La Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (FALGBT) firmó un acuerdo con la CGT

El viernes 8 de noviembre la Confederación General del Trabajo y la FALGBT firmaron un Acuerdo Marco con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para las personas LGBTI, favorecer un ambiente laboral de inclusión para la diversidad y, erradicar la discriminación por motivos de orientación sexual y/o identidad y/o expresión de género en el contexto laboral y en el ámbito sindical.

El plan marco se basa, entre otros, en “la promoción de acciones que favorezcan la incorporación de personas LGBT en las empresas u organizaciones cuyos trabajadores/as se desempeñen en actividades laborales afines a la organización sindical”; “la creación de la figura del/la delegado/a sindical representante de trabajadores/as LGBT, a fin de que éstos y éstas cuenten con referentes para ayudarlos/as a enfrentar cualquier conflicto vinculado a cuestiones de orientación sexual y/o identidad y/o expresión de género” y “el asesoramiento y colaboración en la elaboración de materiales y cursos de formación para promocionar la incorporación de personas LGBT a la actividad sindical, las candidaturas sindicales y el empleo sindical”.

El acuerdo fue suscripto por Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT, y Carlos Barbeito Secretario de Derechos Humanos de la CGT en representación de la Confederación General del trabajo. El acto contó con la presencia de representantes de la Federación LGBT y el apoyo de distintas organizaciones, entre ellas, el Sindicato de Trabajadores de Comercio (SEC), la Asociación del Personal Legislativo (APL), la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQyPRA), la Asociación Obrera Textil de la República Argentina (AOTRA), la Unión Obrera Molinera Argentina (UOMA) y el sindicato de trabajadores de Aduana (SUPARA) entre otros.

Carlos Barbeito consideró que con la celebración del acto se está abriendo un camino y derribando muros en una franca avanzada hacia un cambio cultural en la Argentina. Al respecto Esteban Paulón, presidente de la FALGBT expresó “hoy es un día de una enorme alegría. Este convenio significa un punto de inicio muy importante para las acciones hacia espacios laborales libres de discriminación, desafío que encararemos junto a la Confederación General del Trabajo de la República Argentina. Agradecemos enormemente a la CGTRA la confianza depositada en nuestra Federación para trabajar en conjunto.”

La FALGBT y la CGTRA comparten el compromiso social de trabajar por el respecto y la promoción de los derechos humanos, la inclusión social, el respecto a las libertades individuales, el trato igualitario, la no discriminación hacia las personas bajo pretexto de su orientación sexual, identidad y/o expresión de género, o que viven con VIH y, en general, por todos aquellos objetivos que signifiquen nuevos o mayores derechos para las personas LGBTI y la inclusión de la diversidad en general.

‘Se Trata de Personas’, muestra y Mesa debate sobre la problemática de trata de personas

La Subsecretaría de Promoción de Derechos Humanos, la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y la Secretaría de Derechos Humanos de SADOP realizaron una Mesa Debate sobre Trata de Personas conjuntamente con la presentación de la muestra itinerante“Se trata de personas”. El encuentro se realizó en el marco de la Red Sindical de Derechos Humanos el martes 12 de noviembre.
Participaron del panel, Carlos Pisoni, Subsecretario de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Carlos Barbeito, Secretario de Derechos Humanos de la CGT; la Directora General de la Fundación María de los Ángeles ,Andrea Romero; la Coordinadora de la Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de Comercio Sexual del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Lic. en Ciencias Políticas Chantal Stevens; la Coordinadora del Programa Nacional de Rescate de Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Lic. Zaida Gatti y el Secretario General de SADOP, Dr. Mario Almirón.
La mesa se inició con la palabra Carlos Pisoni, Subsecretario de Promoción de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, quien marcó el rol de los docentes y la necesidad de llevar la problemática a las aulas: “Una gran parte de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son menores. Por lo que hay que discutir con ellas, prevenirlas, contarles cómo se inician estas redes y cómo pueden conseguir engañarlas”. A su vez, Pisoni trazó un paralelismo con la última Dictadura Militar: “Salvando las enormes diferencias, las similitudes van desde los grupos y redes, la participación de distintos poderes del Estado, hasta el secuestro, la denigración y el trato inhumano a personas… Y que, al día de hoy, continúan desaparecidas”.
Por su parte, el Secretario de Derechos Humanos de la CGT, Carlos Barbeito, se remitió a la explotación sexual de personas como el “crimen más aberrante”, y amplió el universo de la trata a los trabajadores explotados. “Las organizaciones sindicales estamos cruzadas por este tema, porque estamos frente a casos de Trata de Personas cuando, por ejemplo, en los talleres de costura se encuentran hombres, mujeres y menores en situación de esclavitud”.
“Como docentes no solo debemos difundir la información, sino también generar valores, en nuestros alumnos y en la comunidad, de respeto a la mujer, de no discriminación y estigmatización social. Y poner en claro que el que paga por sexo también está facilitando –de alguna manera– la comisión de este delito y estas estructuras”, señaló Almirón al cierre de la mesa en la que se inauguró la muestra itinerante “Se Trata de Personas”.

