Nació en Estados Unidos, y hasta hace pocos años, no sabía absolutamente nada sobre el genocidio argentino. Pero visitar la ex ESMA le formateó la cabeza… y sus manos. Lleva realizados 850 retratos de secuestrados y asesinados durante distintas dictaduras latinoamericanas, en una imponente colección llamada Aparecidos. Son acrílicos sobre cartón que Brian Carlson muestra alrededor del mundo para "traerlos nuevamente al presente, en forma de memoria".    

–Si bien la desaparición de personas tiene antecedentes en el nazismo y en la escuela represiva francesa, el tema siempre se asocia con la dictadura argentina. ¿Qué sintió cuando escuchó la palabra "desaparecido" por primera vez?

          --Fue en la ex ESMA en 2007, mientras narraban lo que había ocurrido en la Argentina durante la dictadura. El término cobró un profundo significado para mí desde ese momento. Sentí tangiblemente –desde las paredes, desde el piso, desde el aire mismo desesperación, sufrimiento increíble, desesperanza. Me afectó muchísimo, y en el espacio de muerte al que llamaban "Capuchita" prometí a esos "desaparecidos" regresar algún día con un Memorial que los recordara.

–Su trabajo también se extendió a otros países latinoamericanos.

–Aquello de la ex ESMA arrancó con desaparecidos argentinos, pero luego tomé contacto con uruguayos, paraguayos, chilenos. Terminé de entender que la metodología siniestra había sido la misma en toda Latinoamérica.

–El Plan Cóndor gestado desde Estados Unidos coordinó distintas dictaduras sudamericanas.  ¿Cómo lo analiza, habiendo nacido allí?

–He investigado el Plan Cóndor, y soy consciente de la complicidad norteamericana en sus tóxicas agendas. Leí archivos de Augusto Pinochet y muchos otros documentos que prueban el entrenamiento dado por mi país a los dictadores del Cono Sur. Apoyo que se plasma  en tiempos actuales, con los intentos de derrocamiento de Hugo Chávez en Venezuela y en el tácito respaldo a los déspotas en Honduras. Sobre tu pregunta, siento profunda vergüenza. Hay muchas cosas maravillosas que han tejido la trama de Estados Unidos, pero cuando el país se transformó en imperio, cuando comenzó a dominar a través de la explotación, subvirtió el concepto de cualquier cosa buena que haya existido.

–En su blog dice que la figura "aparecido" es la más indicada para "traerlos" nuevamente al mundo en forma de memoria. Da la impresión de que sólo el arte puede lograr eso.

–El "arte de la memoria" es significativo. Es una forma de comunicación que ayuda a concientizar, y ahí está su potencial. Y el potencial que tiene con respecto a los crímenes de lesa humanidad es mostrar sus imágenes. El arte funciona como centinela, sirve para encapsular la esencia de los más grandes sentimientos de la humanidad. Se convierte en la crónica de la historia y, en este caso, es la narración de la lucha mantenida por los defensores de los Derechos Humanos, y lo ocurrido con miles de crímenes.

–        ¿Hay información en Estados Unidos sobre estos temas?

–En mi país, el desconocimiento de lo sucedido en Latinoamérica es casi total. Diría que un 98% de la gente no sabe lo ocurrido con las dictaduras. Es terrible lo que voy a decir: sólo se conoce lo que sale en las películas. Por ejemplo, sí se sabe que existió Evita… algo que deben agradecérselo a Madonna.

–        ¿Y sus colegas? ¿Qué opinan los referentes del arte sobre su obra?

–Mis compatriotas se preguntan el porqué de mi compromiso con este Memorial y con cosas que sucedieron hace 40 años. Respetan lo que hago, pero no entienden su significado. Esto me permite explicarles que los hechos de los '70 y '80 son extremadamente actuales, por dos razones. La primera es porque se están llevando a cabo juicios, de modo que la búsqueda de justicia para crímenes de lesa humanidad es noticia diaria y de interés en los países que cayeron bajo la tóxica nube del Plan Cóndor. La segunda, porque en muchos países del mundo sigue habiendo terrorismo de Estado y genocidios.

–Hábleme de sus pinturas...

–Las fui cambiando de a poco. Antes me enfocaba en imágenes de grupos, con pinceladas gruesas hechas para ser vistas a la distancia. Pero comprendí que el Memorial debía apuntar a lo individual. Los retratos varían según lo que me transmite cada persona, y por eso, ni tengo fórmulas sobre mi manera de hacerlos, ni existen pinturas que se parezcan.  

2. Una Tercera Guerra Mundial no declarada

Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema a punto de dejar de serlo, dio en la Universidad de Guadalajara una conferencia con el título de “Los derechos humanos como programa y realidad”. A continuación, un extracto de su clase magistral

A quienes en razón del multiculturalismo de nuestra región niegan la existencia del concepto de América latina, reduciéndolo a una denominación despectiva atribuida a los franceses, cabe responderles que América latina es mucho más que un concepto: es una realidad unitaria y perfectamente reconocible, como producto complejo de casi todas las atrocidades cometidas por el colonialismo en el planeta.

Desde el siglo XV los europeos ocuparon policialmente nuestro continente con parte de su población marginada, que trajo las infecciones que en pocos años mataron a la mayor parte de los habitantes originarios. A los sobrevivientes los redujeron a servidumbre.

A poco de andar, para reemplazar a la población eliminada, cometieron el atroz crimen de desplazamiento masivo de africanos esclavizados. En lo sucesivo, el mestizaje de colonizadores con originarios y africanos fue objeto de desprecio. Cuando se prohibió el tráfico negrero, algunos asiáticos fueron también esclavizados por el Pacífico.

Desde las últimas décadas del siglo XIX se produjo un masivo desplazamiento de población desde los países europeos atrasados en el proceso de acumulación originaria hacia el sur de nuestra región. Los perseguidos y hambrientos de las dos guerras mundiales llegaron con posterioridad. (...). No hay un hombre cósmico en nuestra Patria Grande, pero hay un ser humano latinoamericano cuya dignidad de persona ha sido negada planetariamente por el colonialismo y que se abre paso lentamente contra éste. (...).

Desde los años setenta del siglo pasado, con la crisis del petróleo, la política colonialista cambió en los propios centros de poder, con inevitables consecuencias periféricas. Se abandonaron las ideas de sociedades incluyentes, de Estado de Bienestar y de economía keynesiana, pasando al fundamentalismo de mercado, o sea, a una ideología que otorga amplia libertad de acción al capital financiero e impone necesarios modelos de sociedades excluyentes. (...).

En esta fase superior del colonialismo no se ocupan territorios policialmente, como en el colonialismo originario, derrotado por los libertadores; tampoco se acude a oligarquías vernáculas que mantengan a la población en servidumbre, como las que los pueblos desplazaron hace un siglo; tampoco se psicotiza a las fuerzas armadas para que ocupen los territorios por cuya soberanía debían velar, porque ya no son confiables y provocan alta resistencia popular. (...).

En la periferia, en esta fase superior del colonialismo, se opera tratando de imponer gobernantes que cuiden los intereses del capital financiero transnacional o procurando destituir a quienes le opongan resistencia o descalificar a los políticos que los denuncian.

Para eso se vale de la opinión pública, convenientemente configurada por los medios masivos de comunicación monopolizados (en particular la televisión, en manos de conglomerados que forman parte del mismo capital transnacionalizado), de los políticos inescrupulosos o tontos útiles, de sus lobbistas (o corruptores especializados), como también de los técnicos políticamente asépticos, esterilizados en los autoclaves de sus think tanks centrales.

Deber ser

Los derechos humanos plasmados en tratados, convenciones y constituciones son un programa, un deber ser que debe llegar a ser, pero que no es o, al menos, no es del todo. Por tal razón, no faltan quienes minimicen su importancia, incurriendo en el error de desconocer su naturaleza. Estos instrumentos normativos no hacen –ni pueden hacer– más que señalar el objetivo que debe alcanzarse en el plano del ser. Su función es claramente heurística.

Quien los desprecia cae en una trampa ideológica: la repetida frase de Marx acerca del derecho, cuando se la toma como una inevitable realidad, sólo deja a los excluidos el camino de la violencia, donde siempre pierden, aunque triunfen. Lo que es verdad es que el actual poder financiero –como todo el hegemónico en todos los tiempos– quiere reducir el derecho a una herramienta de dominación a su servicio. Sin embargo, estos instrumentos son un obstáculo, porque de ellos pueden valerse –y de hecho se valen– los pueblos y los propios disidentes de las clases incluidas para hacer del derecho un instrumento de los excluidos. La lucha en el campo jurídico actual se entabla entre el poder hegemónico, que quiere hacer realidad la frase de Marx e impedir cualquier redistribución de la renta, y quienes pretendemos usar al derecho como herramienta de redistribución de renta.

Pero estos instrumentos no fueron graciosas concesiones ni producto de una maduración reflexiva y racional de pueblos y gobiernos, sino que los impulsó el miedo. Ante las atrocidades de estados asesinos, que cometieron homicidios alevosos masivos, el espanto hizo que se sancionaran estas leyes nacionales e internacionales. La racionalidad que propugnan esos objetivos, digamos la verdad sin avergonzarnos como humanos, no fue impulsada por la razón, sino por el espanto.

Y tampoco los impulsó el miedo ante cualquier homicidio alevoso masivo: no lo produjeron las víctimas armenias, los hereros extinguidos por los alemanes, los haitianos masacrados por Trujillo en la frontera ni los congoleños esclavizados y diezmados por Leopoldo II de Bélgica, sino que fue el pánico provocado en el propio territorio hegemónico el que decidió a los poderosos a señalar el objetivo humano a alcanzar. El colonialismo entró en pánico sólo cuando vio que las víctimas de esas atrocidades eran otros humanos con pareja deficiencia de melanina.

Pero ni siquiera así los nuevos poderes hegemónicos mundiales suscribieron por completo todos esos objetivos y se resisten hasta el día de hoy a hacerlo. A regañadientes definieron mezquinamente el genocidio, cuidando de que su recortada definición no abarcase sus propios genocidios, y firmaron una Declaración Universal que en su origen sólo tuvo el valor de una manifestación de buena voluntad internacional.

Estos objetivos están lejos de alcanzarse en nuestra Patria Grande, donde sigue jugando la pugna entre el modelo de Estado que pretende configurar una sociedad que incluya, frente a otro que quiere solidificar la exclusión. La polarización que vivimos tiene lugar entre un modelo de sociedad incluyente y otro excluyente y, en otro plano, entre independencia y dependencia.

En su fase superior el colonialismo sigue del lado de la dependencia, cuya condición necesaria es la sociedad excluyente, que implica el desconocimiento de la condición de persona del ser humano latinoamericano. (...) No le importó al colonialismo la casi extinción de los originarios, la esclavización de los africanos transportados y de sus descendientes, la marginación de los criollos y mestizos, la reducción a servidumbre de pueblos enteros; no ahorró violencia, vilezas ni genocidios con tal de contener las pulsiones incorporativas; en su haber cuenta nuestra Patria Grande con muchos millones de víctimas de violencia, enfermedad, hambre, miseria y toda clase de carencias elementales. (...). Hasta hoy el ser humano latinoamericano se debate dificultosamente en pos del reconocimiento de su dignidad de persona. Buena parte de la población de nuestra Patria Grande se halla lejos de haber alcanzado ese objetivo. Favelas, pueblos jóvenes, villas miseria o como quiera llamarse a nuestros slums, alojan a millones de personas que no son jurídicamente reconocidas como tales. (...)

No es hoy la acción directa del poder represivo estatal la que comete la mayor parte de los homicidios masivos, pese a su muy considerable grado de letalidad (escuadrones de la muerte, desapariciones forzadas, ejecuciones sin proceso, gatillo fácil, colusión con grupos criminales violentos, torturas), todo lo cual hace que en ocasiones se identifique y confunda la acción estatal con la criminal.

La modalidad del control colonial actual varía en la región según las diferentes circunstancias geopolíticas, pero en toda la Patria Grande tiene como objetivo común el montaje de un violentísimo aparato estatal represivo de control punitivo masivo de la población excluida.

