crisis de derechos humanos que enfrenta México y que en los últimos años la falta de acceso a la Justicia y la impunidad ante violaciones graves a los derechos humanos ha sido una constante”, indicó el organismo en un comunicado.
De acuerdo a AI, la represión policial y la violencia de los narcotraficantes sufridas por los estudiantes de Ayotzinapa –que dejaron un saldo de seis muertos, 25 heridos y 43 desaparecidos– no son hechos aislados, sino parte de un contexto de violaciones graves a los derechos humanos.
El sábado, apenas llegado de su gira por China y Australia, Peña Nieto advirtió que estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario. “Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen, y que sea aplicada la ley en todos sus términos, no puede ser a través de actos de violencia y vandalismo y más cuando afectan a terceros”, dijo.
El mandatario advirtió que su gobierno no dejará de agotar toda instancia de diálogo, acercamiento y apertura para evitar el uso de la fuerza para restablecer el orden. Por ello, aseguró, aspiraba a que no sea el caso de que el gobierno tenga que llegar al “extremo” de hacer uso de la fuerza pública.
El pronunciamiento de AI agregó que las afirmaciones presidenciales parecen “ignorar el elevado número de personas desaparecidas en el país, que de acuerdo a cifras oficiales son 22.000 y que la práctica de tortura se ha elevado en un 600 por ciento”. A esto se suman las medidas poco efectivas para la búsqueda de personas. “(Peña Nieto) muestra una vez más la falta de compromiso de su gobierno para hacer frente a la situación que se vive en el país, marcando una tendencia a la criminalización de las demandas de justicia y la manifestación libre de ideas, derechos que, lejos de de-sestabilizar, son la piedra angular de una sociedad democrática”, afirmó Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México.
“Los hechos han rebasado ya los compromisos verbales. Es momento de que el presidente reconozca la grave crisis de derechos humanos que ha atravesado México en los últimos años y que su administración no ha logrado combatir la impunidad en el país”, añadió.
Sin embargo, AI no es el único organismo que viene alertando sobre la situación en México. En 2013, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidos había realizado una serie de recomendaciones al país para mejorar su historial en derechos humanos. En tanto, AI había llamado en marzo al gobierno de Peña Nieto a pronunciarse claramente sobre los compromisos en materia de derechos humanos y a garantizar la búsqueda de víctimas de desaparición. Además, le había pedido que llevara a los responsables ante la Justicia, incluyendo a los funcionarios públicos que pudieran estar implicados en desapariciones forzadas.
A principios de mes, la organización humanitaria afirmó que las líneas de investigación de la desa-parición forzada y ejecuciones extrajudiciales llevadas adelante por la Procuraduría general eran limitadas e incompletas, además de estar acompañadas de funcionarios que se rehusaban a cuestionar la connivencia entre el Estado y el crimen organizado en lo que refiere a la violación de derechos fundamentales. “Trágicamente, la desaparición forzada de los estudiantes es sólo el último de una larga serie de horrores que han sucedido en el estado de Guerrero y el resto del país. La corrupción y la violencia como señales de advertencia han estado allí para que todos las vean desde hace años y los que negligentemente las han ignorado son ellos mismos cómplices de esta tragedia”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.
El procurador general Jesús Murillo Karam evitó mencionar la negligencia y la complicidad estatal en la investigación de una serie de denuncias contra el ahora detenido alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y el hecho de no llevar a la Justicia a los integrantes de la policía federal y local involucrados en el asesinato y la tortura de otros estudiantes de Ayotzinapa en 2011.
Abarca, quien es el principal sospechoso de la desaparición forzada de los estudiantes, es también sospechoso de cometer actos de corrupción y otros delitos graves. En junio de 2013, el sobreviviente de un ataque a ocho activistas locales, en el que tres personas murieron, informó que el alcalde había participado directamente en los asesinatos. El sobreviviente proporcionó una relación detallada que se le entregó a un notario público, debido a los temores sobre la connivencia de la policía. Sin embargo, la fiscalía no llevó a cabo ninguna investigación sobre las reclamaciones, indicó AI.
“Cualquier investigación iniciada ahora por el Procurador General llegará demasiado tarde. Si se hubieran realizado investigaciones exhaustivas sobre las denuncias contra el alcalde de Iguala y la policía federal y local cuando se produjeron otras violaciones graves de los derechos humanos, tal vez estos terribles asesinatos y desapariciones forzadas no hubieran tenido lugar”, sostuvo Guevara.


5. El sábado 6 de diciembre la ONU aprueba la creación de un Comité que redacte el marco regulatorio multilateral sobre deuda soberana.