Encuentran documentos claves de la Junta Militar del Proceso

El Ministro de Defensa, Jorge Rossi, anunció el hallazgo de numerosos documentos oficiales, sobre diversas cuestiones vinculadas con el accionar político, económico y sobre el terrorismo de estado ejercido por la Junta Militar del Proceso. Los documentos hallados incluyen 280 actas secretas, que van desde el 24 de marzo del ‘76 hasta el 10 de diciembre del ’83 de la Junta Militar que tiranizó la Argentina entre esos años. Se trata de actas originales, firmadas por los secretarios generales de cada una de las Fuerzas. Cada carpeta incluye una planilla de los temas que se trataban, con las posiciones que tenían cada una de Fuerzas y un índice temático alfabético.

El ministro las calificó como de enorme valor histórico, detallando que podrían arrojar luces sobre algunos episodios no suficientemente explicados de esa etapa. Los documentos estaban en dos cajas fuertes, dos armarios y una estantería, en un sector abandonado del edificio Cóndor, sede de la Fuerza Aérea, y fueron comunicadas a las autoridades del Ministerio por el Jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Brigadier Mayor D. Mario Miguel Callejo.

Por primera vez, se logra acceso a documentos que cubren el periodo completo del régimen militar. El hallazgo incluye actas que tratan el tema de los desaparecidos: cómo abordar el tema en público y ante medios de comunicación, con qué término referirse a ellos, y también información sobre requerimientos de organizaciones internacionales y familiares. Una carpeta analiza listas negras de 330 intelectuales, comunicadores sociales y artistas, clasificados según su nivel de 'peligrosidad' para la sociedad.

Se espera que las actas arrojen luz sobre uno de los periodos más oscuros de la historia argentina, en el que miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y/o desaparecidas. También se espera que los documentos tengan utilidad y valor jurídico en causas que continúan abiertas en la justicia argentina. Una expectativa particular radica en su capacidad probatoria en el caso de Papel Prensa, entregada por la Junta Militar a los diarios Clarín y La Nación, en una venta fraguada realizada en 1976, valiéndose de la situación de vulnerabilidad de sus dueños, que estaban secuestrados y torturados, y que eran interrogados con cuestionarios elaborados con la complicidad de los futuros apropiadores.

Algunos demuestran que, para la Junta Militar, el tratamiento del secuestro de los familiares e involucrados en el caso Graiver, se debía analizar junto con el tema de la entrega de Papel Prensa a Clarín y La Nación. La existencia de varias actas, en las que se repiten estas circunstancias, demuestra que ambos temas eran absolutamente importantes para la dictadura, y estaban directamente vinculados entre sí.

Tras dar a conocer ayer el hallazgo, el ministro de Defensa anunció que ordenó intensificar la búsqueda de ese tipo de documentos en lugares de tránsito y uso no habitual de las sedes de las Fuerzas Armadas. Se abre la expectativa de un cambio de actitud de sectores militares, que permita romper el pacto de silencio e impunidad que todavía parece existir en el seno de las fuerzas, para avanzar en desentrañar cuestiones imprescindibles para consolidar el proceso de memoria, verdad y justicia, como las complicidades civiles, el destino de los desaparecidos, y la información necesaria para ubicar un importante número de niños secuestrados y privados de su identidad, que las Abuelas de Plaza de mayo buscan incansablemente desde hace muchos años.