El poder financiero transnacional no se equivoca en sus objetivos:

a) En el centro norteamericano, desde fines de los años setenta del siglo pasado, se abandonó el New Deal y el Welfare State y se montó un aparato represivo monstruoso, que tiene por objeto controlar a su población de negros y latinos y frenar la inmigración del sur que intenta desplazarse impulsada por la necesidad. En esta línea, el Estado norteamericano se ha convertido en el campeón mundial de la prisionización, pasando a la tradicional Rusia. Desde 1989 más de la mitad de su enorme población penal está compuesta por afroamericanos.

b) En Europa, los parientes pobres incorporados a la Unión sufren medidas económicas de ajuste que produjeron el desempleo de la faja etaria menor de veinticinco años. Su aparato represivo crece lentamente, pero aún centrando su atención sobre los inmigrantes, que están sobrerrepresentados en sus poblaciones penales. El Papa ha señalado el riesgo de convertir al Mediterráneo en un cementerio. Esas palabras tienen un sentido profundo: el Mediterráneo es la cuna de la civilización europea, vergonzosamente convertido hoy en la tumba de muchos miles de prófugos del hambre y de la violencia colonialista. Quizá rememora el genocidio de Cartago. Tal vez sea el desierto de Arizona europeo, o quizás el nuevo muro. Aún el aparato represivo europeo no ha desplazado su acción contra los jóvenes desocupados, pero lo hará en cuanto su protesta deje de ser pintoresca y comience a ser disfuncional para el poder financiero.

c) En Sudamérica el poder transnacional procura contener y desbaratar cualquier tendencia hacia una mejor redistribución de la renta, para lo cual le es funcional la alta violencia homicida en nuestras zonas de vivienda precaria, como también la letalidad del accionar policial, que tiene lugar con clara tendencia selectiva clasista y racista. No son extraños a esta funcionalidad los esfuerzos por desbaratar cualquier tentativa más o menos seria de pacificación, como la que se intenta en estos días en Colombia.

d) La situación geopolítica –en particular respecto de la producción y distribución de cocaína– hace que el Cono Sur de Sudamérica (Uruguay, Argentina, Chile) de momento registre niveles relativamente bajos de violencia. No obstante, el poder financiero trata de crear mediáticamente una realidad mucho más violenta que la letalidad registrada, con el mismo objetivo que en el resto de la región: montar un aparato represivo violento y gigante para controlar a sus excluidos. Para eso se vale del monopolio televisivo, de sus comunicadores, personeros, traidores y mercenarios.

Letargo televisivo

Es cada vez más urgente despertar del letargo televisivo. El panorama de letalidad violenta de nuestra región representa un verdadero genocidio por goteo. De los 23 países que en el mundo superan el índice anual de homicidios de 20 por cada 100.000 habitantes, 18 se hallan en América latina y el Caribe y 5 en Africa.

Son varias las investigaciones locales que muestran que esas tasas se concentran en nuestros barrios y asentamientos precarios, como también que los homicidios allí cometidos son los que presentan los porcentajes más altos de no esclarecimiento e impunidad.

Esto corresponde a la modalidad de control de la exclusión propia de esta fase avanzada del colonialismo. Es el efecto que sobre nuestra región tiene la Tercera Guerra Mundial no declarada.

Lejos de cierto pensamiento progresista que teme a métodos de control violento de siglos pasados, la verdad es que nuestros barrios precarios ya no son predominantemente controlados con tanques y policías y menos aún con los cosacos del Zar. Por el contrario, hoy se fomentan las contradicciones entre los propios excluidos y entre éstos y las fajas recién incorporadas. Las cifras disponibles muestran que los criminalizados, los victimizados y los policizados se seleccionan de las mismas capas sociales carenciadas o de las más bajas incorporadas.

El fomento de la conflictividad entre los más pobres potencia una violencia letal que ahorra la mayor parte de la tarea genocida a las agencias estatales, al tiempo que obstaculiza la concientización, la coalición y el protagonismo político coherente y organizado de los excluidos.

La altísima violencia que permite este genocidio por goteo, al igual que la diferencia con el Cono Sur, no podrían explicarse sin la incidencia de la economía creada por la prohibición de la cocaína. La demanda de este tóxico no sólo es rígida, sino que se fomenta mediante una publicidad paradojal, que asocia su uso a la transgresión, siempre atractiva a las capas jóvenes. Ante esta demanda incentivada, la prohibición reduce la oferta y provoca una formidable plusvalía del servicio de distribución, que se controla mediante las agencias que persiguen el tráfico y que, por ende, se convierten en entes reguladores del precio. (...)

El tóxico se produce en nuestra región y en ella queda alrededor del 40 por ciento de la renta total, en tanto que la mayor parte la produce la plusvalía del servicio de distribución interno de los Estados Unidos. La competencia por alcanzar el mercado mayor de consumo, o sea, por la exportación a los Estados Unidos, se produce en América latina, con altísimo nivel de violencia competitiva, que se incentiva con armas importadas desde el país demandante, donde además se retiene el monopolio del servicio de reciclaje del dinero de la totalidad de la renta. (...) La guerra a la droga que, como era previsible, estaba perdida desde el comienzo, se ha convertido en la mayor fuente de letalidad violenta de la región. Ha causado cientos de miles de muertes de jóvenes en pocos años, cuando se hubiesen necesitado siglos para provocar un número cercano por efecto del abuso del tóxico.

La cocaína no mata tanto por sobredosis, sino que lo hace su prohibición por concentración de plomo. Esta política suicida y absurda desde el punto de vista penal y de salud sólo es coherente como instrumento colonialista para corromper a las instituciones policiales, infiltrarse en la política y en algunos países para desprestigiar a las fuerzas armadas y debilitar la defensa nacional. (...)

Ocultar la realidad

En nuestra región, los medios de comunicación masivos, en especial la televisión, se hallan concentrados en grandes monopolios que están inextricablemente vinculados en red con los intereses del poder transnacional. Lógicamente, sus mensajes son perfectamente funcionales al modelo de sociedad excluyente que éstos fomentan. En consecuencia, juegan un papel central en el genocidio por goteo que se está cometiendo en la región.

En los países de alta violencia real, donde el aparato represivo mortífero es funcional a la letalidad entre excluidos, la televisión concentrada cumple la función de ocultarla, disimularla, minimizarla o naturalizarla. Por el contrario, en el Cono Sur, donde es mucho menor la violencia letal, la televisión concentrada crea una realidad violenta que le permita exigir –mediante reiterados mensajes vindicativos– el montaje de ese aparato mortífero. (...)

Los recursos de esta publicidad populachera son ampliamente conocidos, aunque no por ello menos eficaces: la invención de víctimas-héroes, la reiteración de la noticia roja sensacionalista, la exhibición de unas víctimas y el meticuloso ocultamiento de otras, los comunicadores indignados, el desprecio a las más elementales garantías ciudadanas, el reclamo de un retroceso a la premodernidad penal y policial, etcétera. En definitiva, se trata de mostrar a las víctimas como victimarios. (...)

Lo cierto es que la imagen de la violencia que tiene nuestra sociedad es la que proyecta la televisión concentrada, sea ocultando o disfrazando la existente o inventando la que no existe, siempre con el objetivo claro de montar un poder represivo mortífero y brutal. Pero al mismo tiempo también es cierto que es muy poco o casi nada lo que se invierte en investigación de campo acerca de la violencia. Lamentablemente, dado que no es posible prevenir eficazmente lo desconocido, cabe llegar a la penosa conclusión de que, más allá de las declamaciones, no hay poder interesado en prevenir seriamente las lesiones masivas al derecho a la vida en nuestra región.

En Latinoamérica –como en todo el mundo– los políticos quieren ganar votos y elecciones. Por ende, les resulta muy difícil enfrentarse con la televisión monopolizada. El poder financiero transnacional lo sabe y lo explota, pues se trata de una cuestión clave para sus objetivos hegemónicos. Basta verificar cómo en toda nuestra región la televisión concentrada emite una constante publicidad destituyente y descalificante de cualquier movimiento popular que pretenda redistribuir mínimamente la renta. Cualquier caso de corrupción pasa a ser vital, pero oculta cuidadosamente la administración fraudulenta de quienes contraen deudas imposibles de pagar, entregan soberanía sometiendo al país a jurisdicciones extranjeras, llevan a cabo políticas de ajuste que terminan en crisis, desbaratan el potencial industrial o malvenden la propiedad estatal.

Los políticos le temen a la televisión concentrada, y entre los asustados y los inescrupulosos sólo parecen ponerse de acuerdo para sancionar leyes penales disparatadas, que destruyen códigos y legislación razonable, para reemplazarlos por una colección de respuestas a mensajes televisivos que, en buena medida, promueven una antipolítica –por cierto que también funcional al poder transnacional–, dado que cada día es más evidente que responde a una actitud de subestimación de la inteligencia del pueblo.

Incluso los políticos que postulan modelos incluyentes de sociedad no pueden sustraerse del todo al reclamo de un aparato punitivo letal. Les embarga el miedo a la televisión, se sienten amenazados incluso en lo interno de sus propios partidos o movimientos, creen que deben dar muestras de orden y, de este modo, entran en contradicciones inexplicables. (...)

Policías

La función estructuralmente colonialista originaria de nuestras policías, es decir, la de ocupación territorial, se ha mantenido invariable a lo largo de los siglos.

La colonización originaria consistió en la ocupación policial de un territorio extranjero, creando inmensos campos de concentración. Si bien esta modalidad primitiva se dejó de lado en las fases posteriores del colonialismo, el modelo de policía de ocupación territorial se mantiene hasta el presente.

En el siglo XIX copiamos la Constitución de los Estados Unidos (único modelo republicano a la sazón disponible), pero no hicimos lo propio con la policía comunitaria norteamericana y, hasta el presente, nuestras policías conservan sus estructuras de ocupación territorial militarizada. Las oligarquías neocolonialistas les concedieron cierta autonomía y luego cundió la modalidad política de intercambiar con ellas gobernabilidad por concesión de ámbitos de recaudación autónoma.

Ese camino sucio, con un Estado rufián, que no pagaba lo justo a sus policías, pero que los habilitaba a recaudar de lo ilícito, dio algún resultado, hasta que el estallido de la prohibición de cocaína y los otros tráficos ilícitos favorecidos por la revolución comunicacional terminaron por poner en crisis a las instituciones policiales, deteriorar su función y degradar la imagen misma del Estado y el respeto a la legalidad. (...)

El deterioro que en el siglo pasado sufrieron nuestras fuerzas armadas, como consecuencia de la alucinante Doctrina de la Seguridad Nacional, se transfirió a nuestras instituciones policiales, cuando el poder transnacional decidió pasar del Estado de seguridad nacional al de seguridad urbana o ciudadana. Pero no contento con ello, el poder transnacional impulsó a algunos países de la región a que degradasen a sus fuerzas armadas a funciones policiales internas, con las consecuencias lamentables que para éstas y para la defensa nacional hoy verificamos. (...)

Desigualdad

Un dato altamente significativo es que nuestra región presenta simultáneamente los más altos índices de homicidios del mundo, pero también los de más alta desigualdad en la distribución de la renta, medida con el coeficiente de Gini.

Según los datos comparativos de la ONU, los índices de homicidio tienden a guardar una relación inversa con el ingreso per cápita, pero también una marcada relación directa con el coeficiente de Gini, o sea, que la experiencia mundial indica que a menor ingreso per cápita y a peor distribución, corresponden más homicidios.

De este modo resulta que el derecho al desarrollo que, como vimos, desde la perspectiva central es de tercera generación, en el plano de la realidad se conecta íntimamente con el primero de los derechos humanos, que desde la misma perspectiva sería de primera generación. El respeto a la vida depende, por ende, de la inclusión social, de la movilidad vertical, de la distribución mínimamente equitativa de la renta. Con razón los teóricos más modernos de los derechos humanos parecen haber archivado su clasificación en generaciones, para sostener hoy la conglobación de todos ellos. (...) No es la simple pobreza la que se refleja automáticamente en la violencia letal, sino la falta de proyecto, es decir, la frustración existencial que provoca la sociedad excluyente. (...)