Por 128 votos a favor, 34 abstenciones y sólo 16 votos en contra, Argentina avanzó en el mecanismo con el que se debatirá y creará el texto destinado a limitar los abusos de la especulación financiera. La resolución aprobada en las Naciones Unidas cumplió así con el mandato de la Asamblea General votado en septiembre, cuando se estableció la necesidad de sancionar la estructura legal que ponga límite a los abusos de los fondos especulativos. El texto aprobado establece “la creación de un comité especial abierto a la participación de todos los Estados miembros y observadores de las Naciones Unidas, que elabore, mediante un proceso de negociaciones intergubernamentales y con carácter prioritario en su sexagésimo noveno período de sesiones, un marco jurídico multilateral para los precesos de reestructuración de la deuda soberana con miras a, entre otras cosas, aumentar la eficiencia, la estabilidad y la previsibilidad del sistema financiero internacional y lograr un crecimiento económico sostenido, inclusivo y equitativo y el desarrollo sostenible, de conformidad con las circunstancias y prioridades nacionales”.
Este comité celebrará por lo menos tres reuniones, de cuatro días hábiles cada una, en los meses de enero, mayo y junio/julio de 2015. Funcionará en la sede de la ONU en Nueva York e invitará a participar tanto a sus países miembros como a organizaciones no gubernamentales e intergubernamentales, instituciones académicas y entidades del sector privado. Entre ellas el FMI y el Banco Mundial.
Entre los países que votaron en contra de la resolución se encuentran los principales accionistas del FMI: los EE.UU., Canadá, Alemania, Gran Bretaña e Israel. La posición argentina, en cambio, fue consensuada y apoyada por el G-77 más China, grupo que incluya a la mayor parte de los países de América Latina, el Caribe y África, entre otros.


6. “Los fondos buitre hacen el trabajo sucio”

Con experiencia en pesquisas sobre lavado y dictadura, y también en la complicidad de la banca suiza con el robo nazi de bienes pertenecientes a víctimas judías, Ziegler acaba de ser designado al frente del grupo que debe investigar el accionar de los fondos buitre para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.


Jean Ziegler es el jefe del grupo de trabajo designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para investigar los fondos especulativos.

Por Martín Granovsky

Los tiempos son rápidos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU condenó hace 10 días a los fondos buitre y ordenó una investigación. El último jueves ya había designado al jefe del grupo de trabajo formado por cinco de los 18 miembros de su Comité Consultivo. Es Jean Ziegler, el jurista, sociólogo y político suizo que alcanzó un gran prestigio en todo el mundo cuando denunció los negocios de la banca de su país con dinero y bienes robados por los nazis a los judíos.

Experto en lavado, denunciante del secreto bancario suizo en favor de dictadores como el zaireño Mobutu, Ziegler tiene 80 años cumplidos en abril. Siempre estuvo vinculado a trabajos en favor de los derechos humanos en la ONU y entre 2000 y 2008 fue relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.

Página/12 lo entrevistó telefónicamente cuando en Ginebra ya era la noche del viernes.

–El sobreendeudamiento de muchos países del Hemisferio Sur hace que periódicamente deban renegociar su deuda pública –comentó Ziegler sobre los fondos buitre–. La banca mundial incluso creó mecanismos de negociación colectiva. Pero siempre en estos casos de deuda soberana hay un actor que rechaza negociar y luego plantea la urgencia por cobrar. Son fondos y grupos financieros y especulativos.

–¿Los fondos compran antes por sistema?

–Sí. Siempre compran antes.

–Pero con el arreglo casi terminado, como para estar seguros de tener un caso.

–Y después piden el 100 por ciento de la acreencia en las condiciones en las que ellos fijen, más allá del acuerdo colectivo que haya alcanzado el país deudor.

–Así funcionan. Pero el punto ahora es que se convirtieron en un asunto para el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Cuál sería la violación de los derechos humanos?

–Producen de manera directa o indirecta la vulneración de derechos sociales y culturales de los países. A la Argentina la afectan los fondos buitre, y eso que es un país relativamente grande y está en condiciones de defenderse. Imagínese lo que les ocurriría a países más débiles. Una catástrofe. Pero incluso para la Argentina, si después de los fallos de la Justicia norteamericana pagara todo tal cual quieren los buitres, significaría que debería compensarlo con la reducción de gastos del Estado. ¿De dónde saca los fondos, sea cual sea el monto? ¿De las escuelas? ¿Del sistema de salud? ¿De los planes de vivienda? La población sufrirá en alguna medida, de modo más severo o menos severo, cualquier reducción provocada por el ataque de los fondos buitre, más aún cuando no se trata solo del pago sino de la cifra que podría acarrear ese pago en términos de violación del acuerdo con la mayoría de los bonistas que sí acordaron con el Estado argentino. No es una nimiedad que el Consejo de Derechos Humanos haya decidido condenar e investigar a los fondos buitre.