IMPA en peligro de desalojo

Industrias Metalúrgicas y Plásticas Argentina (IMPA), es una de las principales empresas recuperadas del país. Es la referencia más importante de las empresas recuperadas de la Ciudad de Buenos Aires, por su papel en la conformación y el desarrollo del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y por su importancia productiva. IMPA es la segunda empresa de aluminio del país en facturación, procesa y comercializa aluminio en sus fases de fundición, laminación, extrusión e impresión.

Desde 1998 es mantenida en funcionamiento por sus trabajadores, agrupados en una cooperativa de trabajo. La cooperativa impulsa un modelo basado en los conceptos de Lucha, Trabajo y Cultura, que es único en el mundo. Este modelo combina la producción con las actividades de un Centro Cultural, un Bachillerato Popular, y la Universidad de los Trabajadores. En el mundo hay experiencias de centros culturales en fábricas abandonadas, pero en IMPA conviven producción y cultura, y numerosos proyectos para la comunidad, que incluyen una radio y un canal de TV digital.

En Abril de 2008, dos acreedores iniciaron acciones legales contra la cooperativa, argumentando falta de voluntad de pago de las deudas existentes. El juez Héctor Vitale declaró la quiebra y ordenó el desalojo. Previo a eso IMPA sufrió un desalojo intempestivo, durante el cual se llevaron presos a trabajadores. Cuando la cooperativa vuelve a ocupar la fábrica, el juez comercial obliga a Edesur a cortar el suministro eléctrico. Desde esa época trabajan con la energía de un generador propio.

En ese momento trabajaban en el lugar 180 trabajadores, 250 trabajadores docentes y de la cultura. La actividad social del lugar incluía a más de 500 alumnos cursando cuatro profesorados, con un bachillerato de más de 10 años de historia, con docentes que trabajan sin cobrar salarios, con una intensa actividad cultural accesible al público, talleres culturales, un centro de salud. A partir de entonces las vicisitudes judiciales de la cooperativa fueron numerosas, pero los 85 trabajadores de IMPA, en articulación con otros trabajadores, vecinos y movimientos sociales, ocuparon la planta y continúan con la producción.

Un reciente fallo de la Corte Suprema coloca en una situación muy difícil la continuidad de este proyecto. Luego del fallo del juez de primera instancia, los trabajadores apelan la decisión, y el trámite continúa en la Cámara correspondiente, cuya fiscal era la actual Procuradora General de la Nación, doctora Gils Carbó. La fiscal rebatió el principal argumento del juez, brindando un detallado informe sobre los trabajadores involucrados y consideró que IMPA era una organización de utilidad pública. En medio de un escándalo, la Cámara dio la razón al juez, e IMPA presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema, agregando el dictamen de Gils Carbó.

La Corte Suprema rechazó la presentación y, aunque no ordenó el desalojo, la posibilidad siempre está latente, porque existe un juicio de quiebra de por medio. Agotada esta vía, los trabajadores están trabajando para acelerar la presentación de un proyecto de ley para la expropiación definitiva de la fábrica en la legislatura porteña. Están en una campaña de búsqueda de adhesiones y, mientras tanto, extreman las medidas de seguridad. En el proyecto de ley se intentará obtener la expropiación definitiva.

El 4 de noviembre, en la Rioja, se inició el juicio por el asesinato del Obispo Angelelli

El 4 de agosto de 1976, Monseñor Enrique Angelelli, en ese momento obispo de La Rioja, regresaba desde la ciudad de Chamical a la capital de la provincia, tras participar de una misa en memoria de dos sacerdotes asesinados que pertenecían a su diócesis, los padres Carlos Murias y Gabriel Longueville.