Más allá del ocultamiento televisivo de la violencia letal o de su exageración mediática, de la confusión que esto siembra en el público y en las clases políticas, de la constante instigación a la venganza y al montaje de un aparato represivo mortífero, del oportunismo o del amedrentamiento o ignorancia de políticos y jueces, el ser humano latinoamericano sigue batiéndose y abriéndose paso por su derecho a ser considerado y tratado como persona.

El jurista latinoamericano se halla ante el ineludible deber jurídico y ético de repensar teóricamente el derecho en nuestra región, teniendo como objetivo primario una tutela real y eficaz del primero de todos los derechos: el derecho a la vida, lesionado en forma permanente por el genocidio por goteo que provoca la actual fase superior del colonialismo en nuestra Patria Grande.

Si bien abundan las Malinches de ambos géneros, nuestro ser humano latinoamericano no deja de reclamar el reconocimiento de su dignidad de persona, aunque sigue sufriendo en sus pies el dolor de Cuauhtémoc.

* Raúl Zaffaroni es profesor emérito de la Universidad de Buenos Aires.

3.Plataforma de Desarrollo de las Américas.

Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, CSA

El siguiente documento, que expresa la vision de la CSA sobre las líneas mayores de desarrollo que los trabajadores y sus organizaciones deben impulsar a lo largo y lo ancho de toda América, y especialmente en América Latina y el Caribe, fue presentado por el secretario genera de la CSA el 11 de diciembre de 2014 en el Ministerio de Trabajo.

Como podrá observer el lector, la relación entre Derechos Humanos Integrales y Desarrollo Económico, Social, Político y Ambiental es estrecha y estructural en el conjunto de las propuestas aquí referidas. Lo que se expresa en una fuerte defensa del papel del Estado en la regulación de la economía y en la protección social; en una promoción de la democracia participativa, de la solidaridad social y de los derechos del trabajo, a la educación, a la salud y a la vivienda; así como en un alegato en favor de formas fuertes y activas de organiazación syndical, entre otras cosas.

Secretariado Ejecutivo CSA

Hassan Yussuf – Presidente

Julio Roberto Gómez Esguerra – Presidente Adjunto

Víctor Báez Mosqueira – Secretario General

Amanda Claribel Villatoro – Secretaria de Política Sindical y Educación

Rafael Freire Neto – Secretario de Política Económica y Desarrollo Sustentable

Laerte Teixeira da Costa – Secretario de Políticas Sociales

Equipo de Publicación, Elaboración y Redacción: Grupo de Trabajo sobre Desarrollo e Integración Hemisférica – GTDIH.

Revisión: Equipo CSA

Agradecimientos: Esta publicación fue realizada con el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert (FES) a través del Proyecto FES Sindical, la Confederación Sindical Internacional (CSI) y la Oficina de Actividades par los Trabajadores ACTRAV-OIT.

Igualmente nuestros agradecimientos a los colaboradores Cecilia Anigstein – Licenciada en Sociología UBA, Magister en Ciencias Sociales UNGS-IDES, Becaria CONICET-UNGS, integrante del Proyecto “Actores, disputas y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea” PIP-CONICET y a Ariel Slipak - Licenciado en Economía UBA, Profesor en UBA y UNM (Universidad Nacional de Moreno), Becario CONICET-UNGS, integrante del Proyecto “Actores, disputas y modelos de desarrollo en la Argentina contemporánea” PIP-CONICET.

SUMARIO:

Desarrollo sustentable

NUEVA RELA CIÓN ESTADO

SOCIEDAD Y MERCADO

Dimensión POLÍTICA         

Dimensión ECONÓMICA  

Dimensión SOCIAL 

Dimensión AMBIENTAL    

DESARROLLO SUSTENTABLE

El enfoque de desarrollo sustentable nació del proceso de progresiva ampliación de la conciencia acerca de las contradicciones entre el modelo capitalista de desarrollo predatorio, la garantía de una Buena calidad de vida para la ciudadanía, el derecho de los pueblos al Desarrollo y la constatación de los límites físicos del planeta para poder atender las demandas de la humanidad. Estas contradicciones fueron profundizadas con la implementación de la lógica neoliberal que impuso una dinámica donde las fuerzas del capitalismo actuaron sin control, acumulando mayor riqueza, minimizando los instrumentos de protección social y los derechos de los/as ciudadanos, extremando la destrucción de los recursos naturales y llevando al planeta de manera acelerada a una crisis económica, social y ambiental sin precedentes.

En la región de las Américas, al final de los años noventa, el acumulado de las luchas de resistencias de los movimientos populares contra el neoliberalismo en todo el continente y el enfrentamiento a los regímenes autoritarios en América Latina en las décadas precedentes, contribuyó a forjar múltiples expresiones que se comprometieron a la búsqueda de alternativas, varias de ellas articuladas con procesos electorales en varios países, dando como consecuencia el inició un nuevo ciclo político de cambios progresistas en el sur del continente que se ha extendido por más de 15 años .

En esta dinámica el movimiento sindical de las Américas y el conjunto de las y los trabajadores profundizaron su compromiso con el desafío de participar como actores de cambio fundamentales en la construcción de los distintos proyectos alternativos de la región, que a partir de la derrota del Área de Libre Comercio de las Américas – ALCA, emergieron con más fuerza en el continente.

La profunda crisis económica, social y política que sacudió desde 2008 a las naciones del primer mundo y se expandió por todo el planeta colocó a los pueblos y naciones de las regiones periféricas y dependientes frente a un reto mayúsculo: que los costos de la superación de esta nueva crisis no se carguen sobre las espaldas de las y los trabajadores y los pueblos.

En la actualidad asistimos al desarrollo de una crisis internacional de largo alcance y amplias dimensiones que nos exige cuestionar el modelo neoliberal hegemónico, impuesto desde hace más de tres décadas.

Sin embargo, hasta el presente los países centrales han ensayado respuestas meramente coyunturales que consisten en la aplicación de políticas que conservan la misma lógica de aquellas otras responsables de su desencadenamiento. Esto ha conducido a una profundización de los efectos más perniciosos de la crisis, con un impacto innegable sobre la situación de las mayorías sociales. Se hace cada vez más evidente que las políticas aplicadas a favor de las corporaciones y el rescate los bancos en lugar de a los pueblos, profundizan el desempleo, la desigualdad y la exclusión social.

América Latina y el Caribe continúan siendo un espacio privilegiado de la construcción de avances políticos y económicos alternatives a la orientación neoliberal y hegemónica. En toda la región, en los países donde fueran electos gobiernos progresistas y democráticos populares, hubo una recuperación del papel del Estados frente a los mercados, abriendo un período político pos-neoliberal.

Estas políticas se construyeron sobre la base de una dialéctica entre crecimiento y distribución de la riqueza y apostaron con sus diferencias y sus niveles desiguales de avance, a transformaciones estructurales, generando no sólo cambios cuantitativos de mejora de indicadores, sino al mismo tiempo se han generado transformaciones estructurales de componentes que están en la base de la desigualdad en la matriz de protección social fundamentalmente.

Un componente importante ha estado colocado en la participación social y organizada, en particular de organizaciones sindicales, de usuarios de servicios sociales, de consejos comunales y vecinales, etc. en el gobierno de las políticas públicas, en especial en materia laboral y social. Esto ha sido especialmente importante en la afirmación de derechos con políticas activas de empleo para jóvenes y mujeres, entre otras.

Igualmente se ha producido un cambio en la implementación de programas focalizados para los sectores más excluidos por el neoliberalismo, generando una nueva generación de programas sociales, que implican un tránsito hacia la interacción con los prestadores universals para que estos sectores puedan ser incorporados plenamente hacia la matriz universal de protección social y no para profundizar su diferenciación, como eran los programas focalizados del neoliberalismo.

Ello también ha significado que se han quebrado los “mitos/mentiras” del neoliberalismo, sobre todo aquellos que hablan de primero de hacer crecer la torta, para después repartirla y que los aumentos de salarios, generan inflación y reducen los empleos, entre otras falsas verdades acuñadas los últimos 30 años.

Esas políticas resultaron en la significativa reducción de la pobreza extrema, la desigualdad social y la inclusión de la grande mayoría. Pero perduran todavía las desigualdades, en particular las basadas en la etnia, raza y el género.

En este escenario mundial, el conjunto del movimiento syndical de las Américas se volcó a la construcción de dos instrumentos de intervención y de transformación sociopolítica que constituyen advances frente al capitalismo predatorio y la hegemonía financiera: la formulación de la Plataforma Laboral de las Américas (PLA ), lanzada en 2005 y la constitución de la Confederación Sindical de Trabajadores/as de las Américas (CSA), fundada en 2008.

Como producto de esta experiencia colectiva, hoy somos conscientes de la necesidad de profundizar las transformaciones impulsadas en años recientes por los proyectos políticos emancipatorios en curso en el continente. Con esa finalidad se ha emprendido desde la CSA la elaboración de una nueva herramienta política, la Plataforma de Desarrollo para las Américas (PLADA).

Esta plataforma define orientaciones y principios que involucran a todos los pueblos de Américas y del mundo, y a sus trabajadoras y trabajadores. Tiene relevancia como herramienta política y de lucha para la defensa y profundización de los derechos laborales a escala mundial, así como alternativa y estrategia de desarrollo construida desde el movimiento de las y los trabajadores.

Ante ello, nos congrega el convencimiento de que la salida a la crisis requiere una respuesta urgente y estructural, con la participación ineludible del sindicalismo, los movimientos de las y los trabajadores, así como de las diversas expresiones colectivas del campo popular: movimientos sociales, campesinos, ambientalistas, estudiantiles, feministas, de las juventudes y la niñez, de los Derechos Humanos, por la defensa de las víctimas de violencia, por la diversidad sexual, anti-represivos, de los pueblos originarios, productores de la economía social y solidaria, organizaciones por los derechos de migrantes, educadores y promotores del arte y la cultura, entre otros.

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por las Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el “desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

La noción de Desarrollo Sustentable aparece como una de las alternativas que se enfrenta a la matriz de pensamiento neoliberal; una forma de comprender y organizar los aspectos esenciales de la vida social desde una nueva lógica; una respuesta construida por y para las mayorías populares. Las condiciones están dadas para el lanzamiento de una nueva agenda del desarrollo sustentable para la autodeterminación de los pueblos y de los Estados.

Esta es nuestra visión del Desarrollo que se construye desde nuestra opción sindical reafirmando los pilares del trabajo decente; la distribución de la riqueza; la democracia participativa; la igualdad entre géneros; la integración regional priorizando la articulación en las negociaciones internacionales y la consolidación de posiciones communes en temas de interés compartido y el intercambio de experiencias exitosas entre los gobiernos; la protección e inclusión social de todas y todos, inter-generacional y ambiental, integrando así las dimensiones económica, social, ambiental y política. El desarrollo no se logra sin la plena inclusión y participación de las mujeres y de los jóvenes. Todos los componentes que presentamos en esta plataforma tienen la equidad de género y la participación de la juventud cono enfoques transversals y las mujeres y los jóvenes como protagonistas y principales actores para hacer realidad el desarrollo sustentable.

Sólo así se podrá garantizar que las conquistas perduren mediante su profundización e institucionalización. El desafío del Siglo XXI resulta ser la consolidación de mecanismos para garantizar que sean los pueblos y no las corporaciones y firmas transnacionales quienes fijen el rumbo social y político en el continente. El esfuerzo conjunto deberá orientarse a cimentar alianzas sociales genuinas que confluyan en una agenda contra-hegemónica del desarrollo capaz de contener y articular  todas las voces.

NUEVA RELACIÓN ESTADO, SOCIEDAD Y MERCADO

1. La crisis mundial desemboca en crisis políticas que socavan las instituciones democráticas nacionales y redundan en mayor injerencia de las corporacione y otros poderes trasnacionales sobre la vida de los pueblos.