–¿Por qué?

–Son 47 Estados miembro designados por la Asamblea General. Y el propio Consejo tiene la misión de analizar situaciones de violación de los derechos humanos y de hacer recomendaciones. En el fondo el objetivo siempre es velar por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y su vigencia en los 193 Estados de la ONU. En este marco es muy importante que, por primera vez, el tema de los fondos buitre sea tratado no solo desde el punto de vista de las finanzas internacionales, donde los Estados Unidos tienen un gran peso, sino desde el ángulo de los derechos humanos. Es un gran avance consolidar el principio de que cualquier reducción de recursos estatales debida a la acción de fondos especulativos como los buitres atenta contra el desarrollo y supone un sufrimiento para los trabajadores del país endeudado. ¿Acaso ese sufrimiento no es una violación de los derechos del hombre? La Argentina es un país con experiencia en la cuestión de los derechos humanos. Hoy su país ejerce la vicepresidencia del Consejo. Pero además la Argentina tiene en Ginebra un representante que es un hombre extraordinario y de gran prestigio. Coordina también el grupo de Estados latinoamericanos. Es verdad que el canciller Héctor Timerman vino a Ginebra para el debate y la votación de condena a los fondos buitre. Sin embargo, nada de eso hubiera sido posible sin el trabajo de formación de alianzas que consiguió sobre la base de su prestigio el embajador Alberto D`Alotto. Recuerde que de 47 Estados votaron a favor los países árabes, los africanos, los latinoamericanos y prácticamente todos los países asiáticos. Para todos ellos, la economía no termina, ni mucho menos, con el principio de libertad de comercio. También recuerde que votaron en contra solo cinco países: los EE.UU., Gran Bretaña, Alemania, Japón y la República Checa, que es un país pronorteamericano habitual en la ONU. Mire, conozco estos temas. No empecé ayer.

–Usted fue diputado federal suizo hasta 1999.

–Mucho tiempo, sí. Presidí la Comisión de Asuntos Exteriores. E investigué mucho el sistema financiero y conozco la corrupción de los bandidos bancarios helvéticos.

–¿Los fondos buitre son parte del corazón bancario o un fenómeno externo?

–Dicho sin ninguna hipocresía, los fondos buitre son grupos financieros que constituyen el punto más alto y la quintaesencia del bandidismo bancario. No son fondos de inversión ni están sujetos a reglamentos internacionales. Son fondos no registrados, fuera de la legalidad internacional, multilateral, binacional y en muchos casos fuera de la legalidad nacional. Todo lo que le digo naturalmente deberemos probarlo, y me propongo hacerlo. Deberemos contar cómo los fondos toman sus riesgos y asumen la posibilidad de perder centenas de millones porque trabajan con la seguridad de que habitualmente terminan con un triunfo. El asunto es quién está detrás de ellos.

–¿Quién está detrás de los fondos buitre, en su opinión?

–Es muy probable que detrás de ellos esté la gran banca, como Goldman Sachs o la Unión de Bancos Suizos. Tal vez quieran presionar sin aparecer.

–¿Por qué motivo piensa en una hipótesis como esa?

–Porque es obvio que ante un país como la Argentina, los grandes bancos quieren seguir participando de las relaciones comerciales, del negocio financiero y de las inversiones. Es un país potencialmente poderoso dentro de una región que creció mucho. Como en todo, existe una división del trabajo.

–¿Qué hacen los fondos buitre dentro de la división del trabajo?

–El trabajo sucio. Por ejemplo, combatir al Estado argentino en la Justicia norteamericana. Estoy convencido de que no son especuladores aislados sino una creación de las oligarquías financieras. Son parte importante del capitalismo financiero mundial. Asumen la tarea específica de combatir a los Estados soberanos en las reestructuraciones de deuda. Pero, le repito, los grandes bancos no quieren abandonar el negocio habitual. Desean seguir operando. Investigaremos todo lo que le estoy diciendo. Por eso fue tan importante no solo que la resolución fuese aprobada por la mayoría del Consejo sino por una mayoría importante. La condena fue fundamental.

–Y la resolución también incluyó el mandato de investigar.