Angelelli conducía una camioneta Fiat 125 Multicarga y viajaba en compañía del sacerdote y amigo personal, Arturo Pinto, cuando, según testigos y el mismo Pinto, un automóvil de color blanco se cruzó por delante de la camioneta provocando su vuelco.

Producto de los tumbos dados por el vehículo, Angelelli salió despedido , en tanto que Pinto quedó dentro de la camioneta con diversas heridas. Posteriormente se determinó que el cuerpo del obispo presentaba un fuerte golpe y un agujero similar al de una bala en la parte trasera de su cabeza, por lo cual se determinó que se trató de un homicidio.

El 4 de noviembre, en La Rioja, luego de 37 años de espera, se inició el juicio contra los responsables del asesinato. En la causa se encuentran imputados el exgeneral Menéndez y el ex comodoro Luis Estrella, junto con otros tres acusados: Jorge Albano Harguindeuy, Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Romero, quienes ya fallecieron.

El obispado de La Rioja será una de las partes querellantes contradiciendo la postura sostenida durante estos años por el episcopado argentino que aceptó la versión oficial del gobierno militar de que se trató de un accidente. A esto hay que agregar que este juicio hablará de la falta de cobertura de la Jerarquía eclesiástica (o al menos la mayor parte de ella) para con sus integrantes Obispos, sacerdotes y laicos y la complicidad de algunos obispos y sacerdotes y capellanes militares y el silenciamiento sobre el asesinato. La acusación fiscal fue taxativa en ese aspecto: dijo que la complicidad no fue sólo por el silencio, sino que fue “activa”. “El terrorismo de Estado actuó criminalmente bajo el amparo de la jerarquía de la Iglesia Católica en Argentina”. O con otras palabras: “Que el sistema represivo operó en coordinación y con el consentimiento de la Iglesia, o al menos buena parte de su jerarquía”.

Nos parece apropiada esta última aclaración, que se refiere a la complicidad de “buena parte de la jerarquía”. De lo contrario no haríamos honor a la actitud de denuncia y enfrentamiento con la dictadura que llevaron adelante los obispos De Nevares, Novack, Hesaine, Devoto, Marozzi, Ponce de León y Enrique Angelelli.

Pero también en honor a la verdad debemos dejar en claro que hubo representantes de la Iglesia que tuvieron responsabilidad directa en la represión y en las violaciones a los derechos humanos, especialmente el Vicario Castrense, Adolfo Tortolo y el pro-vicario Victorio Bonamin, al igual que muchos capellanes militares que podrían estar representados en su exponente más notable y detestable, Christian Von Wernich.

Por otra parte, entre el vicariato castrense y varios obispos se generaron diferencias sobre jurisdicción, dado que a partir del acuerdo de 1957 entre el gobierno dictatorial de Pedro Eugenio Aramburu y el Vaticano, la jurisdicción castrense y asistencia religiosa de las fuerzas armadas le correspondía al Vicariato Castrense que se erigiría “para atender el cuidado espiritual de los militares de Tierra, Mar y Aire”. La jurisdicción de este vicariato era “personal” y no “territorial”, es decir, su feligresía se extendía a todos los militares, independientemente de la diócesis en la que se encontraban. El acuerdo firmado por el Vaticano con los Militares, compartía jurisdicción pero en caso de conflicto le daba supremacía a la autoridad castrense. Textualmente; “en las “zonas militares” esa jurisdicción era “acumulativa con la de los obispos diocesanos”, aunque el vicario y los capellanes militares la ejercían “primaria y principalmente”