2. Los países que lograron resistir el sismo financiero adoptaron medidas de preservación de la inversión pública, el empleo, los niveles salariales y de pensiones, el consumo y la producción, así como diseñaron nuevas medidas para impedir la pobreza extrema. En cambio, la recesión fue profunda en aquellos que adoptaron medidas conservadoras de recortes de gastos y reducción de salarios y empleos.

3. Las soluciones de mercado para enfrentar la crisis global han fracasado. Nuestros Estados deben retomar el control y poder sobre el mercado y deben reconstruir su capacidad de generar ingresos para satisfacer las necesidades sociales y de regulación de la actividad económica y social general.

4. Las transformaciones recientes en el continente señalan el ascenso de fuerzas políticas y sociales que buscan formas de organización y representación distintas al despliegue radical de políticas inspiradas por el llamado “Consenso de Washington”. Estas nuevas fuerzas colectivas tienen su origen en las luchas contra las dictaduras militares y los gobiernos autoritarios que instauraron el neoliberalismo.

5. Profundizar la democracia significa establecer una nueva relación entre Estado, mercado y sociedad, con autonomía e independencia de los mercados financieros. Debe pensarse al Estado como potencia de las mayorías populares, lo que significa la participación active del pueblo trabajador en lo público, y no la mera reivindicación de la tutela gubernamental o su consideración como si fuese un patrón más.

6. La intervención estatal debe asegurar el pleno empleo y contribuir a la redistribución de la riqueza frente al efecto concentrador del mercado, mediante políticas sociales, fiscales y monetarias soberanas para enfrentar coyunturas de estancamiento o crisis. Se debe establecer un sistema de corresponsabilidades en el cual los actores económicos y corporativos de mayor peso deberán asumir mayores cargas y responsabilidades para superar los períodos de crisis.

7. El Estado debe garantizar servicios públicos de calidad, asegurando pleno acceso a las necesidades básicas de la población. Abastecimiento de agua potable, garantía de electricidad, sistema de salud universal e integral, educación, seguridad, son temas que afectan directamente la calidad de vida de todos y todas y los poderes públicos tienen que hacerse responsables.

8. La integración regional no debe ser confundida con el flujo comercial y la liberalización arancelaria en forma excluyente respect a otros contenidos. Ambas responden a menudo a una lógica de competencia entre países por la generación de mejores condiciones para las empresas transnacionales.

9. Resulta primordial superar la concepción según la cual potenciar el vínculo de los países de las Américas con las potencias industrializadas constituye el único camino hacia el desarrollo económico. El desafío es avanzar en la reformulación de las asimetrías históricas entre el Norte y el Sur, y el fortalecimiento de los vínculos de cooperación Sur-Sur.

10. Esta estrategia de desarrollo promueve la protección y la ampliación de derechos. Organiza un Estado para la sociedad y regenera la capacidad del Estado para controlar y regular el mercado con el fin de satisfacer las necesidades sociales actuales y velar por las de las generaciones futuras.

I. Dimensión POLÍTICA: Democracia participativa; Complementariedad entre representatividad e instrumentos de consulta popular y participación directa.

11. La profundización y consolidación de la democracia requiere la participación del conjunto de la sociedad en las decisiones, lo que entre otras cosas fundamenta su protección efectiva y la protege de la violencia, de la guerra, del militarismo y de la criminalidad. Debe proporcionar justicia social y promover la libertad sindical, asegurar la igualdad entre géneros, grupos generacionales y étnicos e incidir para la superación de las desigualdades y de las asimetrías.

12. Implementación de mecanismos de participación que desarrollen y complementen la democracia representativa. No existe una contraposición entre participación directa y democracia representativa. Articulación de instituciones representativas con instrumentos de consulta popular vinculantes y participación directa. Ampliación de los mecanismos de democracia participativa tales como consultas, referéndums, plebiscitos, espacios consultivos de diálogo de la sociedad civil y asambleas, a fin de fortalecer las decisiones políticas.

13. La representación ciudadana debe ser democrática y encarnar la pluralidad de la sociedad. Garantizar la paridad de géneros.

14. Promover colaboraciones más profundas de parte del movimiento sindical y favorecer el fortalecimiento de las capacidades de las y los dirigentes sindicales a fin de responder a los desafíos y contribuir a la elaboración de políticas de desarrollo y democratización.

15. Creación de instrumentos que aproximen las organizaciones sociales con el Estado y que promuevan la elaboración, ejecución y evaluación de las políticas públicas de forma conjunta y articulada, así como su rol en la toma de decisiones nacionales y supranacionales, a través de instrumentos como los Consejos Consultivos Económicos y Sociales. Establecer auditorías participativas en todos los gobiernos locales y nacionales.

16. Impulsar la democratización, transformación, crecimiento y empoderamiento del sindicalismo para constituirse como actor fundamental en la lucha por una nueva hegemonía que haga posible un modelo de desarrollo sustentable. Reformas de los sistemas políticos y judiciales para impedir la injerencia de las corporaciones económicas en el funcionamiento de la democracia.

17. Reformas de los sistemas políticos de nuestros países, inclusive a través de procesos constituyentes, donde persisten herencias de períodos dictatoriales, autoritarios y comandados por las élites hegemónicas. Elaboración de nuevos mecanismos de democratización nacional, subregional y continental. Promoción de nuevas Constituciones que impliquen garantías de derechos para todos y todas, democratización de los Estados y ampliación de derechos.

18. Promover reformas políticas que eliminen el financiamiento privado de las campañas electorales. Las grandes empresas y corporaciones deben estar vedadas para hacer donaciones en las campañas electorales. Es responsabilidad de los Estados garantizar la pluralidad y equidad en las campañas electorales, proporcionando adecuado financiamiento de las mismas.

19. Combate a la corrupción, transparencia en la gestión pública y acceso a la información pública.

20. Garantizar la continuidad y perdurabilidad de los cambios favorables a los procesos de democratización de los países de la region amenazados por un preocupante proceso de judicialización de la política. Los sistemas judiciales heredados de las dictaduras. se han constituido en reserva e instrumento para el impulso de iniciativas reaccionarias y de desestabilización institucional.

21. Fin a la criminalización de la acción colectiva y de las luchas sociales.

22. Nuevos mecanismos de control ciudadano a las políticas públicas, que incluyan soportes virtuales.

23. Rendición de cuentas sobre los presupuestos nacionales y sub-nacionales, gestión participativa de su definición y ejecución. Democratización de la comunicación para la ampliación de la participación y el control ciudadano.

24. Nos pronunciamos radicalmente contra el latifundio mediático nacional o transnacional y su injerencia política mayúscula en el continente. La libertad de expresión que promovemos se opone a los intereses mediáticos corporativos que sólo ven los medios de comunicación de masas como instrumento de rentabilidad e incidencia en la toma de decisiones políticas. Rechazamos la formación de monopolios y oligopolios en la propiedad y el control de los medios de comunicación que actúan como un poder de facto en la sociedad y en los Estados.

25. Libertad de expresión de todas y todos los actores y sectores de la sociedad, asegurando las condiciones legales, tecnológicas y comunicativas para tal efecto. Incorporación en los marcos legales de mecanismos de auditoría social de los medios comerciales y estatales. Políticas públicas contra la concentración de los medios de comunicación y promoción de la diversidad de actores en la propiedad mediática.

26. Recuperación del carácter público de la comunicación en todos sus soportes. Reconstrucción de los medios públicos de calidad que fueron directamente atacados por la ofensiva neoliberal. Administración estatal y soberana del espectro electromagnético y de las telecomunicaciones digitales. Distribución proporcional e igualitaria de los espectros electromagnéticos y de las telecomunicaciones digitales nacionales entre medios comerciales, el ámbito público estatal y las organizaciones sindicales y sociales.

27. Reconocimiento, promoción y garantías a los medios audiovisuals comunitarios, alternativos e independientes, incluyendo internet como espacios de ejercicio de ciudadanía y desarrollo social. Garantías para la creación y pleno funcionamiento de nuevos medios de comunicación para y por los movimientos populares y las organizaciones sindicales.

28. El movimiento sindical junto a otros actores sociales del campo popular debe tener una activa participación en la agenda para la democratización de la comunicación. Participación sustantiva de los movimientos sindicales y sociales en los procesos e instituciones de integración regional.

29. Impulso de una integración desde y para los pueblos. Garantizar una región estable política y económicamente, con espacios de participación real en todos los niveles: nacional, regional y continental. Diseñar e implementar mecanismos de consultas a la ciudadanía de aquellas decisiones supranacionales fundamentales.

30. Establecimiento de más y mejores mecanismos de consulta entre los gobiernos y el movimiento sindical. Aumentar la participación sindical en UNASUR, CELAC y OEA.

Democratizar los procesos regionales.

31. Fortalecimiento y profundización de los procesos de integración regional en forma coordinada, complementaria y solidaria. Con agendas superadoras de objetivos estrictamente comerciales y que procuren una identidad basada en los valores e identidades communes de los pueblos de la región, como la solidaridad, la cooperación, el respeto a las diferencias, la autonomía y la soberanía. Fortalecimiento de la Unión de Naciones del Sur (UNASUR) y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Las Américas como territorio de Paz y de plena realización de los Derechos Humanos

32. La Paz es un bien de la Humanidad, se basa en la dignidad de las personas y se construye a partir de la realización e interdependencia de los Derechos Humanos, el respeto por la soberanía de las naciones y la democracia. Es un permanente quehacer, fruto de la justicia social y la solidaridad entre las personas, las naciones y los pueblos.

33. Por un continente sin guerras ni bases militares extranjeras. Rechazo y repudio a la existencia de bases militares extranjeras en cualquiera de los países de las Américas, porque ellas representan un obstáculo a la paz regional y estimulan la desconfianza entre nuestros países, promoviendo armamentismo e hiriendo el principio de la autodeterminación de los pueblos, así como el de las soberanías nacionales sobre el territorio. Establecimiento de un Programa de desmilitarización nacional y extranjera, suspensión de nuevas instalaciones militares, establecimiento de cronogramas de cierre de bases, retiro de misiones y tropas extranjeras de y en los países de las Américas. Recortes en el gasto militar.

34. El movimiento sindical de las Américas repudia la repression en cualquier lugar del mundo, puesto que la misma constituye una amenaza a la libertad y a la construcción de la paz. El Continente Americano debe ser un espacio de respeto hacia y entre las personas, los pueblos y las naciones.

35. Limitaciones al comercio de armas y frenar su tráfico ilegal en la región a través de controles estrictos en las fronteras de los países productores y exportadores. Implementación de programas de desarme de la población, con restricciones a su comercialización, tenencia y porte.

36. La dominación imperial se ejerce no sólo por vía de la dominación militar. El sistema de control de los Estados y los pueblos se hace además por la vía de la coerción económica, ideológica, tecnológica y política. Condenamos el espionaje imperialista y cualquier otra forma de injerencia de los Estados y corporaciones en las soberanías.

Reconocimiento de los sindicatos como instrumento de la democracia y del ejercicio de los Derechos Humanos

37. Solo en una sociedad con respeto sustantivo por los Derechos Humanos integrales se puede construir una democracia real. Con sus valores permanentes de solidaridad y no discriminación, y a través de su presencia y papel en los lugares de trabajo y en la sociedad, los sindicatos tienen una capacidad única para trabajar por la democracia y el ejercicio pleno de los Derechos Humanos para el conjunto de los ciudadanos del Continente.

38. La búsqueda de un paradigma de desarrollo alternativo al neoliberalismo por parte de los Estados requiere la construcción de una agenda sindical proactiva en el área de la cooperación internacional, partiendo del presupuesto de que los sindicatos son actores del desarrollo y de la promoción de la democracia.

Autodeterminación cultural de los pueblos originarios y afro-descendientes y respeto a la plurinacionalidad

39. Esta estrategia de desarrollo fomentará la sanción de leyes y la generación de políticas que favorezcan el respeto a la plurinacionalidad, diversidad cultural e interculturalidad en condiciones justas y mutuamente respetuosas, en especial con sus idiomas, lenguas y dialectos y sus territorios originales. Para ello promocionará la educación intercultural en todos los niveles.