–Claro. Recayó en el Comité Consultivo que yo integro. Su función se entiende de manera muy sencilla. Los embajadores y embajadoras en Ginebra no tienen la especialización en derechos humanos de Alberto D’Alotto. Vienen de otros destinos y quizás no estudiaron algunos temas en profundidad. Por ese motivo se apoyan en quienes sí somos especialistas, por nuestra formación y nuestra experiencia. Somos 18 personas de distinto origen universitario y nacional. El Comité Consultivo actualmente lo preside un argentino, Mario Coriolano. Ahora debemos organizar la investigación y ponerla en marcha pero el poder final siempre lo tendrá el Consejo de Derechos Humanos integrado por los embajadores y embajadoras.

–¿Cuáles serán los pasos de la investigación?

–El Comité Consultivo me designó jefe a mí y yo convocaré un pequeño grupo de trabajo de expertos. Cada uno tiene sus ideas políticas, y me incluyo, pero el informe será científico. No estamos frente a una investigación política. Deberemos profundizar una investigación de las consecuencias que tuvo el accionar de los fondos buitres sobre la Argentina, claro, pero también sobre Grecia o sobre el Congo. Tendremos que investigar la estrategia de esos fondos y su posible efecto de vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales.

–Una vez que el Comité Consultivo aprueba el informe del grupo de trabajo que usted encabeza, deberá aprobarlo el Consejo de Derechos Humanos.

–Ellos tienen la última palabra, por supuesto. Examinarán nuestro informe y aceptarán o no las conclusiones. O pedirán, si lo creen conveniente, una investigación suplementaria. Cuando el informe final sea aceptado estaremos frente a una nueva batalla en el Consejo de Derechos Humanos. Hay que estar preparados porque las presiones serán muy fuertes y la pelea será mayor que cuando el Consejo votó la condena en septiembre.

–¿Cómo se desplegaría esa disputa?

–Discutirá cada término del informe y en ese momento cada país tendrá en cuenta su visión de qué puede suceder en caso de que sea aprobado. No olvidemos que la investigación puede demostrar que la acción de los fondos buitre provoca violaciones a los derechos humanos o viola la autodeterminación de los pueblos y su derecho al desarrollo. Si eso queda constatado los fondos podrían ser condenados por su ilegalidad y combatidos por el Derecho Internacional. El Consejo podría sugerir, por ejemplo, la disolución de los fondos buitre o, como mínimo, el establecimiento de un registro sujeto a reglas internacionales.

–¿Cuál sería el nivel de aplicabilidad?

–Lo ideal sería que el Consejo de Seguridad asumiera el tema como propio, porque el capítulo 7 de la Carta de la ONU examina qué hacer frente a amenazas contra la paz y contra la seguridad internacional.

–Supongamos que, eventualmente, los Estados Unidos o el Reino Unido ejercen su poder de veto.

–Entonces quedarán en pie tanto la resolución de la Asamblea General como la denuncia pública, y fundamentada, del Consejo de Derechos Humanos. Alguno dirá: “Solo tiene poder moral”. ¿Pero sabe qué sucede? El poder moral es muy grande en estos casos, porque la ONU no suele discutir temas financieros, de modo que cuando los discute es que ya se alcanzó un nivel de intensidad muy alto. Y una condena tiene influencia no solo en la FAO sino en organismos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y otras instancias multilaterales. Por eso le decía que la batalla que vendrá cuando terminemos el informe será dura. Para ese momento sería bueno que en el mundo hubiera comenzado una movilización de organizaciones no gubernamentales y una expresión de intelectuales de peso. El caso argentino debe producir un fenómeno pionero y ejemplar. Es un tema de principios. Los derechos colectivos y los derechos humanos individuales son prioritarios frente al salvajismo del mercado. Finalmente es una cuestión de civilización, ¿no le parece?

7. 14 de noviembre de 2014. MEDIA SANCION A LA DECLARACION DE INTERES PUBLICO PARA LA AGRICULTURA FAMILIAR

El proyecto votado esta semana en la Cámara de Diputados se plantea como una “reparación histórica” para más de 200 mil agricultores. Define a la tierra como un bien social y establece pautas para posibilitar el acceso de pequeños agricultores.



Las dos terceras partes de las unidades productivas están en manos de pequeños agricultores.