Desde su llegada a La Rioja en 1968, Angelelli sufrió hostigamiento y persecución por parte de las fuerzas armadas a causa de su trabajo pastoral en favor de los campesinos, la promoción del Movimiento Rural Diocesano y su enfrentamiento con la elite terrateniente. Para 1976, la “espiral de violencia” que el obispo denunciaba había alcanzado su punto más agudo, ante lo cual escribió al resto de los obispos, el 25 de febrero: “Entiendo que el asunto va más allá de La Rioja, nos incumbe a todos... solicito a mis hermanos obispos, porque urge, una evaluación más profunda... Necesitamos urgentemente clarificar la misión que nos corresponde a las Diócesis y a la Vicaría Castrense... Es hora que abramos los ojos y no dejemos que generales del Ejército usurpen la misión de velar por la Fe Católica... No es casualidad querer contraponer la Iglesia de Pío XII a la de Juan y Pablo... Hoy cae un Vicario General [el 12 de febrero había sido detenido Esteban Inestal por orden del Ejército]; mañana (muy próximo) caerá un Obispo. Por ahí se me cruza por la cabeza el pensamiento de que el Señor anda necesitando la cárcel o la vida de algún Obispo para despertar y vivir más profundamente nuestra colegialidad episcopal”. El provicario castrense Victorio Bonamín, a cargo de más de 200 capellanes militares, registró en su diario personal el 5 de marzo de 1976 una conversación con el vicario Adolfo Tortolo. El tema: “Una carta desorbitada de Angelelli contra los militares de La Rioja por las detenciones”.

Este entredicho con el Vicariato Castrense se sumaría como un elemento más a su tarea pastoral a favor de los campesinos, su enfrentamiento con la elite terrateniente y su denuncia del régimen militar por sus violaciones a los derechos humanos, para decidir su muerte. De tal suerte que hoy podemos afirmar que la caracterización de Angelelli como enemigo político de la dictadura y las clases dominantes que la sostenían, la indiferencia cómplice del Episcopado y la exacerbación de la violencia militar por parte del vicariato castrense son algunos de los elementos que conforman el contexto del asesinato.

El 2 de agosto de 2006, dos días antes del 30º Aniversario de su asesinato, el Presidente de Argentina Néstor Kirchner firmó un decreto declarando el 4 de agosto día nacional de duelo, dando un discurso en la Casa Rosada "conmemorando a los religiosos que fueron víctimas del terrorismo de Estado". Estela Barnes de Carlotto, de las Abuelas de Plaza de Mayo que escuchó misa en homenaje al Obispo Angelelli, dijo atendiendo al velado "homenaje" de la Jerarquía católica: "No quiero que Monseñor sea hecho una estampa. Él está vivo en nuestra memoria."

El día del aniversario, el entonces cardenal Jorge Bergoglio celebró una misa en la Catedral de La Rioja en memoria de Angelelli. En su homilía afirmó que Angelelli "removió piedras que cayeron sobre él por proclamar el Evangelio, y se empapó de su propia sangre", aunque no hizo mención explícita de la participación de la dictadura en su muerte. Bergoglio sentenció con una frase de Tertuliano: "[la] sangre de los mártires [es la] semilla de la Iglesia". Así, fue la primera palabra oficial de la Iglesia Argentina sobre Angelelli, y la primera vez que se lo invocaba en calidad de mártir. Después de la misa, 2000 personas (incluyendo al gobernador de La Rioja Ángel Maza) rindieron homenaje a Angelelli en Punta de los Llanos, donde se produjo el crimen.

La investigación sobre su muerte y el juicio a los culpables materiales e ideológicos agregará luz a esta etapa oscura de nuestra historia, Mientras que Angelelli seguirá siendo un modelo de pastor que es capaz de dar la vida por su pueblo teniendo siempre un oído en el pueblo y otro en el Evangelio.

ENCUESTA SOBRE CONDICIONES DE VIDA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 2011/2012-MATERIAL ELABORADO POR EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA NACIÓN


En 2010, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social (SENAF) firmaron un acuerdo de cooperación para desarrollar una amplia encuesta de hogares en el país destinada específicamente a recabar información sobre las niñas, los niños y los adolescentes, y sus familias.
Esta encuesta se basó en la metodología MICS (Multiple Indicator Cluster Survey, por su sigla en inglés). una encuesta de hogares implementada con el apoyo de UNICEF. Desde 1995 MICS ha permitido que mas de 100 países produzcan indicadores de calidad, comparables internacionalmente en las áreas de salud, educación y protección de la infancia

Este trabajo, liderado por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, es un avance relevante en la tarea de identificar, desde un enfoque de equidad y de derechos, un conjunto de grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad. También es un desarrollo deseable para el análisis de los avances logrados hasta el momento y el dimensionamiento apropiado de los desafíos pendientes de la Argentina con sus niños, y niñas y familias.