40. Aplicación de la Declaración de la ONU sobre los derechos de los pueblos originarios. Autodeterminación cultural y étnica de las personas, los pueblos y las naciones. Las Américas deben establecer medidas específicas de protección y preservación de las culturas y los derechos de los pueblos originarios y afro descendientes. Creación de ámbitos tripartitos subregionales para la promoción de políticas públicas antidiscriminatorias y seguimiento de sus resultados.

Autorreforma sindical

41. Para avanzar en esta alternativa de desarrollo es fundamental que el movimiento sindical y sus dirigentes prioricen el perfeccionamiento del funcionamiento de los propios sindicatos por medio de la unidad, la democracia interna, la libertad sindical, la ampliación y fortalecimiento de la representación de todas y todos los trabajadores.

42. Promover la existencia de órganos de representación de las y los trabajadores en los lugares de trabajo, mecanismos transparentes de rendición de cuentas y acceso desburocratizado al registro sindical.

43. Promover organizaciones de cobertura sectorial, territorial y nacional e internacional. Mayor participación de mujeres y jóvenes en los sindicatos, garantizar el ejercicio de la libertad sindical y su participación efectiva en los procesos de negociación colectiva.

44. Las estructuras sindicales deben incorporar mecanismos de apertura para la inclusión de los diversos colectivos laborales en condiciones de informalidad y precariedad, incluyendo a los trabajadores de empresas tercerizadas, subcontratistas y de agencias de empleo. Del mismo modo, deben implementarse mecanismos de inclusión para trabajadores y trabajadoras que son objeto de discriminación por su condición de género, grupo etario, por discapacidad, situación migratoria o identidad étnica.

45. La política educativa sindical debe estar fundada en un concepto y una metodología horizontal y democrática para la interpretación y transformación de la realidad. La formación sindical como parte de la formación ciudadana y social promueve principios, valores, habilidades y destrezas para fortalecer los procesos de autorreforma, la organización sindical y orientar las acciones de transformación en la perspectiva política de construir un modelo de desarrollo sustentable como alternativo al modelo neoliberal.

II. Dimensión ECONÓMICA

Integración Regional

46. Fortalecimiento de los procesos de integración regional y subregional como herramientas para el desarrollo de nuestros pueblos. Sostenimiento y promoción de los instrumentos de integración regional que fomentan relaciones de igualdad entre las naciones del continente, y reformulación de aquellas políticas de integración que encubren formas de dominación de unos países sobre otros. El comercio internacional debe tener lugar en el marco de acuerdos justos entre las partes.

47. Los Tratados de Libre Comercio (TLC), de Inversiones y el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica tienen una naturaleza asimétrica, con efectos negativos sobre los sistemas productivos de la región y son además instrumentos de absorción de mercados por parte de las grandes potencias. Profundizan las asimetrías

entre naciones enriquecidas y empobrecidas, aumentan el poder de las corporaciones y de potencias frente a los pueblos, profundizando las raíces del neoliberalismo. Por ello rechazamos la firma e implementación de nuevos TLC. No obstante, en el marco de vigencia de estos instrumentos económicos en la región, proponemos su renegociación a fin de preservar la soberanía y autodeterminación de los pueblos y naciones.

48. Promoción de políticas macro-económicas y complementariedad productiva en el continente para suprimir la competencia de precios entre los países y por la atracción de empresas extranjeras basada en reducciones salariales, impositivas y precarización laboral. Al mismo tiempo la complementación productiva debe colaborar en avanzar en la desprimarización de nuestras economías y en el Desarrollo de valor agregado en nuestra producción.

49. Fomento al diseño de infraestructura y matrices energetic productivas a escala continental. Los Estados deberán asumir el compromise de lograr una verdadera integración de infraestructuras del continente destinada a promover el desarrollo sustentable, el pleno empleo y la comunicación de los pueblos, concretando con ese sentido los proyectos de infraestructura existentes y elaborando nuevos. Para esto es fundamental la participación de los pueblos y de los afectados, para saber adónde va el dinero público. La integración regional tiene una enorme potencialidad contra-hegemónica, que puede explotarse al máximo asumiendo los compromisos de participación presentes en sus estatutos constitutivos.

Distribución justa del ingreso, la renta, las oportunidades, la riqueza y el excedente

50. La distribución injusta de los ingresos, la renta, las oportunidades, la riqueza y los excedentes es, en buena medida, consecuencia de los procesos de primarización de las economías de la region y de concentración económica instrumentada por la transnacionalización del capital. Es fundamental la intervención de los Estados

nacionales y de los organismos de integración regional para revertir

la desigualdad social.

51. Erradicación de la pobreza, inclusión social y justicia distributiva. Ello significa avanzar en reformas estructurales de acceso e igualdad de oportunidades en los servicios sociales y negociaciones colectivas que garanticen el crecimiento de la masa salarial como proporción del ingreso nacional, es decir redistribución primaria del ingreso.

No es posible una política social sustentable sin aumentar los niveles de trabajo decente para todas y todos, y de los ingresos de las familias.

52. Garantías a la protección social de toda la población, pleno empleo en condiciones dignas y resguardo de los salarios frente a la volatilidad de los ciclos económicos, que debe lograrse vía consolidación de las capacidades estatales de organización y regulación sobre la producción, la distribución y el consumo.

53. Gestión pública y participativa sobre el acceso a los recursos esenciales y estratégicos de infraestructura esencial y control sobre los actores económicos dominantes intervinientes en estas cadenzas de valor.

Mercados e instituciones financieras comunes, y coordinación monetaria

54. Creación de Bancas de Desarrollo y entidades financieras Públicas, estatales y regionales, apuntalamiento y fortalecimiento de las existentes.

55. La banca pública debe financiar inversiones sociales, la producción y la economía social y solidaria con participación social, controlar y regular a la banca privada, exigiendo contrapartidas sociales, ambientales y laborales.

56. Aplicación de instrumentos tendientes al desarrollo de mercados, instituciones financieras, infraestructura y coordinación monetaria de carácter regional como la que está contenida con la propuesta de creación del Banco del Sur.

57. Defensa y estímulo a la nueva arquitectura política y económica representada por la Unión de Naciones del Sur (UNASUR), la Comunidad de Estados de América Latina y Caribe (CELA C) y la Alianza Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA). Así como la reconfiguración y fortalecimiento del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina de Naciones (CAN), el Sistema de Integración de Centroamérica (SICA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM).

58. Desarrollo de instrumentos financieros, cambiarios o de compensación recíprocos, para evitar el uso de monedas ajenas a los países de los agentes que realizan las transacciones del comercio exterior. Coordinación de monedas implica coordinación de políticas económicas. Se debe buscar la armonización económica entre países a través del uso de monedas nacionales en el comercio exterior intrazona, considerando no sólo el oro y el dólar.

59. Creación y fortalecimiento de fondos regionales compensatorios de commodities frente a períodos de bajas de precios y crisis financieras en los países de la región, cuyo propósito sea armonizar las variables macroeconómicas y proteger los derechos de las y los trabajadores. Prohibición de la especulación financiera (futuros y opciones)

sobre commodities alimenticios.

60. Rechazo a las deudas externas ilegítimas cuyo pago absorbe presupuesto. Las deudas externas contraídas de forma ilegítima por los países más pobres no deben ser pagadas. Participación popular y transparencia de los programas, origen y destino de los fondos y mecanismos de toma de deuda de cada país.

Infraestructuras nacionales y regionales para el desarrollo sustentable

61. La infraestructura y las comunicaciones tienen la función de crear las condiciones y facilitar la implementación de este proyecto de desarrollo. Deben ser diseñadas y construidas para la integración de las personas, los pueblos y la complementariedad productiva en la región. Debe orientarse hacia la conexión y el flujo de personas y productos en condiciones justas y libres.

62. Planificación de políticas de desarrollo sectorial que fomenten la complementariedad productiva entre los países americanos.

63. Revisión de las privatizaciones e impedir que se realicen nuevas en sectores estratégicos para el desarrollo. Retomar la participación del sector público en las empresas estratégicas, de explotación de recursos naturales y de redes de infraestructura básica, mediante una política de capitalización de activos. Condicionamiento y orientación de la inversion extranjera y de empresas transnacionales hacia Proyectos Nacionales de Desarrollo.

64. Estímulo a la inversión intrarregional en América Latina y Caribe. Las grandes empresas transnacionales no pueden ni deben tener libertad absoluta para establecer condiciones de producción, contratación, exportación y giro de dividendos. Los gobiernos deben desarrollar y garantizar procesos democráticos de participación

y de consulta.

65. Implementación de mecanismos de promoción de matrices productivas diversificadas que contemplen las condiciones de reproducción de agentes y unidades económicas más pequeñas con alta capacidad de generación de empleo decente, que estimulen el Desarrollo de mercados internos diversificados y complementarios, el acceso al consumo sustentable de las mayorías y la reducción de la dependencia

al modelo extractivista insustentable.

66. Condicionamientos a la Inversión Extranjera Directa siempre ligados con proyectos nacionales o regionales de desarrollo sustentable mediante encadenamientos productivos, que aporten a la generación de empleo permanente y decente, que contribuyan a la deslocalización de la producción en zonas de menor desarrollo y que

garanticen la transferencia de tecnologías que contribuyan con estos proyectos. Participación de los sindicatos y movimientos sociales en las políticas económicas para regular la inversión extranjera y el comercio internacional.

67. Control Estatal eficaz de las empresas transnacionales, multilatinas y de las cadenas productivas de bienes y servicios. Deben ser realizadas conforme a las pautas de acuerdos internacionales y con control social. Establecimiento de sanciones sustantivas a las empresas y sus contratantes que incumplan con derechos laborales, violen la libertad sindical, incurran en actos de discriminación y violencia o afecten los derechos humanos y la sustentabilidad ambiental.

68. Rechazamos las políticas de protección de la inversión extranjera que dan derecho a las empresas transnacionales de demandar a los Estados ante tribunales internacionales de arbitraje, con el pretext de atraer inversiones.

69. Garantizar que la cadena de valor se realice íntegramente en la región y en cada eslabón se garantice trabajo decente.

Nueva Fiscalidad Progresiva

70. Hacia una nueva fiscalidad que apunte a gravar progresivamente las ganancias, la renta, el patrimonio, los altos ingresos y el consumo de lujo. Quien gana más y tiene mayor riqueza, que pague más; Quien gana menos y tiene menor riqueza, que pague menos.

71. Extensión de la base del gravamen a otros tipos de ingresos actualmente exentos como: rentas financieras, ganancias de capital, dividendos de acciones y ganancias extraordinarias. Implementar impuestos especiales a los latifundios, herencias, las fusiones de las transnacionales con empresas nacionales y sobre las actividades primario

extractivas, basado en el concepto de renta diferencial por la existencia de recursos no renovables.

72. Reformulación integral del Impuesto al Valor Agregado y diferenciación entre bienes básicos y de lujo, con tasas diferenciales y exoneraciones.

73. Impulsar la creación de un Impuesto Internacional sobre las Transacciones Financieras y la especulación de características similares a la Tasa Tobin.

74. Control efectivo sobre la evasión y la elusión fiscal, mediante el fortalecimiento de los distintos servicios estatales encargados de la fiscalidad, el aumento de agentes fiscalizadores y mejores tecnologías.

75. Direccionamiento de la renuncia fiscal, adopción de una nueva fiscalidad y políticas de exenciones en favor de los proyectos productivos sustentables, los proyectos productivos que aportan a la complementación productiva regional y a favor de la inclusión e igualdad social.

Reforma agraria integral. Progresiva erradicación del monopolio transnacional en la producción y comercialización de semillas

76. Reforma agraria integral para redistribuir, desconcentrar y democratizar la tierra. La reforma agraria es un instrumento de generación de empleo, democratización de la propiedad, ocupación más equilibrada de los territorios y un uso más racional de los recursos. Aplicación del principio de la función social de la propiedad.