Por Sebastián Premici (para Página 12)

“Declárase de interés público la Agricultura Familiar (AF), Campesina e Indígena por su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria del pueblo, por practicar y promover sistemas de vida y de producción que preservan la biodiversidad y procesos sostenibles de transformación productiva.” El miércoles por la tarde, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto Reparación histórica de la AF para la construcción de una nueva ruralidad, que ahora deberá ser abordado por el Senado. En la Argentina, aproximadamente el 66 por ciento de las unidades productivas (218.868) corresponden a este sector de la economía. La norma contempla un capítulo especial que define a la tierra como “un bien social” y establece las pautas para que el Poder Ejecutivo permita el acceso a este recurso natural por parte de los agricultores familiares, campesinos e indígenas. También se creará un banco de tierras para ser adjudicadas en forma progresiva. De convertirse en ley, deberán suspenderse los desalojos por tres años.
“Es indispensable abordar la AF con un diseño socioeconómico y territorial equilibrado con el mundo urbano y generando condiciones más justas de desarrollo. Es indudable el rol que cumplen estos actores en nuestras provincias, el país y en la economía del Mercosur”, puede leerse en los fundamentos del proyecto.
El tratamiento en el recinto llegó luego de un articulado trabajo entre las distintas organizaciones que formaron parte de su redacción. A la cabeza estuvo la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar (Fonaf), el Foro de Universidades para la Agricultura Familiar, el INTA, la flamante Secretaría de Agricultura Familiar, el Movimiento Nacional Campesino Indígena, el Frente Nacional Campesino, las organizaciones de la Mesa de Agricultura Familiar e incluso organizaciones pertenecientes a la Federación Agraria.
La articulación política estuvo presidida por la diputada santafesina Claudia Giaccone (FpV) y el formoseño Luis Basterra (FpV), presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados.
“Hace falta que seamos dueños de la tierra en la que trabajamos, que contemos con el título de propiedad que heredamos de nuestros ancestros. Además de la escrituración, proponemos la conformación de un banco de tierras fiscales. Luego hace falta infraestructura para contener el agua a través de estanques, represas, minidiques y perforaciones, y así poder transportar el agua a las huertas, las quintas o como bebida para los animales”, sostuvo Miguel Fernández, presidente del Fonaf.
Las adjudicaciones de tierra se realizarán en unidades económicas familiares, que deberán definirse según los tipos de explotación, la infraestructura regional, la capacidad productiva de la tierra, la cantidad de integrantes del grupo familiar y la situación jurídica dominial de cada uno de los agricultores.
El régimen de reparación histórica contempla una serie de instrumentos de promoción para mejorar la sanidad agropecuaria, y habrá descuentos impositivos progresivos para aquellos agricultores que apuesten por el “agregado de valor en origen”. También se promoverá la creación de un seguro integral “destinado a mitigar los daños y pérdidas sufridas por fenómenos de emergencia o catástrofe, accidentes laborales, pérdida o robo de animales”. En cuanto a la política crediticia, la autoridad de aplicación deberá trabajar con el Banco Nación para la “creación de líneas de crédito específicas, con tasas de interés subsidiadas y garantías compatibles con las características de la actividad”.
“Los créditos de un monto de hasta diez (10) canastas básicas tendrán como requisitos exigibles al productor estar inscripto en el Renaf, en el Monotributo Social y contar con un plan de inversión avalado técnicamente por algún organismo nacional o provincial”, puede leerse en el inciso 6 del artículo 32.
“Se trata de reconocer a la agricultura familiar su condición de partícipe central de la estructura agropecuaria nacional, habitante y actor productivo del territorio rural, principal generador de empleo agropecuario, dinamizador de las economías locales, integrante de comunidades y tramas socioterritoriales, y constituyente insoslayable del paisaje cultural de las regiones del país”, explicó la diputada Giaccone.
La norma también impulsa la realización de ferias locales para acercar al productor con el consumidor y creará el Centro de Producción de Semillas Nativas en colaboración con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de Semillas, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la población.
La norma ya fue girada a la Cámara de Senadores. Como primer paso, los integrantes de la Fonaf mantendrán una reunión con el presidente del bloque del FpV, Miguel Angel Pichetto.

8. Informe sobre las prácticas de tortura de la CIA ante la Comisión de Inteligencia del Senado estadounidense.

Un informe del Senado de Estados Unidos presentado el 10 de diciembre desnudó y condenó duramente las prácticas de la CIA, acusando al organismo de torturar a presuntos islamistas y mentir a los estadounidenses. Elaborado tras una larga recopilación de documentos y testimonios, el informe aborda los procesos de interrogatorio a sospechosos y miembros de Al Qaeda retenidos en instalaciones secretas en Europa y Asia en los ocho años posteriores a los atentados del 11 de septiembre de 2001. La comisión divulgó un resumen de 500 páginas que reúne los principales hallazgos y conclusiones que conforman la investigación total, que tiene 6.700 páginas.

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