La oportunidad única que los datos oficiales provistos por la Encuesta sobre Condiciones de vida de Niñez y adolescencia representan para la toma de decisiones sobre política pública está centrada en la amplitud de temas tratados, incluyendo entre otros, aspectos novedosos y cruciales como las pautas de crianza, desarrollo infantil y las percepciones sobre la violencia doméstica. Todos los indicadores presentados están vinculados con el nivel educativo y socioeconómico de los hogares.

La Encuesta sobre Condiciones de Vida de Niñez y Adolescencia se constituye en un relevamiento nacional que implicó el esfuerzo conjunto de diversos actores en todo el territorio. La información vertida en la presente publicación da cuenta de aspectos alentadores: la extensión en el manejo de herramientas informáticas entre niñas, niños y adolescentes, el alcance de la cobertura de los controles prenatales y pediátricos, la práctica extensiva de la lactancia materna, entre otros.
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El cerco cobarde al gobierno de Cristina-Emir Sader

Los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández recibieron una pesada herencia regresiva, que fueron revirtiendo con políticas económicas activas y de inclusión. Sin embargo, el cerco informativo creado por los medios opositores locales repercute en la visión que la prensa internacional tiene de la gestión del gobierno argentino.

El gobierno de Néstor Kirchner heredó de la dictadura militar y de los gobiernos de Menem y De la Rúa un país deshecho. Nunca en su historia el país había vivido un retroceso tan brutal en tan poco tiempo como el que tuvo desde el golpe militar hasta la asunción de Néstor. Eric Hobsbawn catalogaba a la Rusia post desintegración de la URSS y a la Argentina desde la instalación de la dictadura militar, como las mayores regresiones – de carácter civilizatorio – de nuestros tiempos.

Los gobiernos de los Kirchner operaron sobre esa tierra arrasada y tuvieron, sobretodo, el gran mérito de levantar a una economía en bancarrota y a un país quebrado, económica y anímicamente. Por este mismo motivo, sectores con odios históricos hacia el peronismo tuvieron que apoyarlos, reconociendo el trabajo que se está llevando adelante.

El rescate de Argentina se hace a partir de los escombros que se heredaron, no pudiendo retomar la expansión económica en los moldes que se habían dado antes de la dictadura militar. La principal diferencia es consecuencia de la desindustrialización y de la apertura acelerada de la economía, implementada por la dictadura y por el gobierno Menem, y, al mismo tiempo, la promoción de la hegemonía del capital financiero. "El impulso de la recuperación fue continuado por el gobierno de Cristina Kirchner, que prosiguió con este rumbo, aun bajo el fuerte impacto de la campaña llevada adelante por los medios opositores."

Después de la hiperinflación ocurrida en el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín – que lo llevó a renunciar antes de finalizar su mandato –, Carlos Menem, a pesar de ser elegido prometiendo “la revolución productiva”, hizo exactamente lo contrario, implementando una política radicalmente liberal. Valiéndose del trauma de la hiperinflación, su ministro de economía, Domingo Cavallo, impuso la paridad entre el peso y el dólar. Lo que significaba que el gobierno renunciaba a tener una política monetaria, emitiendo solamente cuando ingresaban dólares en la economía.

Ese estancamiento trajo la estabilidad monetaria, pero al precio de un profundo déficit público, postergando la estampida de la paridad, mientras los argentinos gozaban de una súbita e insostenible valorización de su moneda. Era una bomba de tiempo, que recién explotó cuando Menem no logró elegir a su sucesor, y el radical Fernando De la Rúa mantuvo la política de paridad, hasta que la misma implotó.