77. Eliminación de las modalidades de agro-negocios que combinen semillas transgénicas con agro tóxicos, en grandes áreas de monocultivos, en un contexto de creciente concentración, extranjerización de la tierra, de las semillas y de financierización de la actividad, que estimulan la especulación.

78. Control público sobre el mercado de tierras, estableciendo límites al tamaño y usos de las propiedades, para combatir la especulación financiera sobre las propiedades y los productos agropecuarios.

79. Una política de Estado que no priorice las grandes empresas privadas y revierta el monopolio de la comercialización de las semillas.

Crear una empresa estatal para la comercialización de las semillas. Garantizar acceso universal al uso de las semillas. Rechazo a las semillas terminator que son fabricadas por las grandes multinacionales del agro negocio y quiebra de patentes.

80. Instrumentos regulatorios que aseguren mayor participación de los pequeños productores rurales. Implementación de mecanismos que garanticen precios justos, asistencia técnica y líneas de financiamiento para los productores agropecuarios de menor escala, la agricultura familiar y campesina.

81. Afianzamiento de la inclusión productiva de las mujeres a través de programas de transferencias de ingresos, créditos accesibles y acceso a la propiedad de la tierra que tiendan a la igualdad y justicia entre géneros.

82. La violación de los derechos de propiedad de los pueblos originarios y afro-descendientes sobre sus tierras y territorios no puede sustentarse en justificaciones de desarrollo o de interés nacional que no respeten sus derechos, los cuales revisten importancia crucial para la supervivencia cultural, social y material de estos pueblos.

83. Intervención estatal para la democratización del mercado de tierras, el ordenamiento territorial y la zonificación agropecuaria, que contribuyan a la reversión de los procesos de extranjerización en curso.

84. Control efectivo por parte del Estado sobre los insumos utilizados en la actividad agropecuaria en el conjunto de la cadena productiva, y sus consecuencias sobre la salud de los y las trabajadoras y la población. Progresiva erradicación del uso de los agro-tóxicos que ponen en riesgo la vida humana e incentivos a la investigación sobre

técnicas e insumos sustentables.

85. Control de los agentes económicos que intervienen en la intermediación garantizando mejores condiciones y precios entre productores y comercializadores.

Soberanía y seguridad alimentaria

86. La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, la ganadería, el trabajo, la pesca, la alimentación con el fin de ser ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus circunstancias únicas. Esto incluye el derecho de real para la alimentación y la producción de alimentos.

87. Soberanía y autoabastecimiento regional productivo y alimentario. Por una agricultura con diversidad de productores y diversidad de productos, que resulte ambientalmente sustentable a lo largo de los años. Redefinir el perfil de la actividad orientada a la exportación, la sobreexplotación de los recursos y los perjuicios hacia la agricultura familiar.

88. Los Estados deben tener una estrategia nacional para garantizar a todo el pueblo la seguridad y la soberanía alimentaria que implique: garantizar el abastecimiento de alimentos sustentables en los mercados internos urbanos y rurales, apoyo e incentivos a la agricultura familiar y campesina que favorezcan la diversificación de productos con más empleos en el sector rural y autonomía para los agricultores, políticas que promuevan la transformación de los procesos productivos para adecuarlos a las necesidades de la región de forma sustentable, regulación de los mercados regionales, la importación y exportación de alimentos entre los países de la región para que el intercambio se dé en condiciones de igualdad.

89. En el sector agropecuario se debe producir con técnicas y tecnologías que garanticen la preservación de los suelos, la eficiencia de recursos hídricos y métodos de cultivo no contaminantes. En esta tarea, resulta de mayor importancia el rescate y fortalecimiento de las prácticas tradicionales, originarias y orgánicas, las innovaciones tecnológicas

propias, considerando las relaciones sociales y los contextos culturales de las áreas en los cuales se desarrollan los cultivos.

90. Educación ambiental para el consumo sustentable. Informar a la población sobre cuáles son los alimentos transgénicos y si han sido utilizados agro-tóxicos.

Desarrollo de la investigación y transferencia tecnológica regional

91. Para superar las brechas tecnológicas y desigualdades entre las naciones del Norte y las del Sur expresadas tanto en el sistema de patentes y registros como en el desarrollo técnico y científico, deben establecerse garantías para el acceso al conocimiento y facilitarse los procesos de transferencia y acceso a la tecnología por parte de los países

menos desarrollados.

92. Fomento de instituciones financieras regionales y subregionales que asistan a los países de la región con financiamiento para desarrollos tecnológicos que apunten a la integración regional y la complementariedad productiva. Estos procesos no deben generar endeudamiento de las naciones del Sur.

93. Construcción de indicadores nacionales y regionales confiables.

94. Fortalecimiento de los sistemas de formación profesional, para recapacitación y reconocimiento de saberes de trabajadores y trabajadoras afectados por incorporación de nuevas tecnologías. Planes de capacitación en tecnologías de punta y tecnologías ambientalmente amigables para microempresas y PyMEs.

95. Promover la inversión de un mínimo del PBI de cada país en sectores que reduzcan el impacto ambiental de la producción y actuando preventivamente sobre los desastres naturales.

96. Las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) constituyen un soporte imprescindible y transversal del conjunto de la actividad productiva, política y cultural. Estas tecnologías pueden ser aliadas para esta alternativa de desarrollo, a través de la superación de las brechas sociales, de género, generacionales, racial, étnicas y de clase. Por eso deben ser parte de las políticas de Estado orientadas a la igualdad social.

Planificación estatal y participative de la economía social y solidaria

97. Propiciar políticas estatales de financiamiento (como subvenciones y estrategias de inversión colectivas, entre otras) con énfasis en la creación de un Fondo específico de financiamiento a proyectos de la economía social y solidaria. Dicho fondo debe priorizar la infraestructura, la asistencia técnica para planeamiento, gerencia y mercadeo

de los productos y servicios y el apoyo a las etapas iniciales del capital de giro y los salarios de los trabajadores.

98. Promover modelos y generar elementos institucionales cooperativos, comunitarios y sociales para que los agentes de la economía social puedan acceder a tecnología de punta y métodos productivos con alto contenido tecnológico.

99. Programas de desarrollo tecnológico, asistencia técnica e increment de la productividad en forma respetuosa del medio ambiente.

100. Promoción del Desarrollo Local a través de la implementación de proyectos que asocien a los agentes económicos con énfasis en la economía solidaria.

101. Fortalecimiento de la institucionalidad a través de la cual se canaliza el apoyo estatal tendiendo a un organismo único de alto nivel que concentre la regulaciones y los apoyos a la economía social y solidaria. Las cooperativas y la economía social no deben ser utilizadas como vías de intermediación y fraude laboral.

102. Promoción de valores cooperativos en las comunidades y territorios donde se desarrolla la economía social y solidaria.

103. Acceso y priorización de la economía social y solidaria en las compras públicas estatales. Deben desarrollarse programas de compras públicas que garantice una reserva de mercado en sus compras a los emprendimientos de la economía social y solidaria.

III. Dimensión SOCIAL

Trabajo Decente

104. El Derecho al Trabajo decente, con igualdad entre géneros,etnias y generaciones, sin discriminación por discapacidad, orientación o identidad sexual, constituye el centro de la estrategia de Desarrollo sustentable en las Américas y es uno de los componentes fundamentals para la superación del modelo neoliberal.

105. Combate al trabajo en condiciones de informalidad tanto en la economía informal como en la formal. Y a la precarización, especialmente cuando surge de procesos de tercerización (subcontratación y trabajo “por agencia”). Erradicación del trabajo forzoso, del trabajo en condiciones análogas al trabajo esclavo y la trata de personas. Erradicación del trabajo infantil.

106. Igual remuneración y derechos por trabajo de igual valor y calificación.

107. La acción de la juventud trabajadora y del movimiento sindical son factores claves tanto en el potenciamiento y vitalización sindical como en la solución de los graves problemas que afectan a los/las jóvenes en el mundo del trabajo en las Américas. El acceso a un primer empleo con trabajo decente, debe ser una prioridad para los Estados. El movimiento sindical y la juventud son sujetos claves en la incidencia de las políticas públicas de empleo en cada país.

108. Los Estados deben ser garantes de la legalidad, la promoción y protección de las normas fundamentales del trabajo e intervenir en los períodos de crisis social o frente a fenómenos naturales extremos para que se proteja a las y los trabajadores y a sus familias, incluso a los propios trabajadores del Estado, los trabajadores públicos. Promoción de Planes Nacionales de Trabajo Decente, construidos como espacios de deliberación pública y diálogo social que incluyan: la formalización del empleo con reconocimiento y garantía de sus derechos, la elaboración de normas laborales para la juventud, el fortalecimiento económico, logistico, profesional, técnico, fortalecimiento de los Ministerios de trabajo frente a la inspección laboral, la generación de empleos formales con derechos, garantías para la negociación colectiva, el ejercicio de la libertad sindical, la seguridad social universal y diálogo social verdadero.

109. Vigorización del papel normativo de la OIT como organism creado para dar igualdad a los desiguales, a través de la ratificación y aplicación de sus convenios por todos los países miembros, con una presencia sindical más protagónica.

110. Elaboración y ejecución de Programas de cooperación focalizados a los países de las Américas con mayor déficit de trabajo decente y menos desarrollo sindical.

Libertad sindical y negociación colectiva efectivas

111. Las y los trabajadores tienen derecho a organizarse libremente, a elegir el tipo de estructura y formas de representación, a ejercer el derecho a huelga, a negociar colectivamente, a ser partícipes en la distribución de los beneficios; tanto en el ámbito privado como en el público, el sector urbano y rural de la economía; en los lugares y

establecimientos de trabajo, a nivel de la empresa, grupo de empresas, rama de actividad o cadena productiva; a escala local, territorial, nacional, regional y trasnacional.

112. Fin de la persecución y la violencia contra las y los trabajadores que se organizan y luchan. Independencia y autonomía del movimiento sindical frente a las empresas y los gobiernos. Eliminación de los seudo-sindicatos dominados por los empleadores. Prohibición del uso de contratos de protección (acuerdos colectivos entre el empleador y un sindicato controlado por el empleador) utilizados para obligar a las y los trabajadores a unirse al sindicato de preferencia del empleador. Eliminación de restricciones a la huelga, la imposición de arbitrajes obligatorios y mayor precisión en la regulación de los servicios esenciales.

113. Promover la negociación colectiva por la vía legislativa. La normativa no debe afectar la autonomía colectiva de las organizaciones de las y los trabajadores ni el ejercicio de la libertad sindical.

114. El Estado debe intervenir para garantizar que las instituciones de Justicia regulen las situaciones laborales legalmente ambiguas, el fraude empresarial, las relaciones semiautónomas y la tercerización precarizadora.

115. Promover negociaciones en ámbitos múltiples con coordinación y descentralización organizada. Aplicación del efecto erga omnes o general para todo el ámbito de negociación. Favorecer la incorporación de nuevos contenidos en la negociación colectiva.

116. Reconocimiento y aplicación de la norma más favorable al trabajador. Reforzar el control de cumplimiento mediante una adecuada inspección y dotación de recursos.

117. Incorporar el enfoque de género a la negociación colectiva.

Promover la participación de las mujeres en los procesos de negociación y la regulación por esta vía de las políticas de conciliación familia-trabajo con criterios de igualdad entre géneros. Promover entre las mujeres y la juventud los beneficios de la afiliación sindical, la representación sindical en el lugar de trabajo y la negociación colectiva.

Seguridad social universal y solidaria como Derecho fundamental

118. Sistemas nacionales de seguridad social, basados en los principios de universalidad, solidaridad y el carácter público de las prestacione, financiados mediante contribuciones e impuestos progresivos, en especial durante la niñez y la vejez.

119. La Seguridad Social para todas y todos debe tener dos componentes: un pilar público básico, financiado con impuestos progresivos y que proporcione beneficios a todas y todos; y un pilar public contributivo, con financiación tripartita. Impulso y cumplimiento de las propuestas contenidas en la Plataforma Sindical Continental de Seguridad Social de la CSA (2010).

120. Implementación de una estrategia múltiple de seguridad social basada en el establecimiento de una pensión universal para todas y todos proporcionada por el Estado y financiada con impuestos. Cada Estado debe comprometer un porcentaje del presupuesto nacional para la extensión de la cobertura en la protección social entendida en un sentido integral, con igualdad de género y atención a poblaciones vulnerables.

121. Defendemos el Convenio 102 de la OIT como norma mínima de Seguridad Social y como referente normativo internacional, al establecer criterios y reglas claras para la cobertura de las nueve (9) contingencias básicas de la seguridad social: asistencia médica, enfermedad, desempleo, vejez, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asignaciones familiares, maternidad, invalidez y muerte.

122. Los Estados nacionales deberán asegurar la protección social de toda la población. Las políticas de protección social universal deben ser articuladas con políticas de generación de empleo decente. El fin es evitar la cristalización de una sociedad dividida entre quienes tienen trabajo y quienes son asistidos. De ese modo se combate de forma efectiva la pobreza.

123. Financiamiento sustentable de la seguridad social con justicia social. Establecimiento de porcentajes de los Presupuestos Nacionales de cada país destinados a la protección social. Destierro de los modelos fundados en la capitalización individualista, el lucro privado y la especulación financiera. Establecimiento de fuentes de financiación tripartite adecuadas con recursos del Estado, impuestos progresivos al capital y a las grandes rentas, y contribuciones de empleadores y trabajadores.

124. Las políticas de conciliación de la vida laboral con la familiar deben ser contempladas como elementos de la seguridad social. Políticas públicas específicas para las mujeres amas de casa que hayan sufrido desequilibrio en el reparto de responsabilidades familiares, y que se encuentren desprotegidas en términos de remuneraciones y protección social.

125. Participación de las organizaciones de las y los trabajadores en el diseño, implementación, ejecución y control de las nuevas políticas de seguridad social basadas en derechos, para todas y todos los trabajadores, sean estos de la economía formal como informal, remunerados o no. Servicios públicos, colectivos y responsabilidad empresaria en la provisión de cuidados.

126. Los aspectos de la producción y los de la reproducción y el cuidado de la vida deben ser reconocidos como trabajo y considerados seriamente en el proceso de superación de las desigualdades de género. Reconocimiento del trabajo no remunerado y su aporte al bienestar de las familias, las comunidades y los países.

127. Responsabilidad pública compartida y redistribución justa entre géneros del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. El Estado es responsable de promover políticas públicas que reconozcan el carácter socialmente necesario de la reproducción del vivir y que faciliten la conciliación de las responsabilidades familiares y de cuidado con las laborales, compartiendo el trabajo doméstico y del cuidado a través de servicios públicos de provisión de cuidados de calidad y accesibles a todas y todos los trabajadores.

128. Incorporación del trabajo doméstico y cuidado no remunerado en las Cuentas Nacionales y medición en los sistemas estadísticos públicos.

129. Promoción de la política de cuidado en tres ámbitos principales: a) en la empresa, evaluando la reducción de la jornada de trabajo sin disminución de salarios para que se asuma como una responsabilidad social de la empresa el derecho de las y los trabajadores a atender las responsabilidades familiares y a obtener permisos maternales y paternales; b) en la sociedad, fortaleciendo los sistemas públicos colectivos accesibles a todos y todas para apoyar el cuidado de la niñez, las personas enfermas, con discapacidad y adultas mayores; y c) implementar programas y campañas de educación y sensibilización para de-construir la cultura e ideología patriarcal, para valorar socialmente el trabajo reproductivo y que éste se asuma entre varones y mujeres con un sentido de igualdad.

130. Implementar mecanismos que valoren a las y los trabajadores remunerados del hogar, que se garanticen el respeto de los derechos laborales y su equiparación con respecto al conjunto de las y los trabajadores.

Promoción de modelos anti patriarcales, equiparación de las responsabilidades del cuidado y el trabajo doméstico entre géneros

131. Esta alternativa para el Desarrollo no reproducirá los modelos de desigualdad de género anteriores y vigentes; y apuesta a la superación del patriarcado como régimen de dominación social.

132. Prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. La condición de las mujeres sólo podrá transformarse efectivamente en la medida en que se impulsen cambios en las formas de producción y reproducción social, en las estructuras de poder y autoridad, y en tanto se reconozca a las mujeres como agentes activos en los todos los procesos sociales, económicos, culturales y políticos.

133. Las diferentes modalidades y expresiones de violencia contra la mujer, impiden su desarrollo individual, menoscaban sus derechos y limitan su participación pública, económica, social y política.

Por lo tanto se continuará incidiendo en políticas y prácticas, a fin de desarrollar mecanismos para la erradicación de todo tipo de violencia que son víctimas las mujeres. Continuar promoviendo y profundizando la campaña continental “¡Basta ya! No más violencia contra las mujeres”.

134. Creación y fortalecimiento de las Comisiones Tripartitas de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres en toda la región como mecanismo consultivo y promotor del dialogo social, el trabajo decente y la protección a la maternidad y la paternidad.

135. Dado el carácter “feminizado” de los Programas de Transferencias Condicionadas (PTC), puede existir la tentación de considerarlos una política pública para las mujeres. Si lo fueran, deberían actuar sobre los elementos que retrasan la autonomía femenina y sobre los principales obstáculos a la igualdad de género. Pero una Mirada cercana a estos programas permite dudar al respecto y preguntarse si no son, como tantos otros, programas destinados a las mujeres pero que carecen de perspectiva de género.

136. Garantía de los derechos reproductivos de madres, padres y tutores biológicos, adoptivos y parejas del mismo sexo.

137. Es imprescindible acabar con la visión tradicional que divide el trabajo productivo del reproductivo, y que responsabiliza por este último de forma naturalizada e individualizada a las mujeres y a las familias. Información y educación pública para la comprensión del principio de la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

Ciudadanía regional y derechos para los migrantes

138. Reconocimiento de la doble contribución al Desarrollo económico, social y cultural de los migrantes tanto en el Estado origen como el Estado receptor.

139. Libre circulación de las personas, de las y los trabajadores, derecho a migrar, a no migrar, a permanecer o a retornar dignamente. Los y las migrantes, regularizados o no, deben gozar de iguales derechos que los demás ciudadanos.

140. La opción de migrar no debe tener que enfrentar barreras y obstáculos, ni los migrantes deben ser objeto de criminalización. Los Estados deben garantizar el derecho a retornar para los migrantes que decidan volver a su país de origen. Reconocimiento del principio de no repatriación en los casos que involucren violación de los derechos humanos en los países de origen, en casos de víctimas de terrorismo, de tráfico y de trata de personas, explotación sexual y laboral, accidentes de trabajo y represión por actividad política y/o sindical.

141. Establecimiento de un sistema regional de validación de certificaciones profesionales y títulos de educación formal; y fortalecimientos de los sistemas ya existentes, a fin de garantizar el respeto de la calificación profesional y laboral alcanzada en los países de origen de los migrantes.

142. Creación de mecanismos regionales para eliminar abusos de la intermediación financiera con las remesas de los trabajadores migrantes.

143. Constitución de sistema de pensiones y seguridad social regional. Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social para invalidez, vejez y supervivencia, que debe ser aprobado y aplicado con rango de Ley.

144. Ampliación, consolidación y articulación de servicios públicos para las y los trabajadores migrantes: trabajo y ofertas de empleo, información y tramitación de documentación, normativa nacional y regional, alternativas de formación profesional, con el fin de contribuir simultáneamente al combate de la informalidad laboral y a desalentar la proliferación de agencias privadas de empleo para migrantes que operan de manera ilegal.

Políticas continentales de prevención y erradicación de todo tipo de violencia

145. Políticas regionales para erradicar y prevenir la criminalidad e inseguridad, la explotación infantil, la trata de personas, el crimen organizado, el narcotráfico, los feminicidios y todas las formas de impunidad que garantizan su continuidad.

146. Políticas de Estado en el ámbito de las Américas para la eliminación de todas las formas de explotación infantil, con un abordaje de carácter integral que garantice la asistencia de los niños, las niñas y los adolescentes al sistema escolar público y gratuito desde la edad preescolar.

147. Erradicar todo tipo de actos discriminatorios hacia la orientación sexual, apariencia o condición física, creencia religiosa o filiación política.

148. Descriminalización de la juventud y activa participación de las y los jóvenes en la construcción de la seguridad de nuestros pueblos. Ampliación del espacio político de la juventud trabajadora para su organización y el empoderamiento como sujeto activo, social, sindical y político.

149. Impulsar el programa de la CSI, Alianza Sindical Global contra el Trabajo Forzoso y la Trata de Personas para promover el respeto por los derechos fundamentales de los trabajadores.

Educación pública, gratuita, universal, laica, intercultural y de excelencia académica en todos los niveles

150. La educación es un derecho humano de toda persona, que se da a lo largo de la vida. Debe constituirse en palanca del desarrollo. Debe ser pública, gratuita, laica, de calidad, garantizando lo más avanzado del conocimiento y la formación integral.

151. La política educativa debe estar fundada en un concepto y una metodología horizontal y democrática para la interpretación y transformación de la realidad, y debe ser reconocida como una inversion social. La formación técnica y profesional debe responder a las estrategias de desarrollo integral y sustentable de nuestras sociedades. Rechazamos el enfoque mercantil e instrumental que tiene como estrategia formar máquinas para el mercado de trabajo.

152. La educación formal debe comprenderse y desarrollarse desde una política pública que integre el enfoque de una educación para la vida, a lo largo de la vida, integral, continua, laica, obligatoria, gratuita, pública, intercultural, de excelencia académica, con igualdad de oportunidades y de acceso para todas y todos. Los Estados deben garantizar el acceso y la permanencia de mujeres y hombres para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

153. Incorporación en los programas de estudios y sus contenidos curriculares sobre los derechos laborales, la libertad sindical, la negociación colectiva, la seguridad social de las y los trabajadores, los principios y valores de la economía social y solidaria, desde una perspectiva de igualdad entre géneros, etnias, pueblos originarios y generaciones.

154. Docentes calificados/as, actualización continua con buenas condiciones de trabajo (salario y condiciones dignas de trabajo, oportunidades de calificación, infraestructura adecuada) son la base de un sistema educativo de calidad. Además, es importante facilitar en los centros educativos, la creación de comunidades de aprendizaje donde las y los docentes interactúan, conviven, aprenden, crean nuevos conocimientos y de esa manera mejoran la calidad educativa y fortalecen las instituciones educativas.

156. Ampliación de los programas de educación y de formación profesional, diseñados con una perspectiva de género e inclusion de los y las jóvenes, buscando la formación permanente y continua, así como la adquisición de las calificaciones para insertarse en el mundo del trabajo.

157. Erradicación del trabajo infantil y de la explotación familiar como trabajo no remunerado mediante la universalización de la educación, el combate al analfabetismo y la deserción escolar.

158. El sindicalismo de las Américas se propone desarrollar alianzas estratégicas con instituciones de educación para incidir en la educación formal y en la formación profesional.

Sistema de atención pública, universal e igualitaria de la Salud

159. Prevención y atención universal e igualitaria de la Salud y sus familias, en todos los lugares de trabajo y territorios habitacionales. La atención primaria es el primer nivel estructural para conservar la salud desde el concepto de la OPS-OMS que compartimos. Institucionalización del nivel de prevención y atención primaria en salud. Construcción de un seguro social único de financiamiento a los servicios de salud que se base en la lógica de aporte por ingresos (sea a través de la seguridad social o de la fiscalidad) y el acceso esté desligado de dicho aporte y determinado por las necesidades de las personas (edad, sexo, localización geográfica, etc.)

160. Acceso a un paquete de vacunas y medicamentos esenciales de calidad conforme lo demande el perfil epidemiológico como estrategia de aseguramiento de la salud como derecho colectivo. Estímulo a la producción regional y pública de medicamentos y quiebre de patentes.