Argentina se sumergió en la mayor crisis económica social y política de su historia, con retrocesos e inestabilidad, llevando a que el país tuviera cinco presidentes en pocos días, bajo el impacto de una convulsión social contra los bancos, momento en que la cotización del dólar trepó de 1 a 4 pesos. Los que tenían dinero depositado vieron como sus ahorros se redujeron a ¼ del valor que creían tener.

En ese momento se dio la regresión a la que Hobsbawn hizo mención, con amplios sectores de la clase media siendo proletarizados, con la desocupación trepando a niveles inéditos. Después de una relativa estabilización, se llamó a elecciones, compitiendo de nuevo Menem – que ahora prometía dolarizar directamente la economía argentina – y otros candidatos, entre ellos un gobernador de una provincia y poco conocido, Néstor Kirchner.

Luego de triunfar en primera vuelta y frente a la derrota inminente contra Kirchner en segunda vuelta, Menem renunció a presentarse y Kirchner quedó como ganador. El nuevo gobierno puso en práctica una política anti-neoliberal, retomando el crecimiento económico y la distribución del ingreso, mientras el Estado recuperaba un papel activo en la inducción de la economía y en la garantía de los derechos sociales. Aliándose con el gobierno de Lula – y después con el de Tabaré Vázquez en Uruguay – el Mercosur se reactivó.

Durante casi una década la economía argentina empezó a crecer a un ritmo altísimo. La novedad fue el rol que la exportación de soja empezó a tener, ocupando en parte el lugar de las exportaciones industriales, aunque las mismas retomaran un importante nivel de desarrollo, especialmente la industria automovilística.

Con un altísimo grado de endeudamiento heredado de los gobiernos de Menem y De la Rúa, y prácticamente sin patrimonio público, habiendo sido privatizado por Menem – hasta YPF, que le había propiciado la autosuficiencia energética a la Argentina –, Kirchner impuso una renegociación del pago de la deuda argentina. Una gran parte de los bonistas aceptó renegociar, quedando un residuo cercano al 8%, el que hasta el día de hoy busca imponer sanciones a la Argentina.

El impulso de la recuperación fue continuado por el gobierno de Cristina Kirchner, que prosiguió con este rumbo, aun bajo el fuerte impacto de la campaña llevada adelante por los medios opositores.

"La campaña internacional contra el gobierno argentino se vio intensificada, basada en la reproducción y ampliación de las informaciones publicadas por los medios opositores."

Desde la crisis internacional que se inició en el 2008 y bajo los efectos de las limitaciones del crédito externo impuestas por los organismos financieros internacionales en respuesta a la renegociación de la deuda, la economía pasó a dar muestras de desequilibrios. Entre ellos, una inflación cercana al 25% y la falta de financiamientos externos, a lo que el gobierno respondió con políticas de control de cambio, introduciendo un desbalance entre las cotizaciones oficiales y paralelas del peso.

En el plano social y político– después de la reelección de Cristina – el gobierno fue perdiendo apoyos y las tensiones aumentaron dentro del mismo peronismo, especialmente con la principal central sindical – la CGT – que pasó a organizar movilizaciones contra el gobierno, con demandas salariales. En el ámbito político, la ley de democratización de los medios de comunicación fue duramente combatida por las empresas de medios privados, los cuales consiguieron frenar su aplicación.

En ese marco la campaña internacional contra el gobierno argentino se vio intensificada, basada en la reproducción y ampliación de las informaciones publicadas por los medios opositores. En Brasil son los diarios Clarín y La Nación los que alimentan a los viejos medios a difundir lo que sucede en Argentina.

La renacionalización de YPF, rescatada de las manos de la empresa española Repsol, hizo con que la prensa internacional – en primer lugar la de España – pasara a atacar sistemáticamente al gobierno de Cristina, formando un verdadero cerco informativo sobre lo que efectivamente ocurre en el país.

Es una campaña de desinformación, que desconoce todos los avances en la recuperación de la economía y en el plano de las políticas sociales, destacando los escándalos que los medios opositores recopilan semanalmente.