161. Rechazo de las lógicas empresariales que deshumanizan los servicios en el sistema público de salud y de los modelos de asociación público-privado, más costosos que el desarrollo público de los servicios, y que, además, disminuyen la calidad.

162. Sistema de salud sin discriminación, con una perspective de igualdad de género, de orientación e identidad sexual, étnica y religiosa, de capacidades físicas y de edad. Eso incluye el derecho de las mujeres a elegir sobre su propio cuerpo y no ser penalizadas por causa de interrupción voluntaria del embarazo.

Lugares de trabajo sanos y seguros

163. La salud laboral es un Derecho humano fundamental. Se construye en un ambiente de trabajo adecuado, con condiciones de trabajo justas, donde trabajadoras y trabajadores puedan desarrollar una actividad con dignidad y donde sea posible su participación para la mejora de las condiciones de salud y seguridad. Impulso y aplicación de las propuestas contenidas en la Estrategia sindical en Salud Laboral Para las Américas de la CSA (2012).

164. Fortalecimiento de tripartismo y dialogo social en salud laboral.

165. Adecuada inspección y control, para hacer visible lo invisible. Promover la estrategia de salud laboral en todas las relaciones laborales involucradas en la realización de una actividad, incluyendo a las tercerizaciones y subcontrataciones.

166. Implementación de un sistema integral de riesgos laborales y enfermedades profesionales, incluyendo la salud mental, que tenga como eje prioritario universal a la prevención. Exigimos lugares de trabajo sanos y seguros.

167. Articulación de las políticas de acceso a la salud con la capacitación en materia medioambiental y las exigencias a los gobiernos y empresas en cuanto a las regulaciones de materiales y químicos que se corresponden o no emplearse en cada actividad económica.

168. Adecuada inspección y control con perspectiva de género. Instituciones públicas nacionales de inspección y control fuertes y eficaces para el cumplimiento de las obligaciones preventivas y sanction para las empresas. Reforzar órganos técnicos de salud laboral.

169. Creación de sistemas confiables de información, registro y notificación de accidentes y enfermedades por parte de los gobiernos con participación sindical, respetando el derecho de confidencialidad. Diseño e implementación de encuestas sobre las condiciones de trabajo.

170. Participación en los centros de trabajo de los delegados sindicales para la mejora de las condiciones y medio ambiente de trabajo.

171. Una estrategia nacional de defensa de la salud y seguridad de la vida de las y los trabajadores debe tomar en cuenta el influjo e impacto del cambio climático.

IV. Dimensión AMBIENTAL

Justicia Ambiental

172. Ningún grupo de personas, pueblo o nación debe soportar una cuota desproporcionada de las consecuencias ambientales negativas del actual modelo de desarrollo. Demandamos una política ambiental para enfrentar las asimetrías tanto a nivel nacional, entre clases sociales, como a nivel internacional, entre las naciones del Norte y del Sur. Todas las naciones tienen derecho a un desarrollo sustentable.

173. Reconocimiento que el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas (PRCD) y las diferentes capacidades, son la piedra angular del régimen internacional del cambio climático y para superación del impase climático. Resulta crucial la identificación de los responsables de los mayores daños sobre quienes deben recaer las mayores cargas relativas a las iniciativas de adaptación y mitigación. Se tendrá que aportar claridad en (1) los objetivos de reducción de emisiones, (2) la adaptación, (3) el apoyo (financiero, tecnológico y humano), fortalecer su compromiso con la (4) Transición Justa y desarrollar (5) normas comunes.

174. Acceso público e igualitario por parte de todos los pueblos al goce de los bienes comunes, la naturaleza y los espacios verdes. Esta distribución debe ser equitativa entre países y al interior de cada país y debe resguardar las soberanías nacionales.

Defensa y preservación de los Bienes comunes

175. Los bienes comunes son aquellos elementos naturales o socialmente construidos que se caracterizan por ser de carácter colectivo y transgeneracionales. Son bienes comunes la biodiversidad, el agua, las semillas, los bosques, la energía y el conocimiento.

176. Garantías a la soberanía y autodeterminación de los pueblos sobre los bienes comunes. Constitución de instancias de participación y decisión democráticas. Los estándares de cuidado del medio ambiente no deben convertirse en excusas para la mercantilización de los bienes comunes.

177. El Estado debe garantizar el carácter público de los bienes comunes y el goce colectivo y equitativo de los mismos, su defensa y preservación.

178. Contra la mega-minería a cielo abierto.

El agua como Derecho humano

179. El agua y el saneamiento son un bien común, esencial para la vida, un derecho humano universal. Acceso universal al agua potable y saneamiento básico de calidad. Reafirmamos nuestra oposición a la privatización del agua.

180. El Estado tiene el deber de garantizar el acceso efectivo al agua mediante servicios de agua potable y saneamiento en manos públicas y comunitarias, con participación de las y los trabajadores. Regulación y control del uso del agua para uso industrial. Impulsar una nueva visión de mediano y largo plazo sobre la gestión integral del bien agua.

181. Preservación de las cabeceras de cuencas, lagunas, páramos, glaciares y espejos, a través de controles a los grandes asentamientos mineros que están vinculados intrínsecamente a las cabeceras de cuencas. Tratamiento integral de efluentes dentro los megas proyectos mineros, metalúrgicos, residuales y otros, para proteger y resguardar las cualidades de los recursos hídricos subterráneos de las aguas continentales.

182. Preservación de las zonas marino costeras nacionales y de las aguas profundas. Protección a la actividad pesquera racional, con Desarrollo acuícola sustentable, empleo digno, para el consumo popular. Producción con participación de las comunidades en proyectos sustentables.

Zonificación de reservas extractivas marítimas en las costas nacionales.

183. Impulsar una nueva visión sobre la gestión integral del agua. Despertar la conciencia y apoyar iniciativas tendientes a propiciar la valoración del agua, la disminución de su desperdicio y contaminación.

Promover la visión de cuenca. Soberanía y democratización energética con matriz sustentable.

184. La superación de la crisis energética es un asunto central en la construcción de un modelo alternativo para la región, siendo que ella concentra una matriz energética variada y de mucho peso en la dinámica económica de nuestros países. La construcción de una matriz energética sustentable requiere la consideración de cuestiones ambientales tanto globales – cambio climático, agotamiento de recursos energéticos, etc., como locales – contaminación, pérdida de la biodiversidad, entre otros.

185. Universalización del acceso a la energía en todas las regiones.

186. Reformulación y diversificación de la matriz energética, de manera tal que se base en tecnologías limpias, renovables y en bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

187. Elaboración de un inventario que posibilite el examen y evaluación de los rasgos de las matrices energéticas de cada país, sus usos y sus dependencias, desalentando el desperdicio.

188. La demanda por hidrocarburos no debe ser una excusa para la explotación de recursos no convencionales a través de técnicas contaminantes que afectan e impactan negativamente en las poblaciones locales. A su vez, su instrumentación vía acuerdos con empresas extranjeras no deben poner en riesgo las soberanías energéticas y el control democrático sobre los recursos hidrocarburíferos.

189. La reformulación de las matrices energéticas debe basarse en evaluaciones y estudios precautorios sobre posibles impactos, en términos ambientales, sociales y culturales.

190. Viviendas y edificaciones dignas de alto rendimiento y que minimicen la pérdida de energía.

191. Restricciones más estrictas a las licencias para el otorgamiento de concesiones a los proyectos energéticos, asegurando procesos de diálogo social y consulta previa con las poblaciones afectadas.

192. Reducción gradual de la dependencia de combustibles fósiles mediante transformaciones al interior de cada actividad económica.

193. Ampliar inversiones en los modelos alternativos y no contaminantes de combustibles, tales como los biocombustibles. Estos pueden ser considerados como una alternativa más de energía, en pos de profundizar la diversificación, siempre y cuando su desarrollo no desplace la producción de alimentos.

Una transición justa

194. La Transición Justa constituye la propuesta prioritaria del movimiento sindical frente a las consecuencias negativas del cambio climático sobre los pueblos. Se define como el conjunto de políticas diseñadas para asegurar que la transición y el camino hacia una producción con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, ofrezca al mismo tiempo oportunidades a las y los trabajadores y a las comunidades implicadas. Con la finalidad que no sean ellas y ellos quienes paguen los mayores costos de las consecuencias negativas ocasionadas por cambios de los cuales no son los mayores responsables.

195. Inversiones urgentes y consistentes para un desarrollo a largo plazo de aquellos sectores económicos sostenibles y de bajas emisiones, con el objetivo de generar trabajo decente, dialogo social y consulta democrática de las partes interesadas.

196. Investigación y evaluación temprana de los impactos socials y de los efectos en el empleo. Capacitación y desarrollo de capacidades de los trabajadores y comunidades, con consulta previa e informada que no sean meras formalidades.

197. Crear agendas de transición justa a nivel global, regional y nacional. Establecer contenidos de protección social en los programas de transición justa comunes para toda la población trabajadora, garantizando el trabajo decente para la región.

198. Defendemos que tenga lugar una transferencia real de tecnología con impacto en el proceso de cambio climático. La transferencia de tecnología debe ser efectiva en pos del desarrollo sustentable de los países receptores. Las patentes no pueden ser un impedimento para ello y, a su vez, la tecnología transferida no pude generar dependencia, ni deuda externa.

199. Los gobiernos deben consultar, planificar e implementar una estrategia de transición justa que proteja a los más vulnerable y los que se encentran en situación de riesgo tanto de los efectos del cambio climático, como de las medidas de mitigación y adaptación para combatirlo. Deben además asegurar la participación del movimiento social y sindical en el diseño, monitoreo y verificación.

200. Proponemos que todos los países de la región tengan una estrategia nacional frente al cambio climático acorde con sus responsabilidades, que incluya garantías presupuestarias para su financiación e implementación con participación de las organizaciones sindicales en la formulación de las políticas de adaptación y mitigación.

201. Los Estados con mayores responsabilidades históricas en la depredación ambiental y emisión de gases de efecto invernadero deben asumir mayores costos para la adaptación y mitigación.

202. Promover acciones de reconversión y transición para sectores de la economía que más contaminan el medio ambiente y asegurar sistemas de protección de los derechos de las y los trabajadores en los procesos de cambio.

203. Establecimiento de políticas de ordenamiento territorial que regulen las inversiones con enfoque de sustentabilidad y restricciones ambientales. Fomento de una industrialización con tecnologías sostenibles.

204. Incentivos fiscales para las empresas que inviertan en reconversion hacia tecnologías más limpias.

Nuevo paradigma de producción, distribución y consumo con sustentabilidad ambiental presente y futura.

205. Fortalecimiento de relaciones sociales y económicas que promuevan el equilibrio socio-ambiental con involucramiento y participación de los trabajadores y trabajadoras, de campesinos y campesinas, pueblos originarios y comunidades indígenas. Desarrollar tecnologías que eviten el uso de insumos y técnicas productivas generadoras del cambio climático y la desertificación, y que en cambio contribuyan a la producción en un nuevo paradigma de sustentabilidad.

206. Repensar integralmente el transporte de pasajeros y mercancías. Descentralizar la producción para reducir las distancias entre los centros de producción y los de consumo, minimizando el gasto de energía. Transporte público de excelencia con tecnologías limpias para reducir el uso de medios de desplazamiento individuales, superando la dependencia del transporte motorizado de baja relación entre pasajeros/as y consumo de combustible. Desarrollar planes de movilidad colectiva con participación sindical.

207. Interculturalidad, reconocimiento de saberes y prácticas ambientales, protección de nuestros recursos genéticos contra la biopiratería.

208. Promover una legislación que incorpore principios precautorios que implican que determinados productos no puedan ser utilizados masivamente hasta tanto no haya pruebas fehacientes de que no dañan el ambiente o la salud humana y animal.

209. Por un nuevo paradigma de gestión de materiales, con énfasis en el reciclaje y en la reutilización de los productos, que no ponga en riesgo el medio ambiente ni la generación de trabajo decente. Demandar restricciones a la obsolescencia programada de las mercancías, bienes y servicios producidos, teniendo en cuenta los impactos, procesos de desmaterialización y tratamiento de los residuos generados.