Ahora, Argentina se encuentra en un dilema, que tendrá su próximo capítulo en las elecciones parlamentarias del 27 de octubre, con la nueva composición del Parlamento. Va a ser muy difícil que el gobierno consiga los 2/3 necesarios para reformar la Constitución. Sin esto, Cristina no podrá postularse para otro mandato. Se abren dos años de incertidumbres políticas en la sucesión presidencial argentina.

*Publicado originalmente en Carta Maior.

Confirman y desmienten el asesinato de Yasser Arafat

Científicos suizos confirmaron que el fundador y líder de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) murió envenenado con polonio radiactivo, según un informe forense del Instituto de Radiofísica del hospital universitario de Lausana, que analizó muestras tomadas de la tumba de Arafat en la ciudad cisjordana de Ramallah. Su viuda Suha, afirmó que se estaba demostrando un asesinato político. Arafat fue galardonado con el premio Nobel de la Paz en 1994, junto a los israelíes Simon Peres e Isaac Rabin, un año después de la firma de los Acuerdos de Oslo para buscar una solución permanente al conflicto palestino-israelí.

Los científicos suizos hallaron un nivel letal de polonio 210 en su cuerpo, lo confirmaría la información de una investigación realizada por el canal Al Jazeera, con sede en Qatar, que detectó restos del isótopo en los efectos personales de Arafat. La sustancia solo puede ser fabricada por países que tienen capacidad nuclear, y el único país en Oriente Medio que posee esta capacidad es Israel.

Muchos palestinos señalaron la responsabilidad de Israel, que mantuvo al líder palestino sitiado en su cuartel general de Ramalla, durante los últimos dos años y medio de su vida. El embajador palestino en España, Musa Amer Odeh, acusó a Israel del asesinato y anunció que las autoridades palestinas llevarán el caso ante la ONU y ante todas las instancias internacionales competentes, para lograr identificar al asesino y presentarlo ante la Justicia. Para dirigentes palestinos, Israel era el más interesado en la muerte, para acabar con los avances logrados por él en el proceso de paz.

El presidente de Israel, Shimon Peres, declaró que no se debió haber eliminado al ex presidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Yasser Arafat, pues con él se podía intercambiar opiniones. La muerte de Arafat ha generado una situación más difícil y compleja, añadió. Israel asesinó a numerosos líderes palestinos, entre ellos más estrecho colaborador de Arafat, Abu Jihad. El ex primer ministro Ariel Sharon admitió públicamente haber tratado sin éxito de matar a Arafat. En septiembre de 2003, el Primer Ministro Ehud Olmert declaró públicamente que el gobierno israelí la intención de asesinar al presidente palestino, afirmando la decisión del gabinete de deshacerse de Arafat fue una decisión para remover a Arafat, como un obstáculo para la paz.

En los últimos días el tema volvió a convertirse en una polémica, porque expertos forenses franceses aseguraron que el líder palestino Yasser Arafat no fue envenenado con polonio y falleció a los 75 años por causas naturales, lo que se contrapone con el informe de científicos suizos, que alentaron la idea de un asesinato político. Arafat falleció el 11 de noviembre de 2004 en el hospital militar de Percy, donde había ingresado en grave estado procedente de Ramallah, sede del gobierno palestino.

La viuda de Arafat, Suha Arafat, expresó hoy que está "sorprendida" por las contradicciones entre las conclusiones de los médicos suizos y los profesionales franceses sobre la causa de la muerte de su marido. Suha se preguntó: "qué tengo pensar ahora?", aunque aseguró que "no quiero acusar a nadie" de las contradicciones que siguen envolviendo la muerte de su marido. Desde Ramallah, el sobrino de Arafat, Nasser al-Qidwa, expresó su escepticismo por el informe francés y aseveró que "hasta ahora, no he visto ese documento" y especuló que la justicia francesa necesita ser "coherente" con las causas de la muerte del ex presidente palestino difundidas en 2004 por el hospital militar de Percy, pues de lo contrario caería en graves contradicciones. La polémica generada, agrega a la discusión política del tema, un escenario de conflicto científico, lo que extenderá los debates en el tiempo, reforzando la necesidad de dar respuesta a la demanda palestina, de crear una Comisión Investigadora Internacional.