Dossier
Apuntes sobre el terrorismo de estado, el movimiento obrero y la complicidad empresaria.



Una política para destruir el corazón del poder popular

La dictadura cívico-militar de 1976 tuvo como uno de sus objetivos principales el disciplinamiento del movimiento obrero, un medio estratégico para acallar las luchas, destruir la organización popular y facilitar la aplicación del modelo económico global. En las grandes empresas, la represión de los trabajadores también tenía como objetivo maximizar las ganancias empresarias, por la vía de destruir la organización de base, eliminar conflictos, anular las conquistas, impedir los planteos reivindicativos y flexibilizar horarios, condiciones y salarios. El efecto de disciplinamiento del terrorismo de Estado también se expresó en la intervención de las fuerzas militares para impedir cualquier lucha reivindicativa de los trabajadores de las empresas involucradas.
Estos objetivos pusieron en la primera línea del accionar represivo a las Comisiones Internas de Fábrica, y a las estructuras de base de los sindicatos de los principales sectores productivos del país. El Informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), señala que el punto 2 (Misión) del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión), que reemplaza y ordena incinerar la Directiva 222/76 (Operación Piloto en el Ámbito Industrial) expresa que: el Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo.
En el diario La Nación, el entonces Ministro de Trabajo, General Horacio Tomas Liendo, afirmaba: la subversión en el ámbito fabril intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril, para combatirla y destruirla. El gobierno y las fuerzas armadas han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos. Aquellos que se apartan del normal desarrollo del Proceso, buscando el beneficio individual o de sector, se convierten en cómplices de la subversión que debemos destruir; lo mismo que a quienes no se atrevan a asumir las responsabilidades que la situación impone. Amenazas cuyo destinatario final puede ser, en su deliberada imprecisión, a cualquiera.
Una preocupación semejante se advierte en las palabras del provicario castrense Monseñor Bonamín, expresadas en el mismo diario: el país ha advertido que el sindicalismo constituyó siempre una fuerza indudable que llegó a tener un poder político que no le era debido y que parece que lo quisiera recuperar, si es que lo perdió en algún momento. En los días previos al golpe el Ministro de Trabajo del gobierno de Isabel Martínez, Carlos Ruckauf reclamaba el fin de la presencia subversiva en las fábricas, y el jefe de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, regaló letra a los genocidas, creando la figura de subversión industrial.
Los resultados del direccionamiento del terrorismo de Estado sobre los trabajadores son estremecedores, y su dimensión global todavía no está suficientemente establecida. Según la CONADEP, el 30,2 % de los detenidos-desaparecidos denunciados son obreros, y el 17,9 % empleados. Esta cifra se incrementa notablemente si se considera que, del 21 % que representan los estudiantes, uno de cada tres trabajaba. Un alto porcentaje de los operativos se efectuó en el mismo día de golpe, o en fechas inmediatas posteriores.
La Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con motivación económica, a cargo de Luis Alén, investiga la participación de las empresas en la instauración de la represión ilegal. Esta unidad lleva registradas más de 604 empresas apropiadas durante el accionar represivo, e investiga cómo desaparecieron los miembros de las comisiones internas de delegados de las firmas que más crecieron durante la dictadura. La apropiación de empresas y la desaparición de delegados y activistas durante la dictadura, son delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. En el caso de los obreros desaparecidos, se destaca la participación de los directivos de las empresas, en muchos casos actuando como parte activa de la represión, al colaborar con la desaparición de los integrantes de las comisiones internas y activistas.
Una de las zonas más castigadas por este accionar represivo fue el noroeste del Conurbano Bonaerense, particularmente en grandes plantas industriales de firmas como Mercedes Benz, Ford y General Motors, La Cantábrica, Deutz, Goodyear, Terrabusi, Metalúrgico Santa Rosa, Celulosa Argentina, Acindar, Tensa, entre otros. Muchos de sus delegados y activistas fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino de Campo de Mayo por donde pasaron más de 6.000 detenidos desaparecidos.
También fue particular objeto de la represión la industria naval. El Astillero Mestrino, de zona norte de Buenos Aires, fue el teatro de la detención de los delegados obreros, que estuvieron demorados en la Comisaría de Tigre y luego algunos de ellos fueron vistos por última vez en Campo de Mayo. Otro astillero duramente alcanzado por la represión fue Astarsa, de San Fernando. Rodolfo José Iriarte, delegado gremial y miembro de la comisión interna de seguridad industrial fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros 60 obreros y empleados de la misma empresa. Fue llevado inicialmente a la Comisaría de Tigre, trasladado a distintos lugares y su rastro se pierde en el Destacamento de Don Torcuato. En los días siguientes desaparecerán 4 delegados gremiales más.
Entre los dirigentes sindicales destacados del país, cabe destacar el caso de René Salamanca, ex Secretario General de Mecánicos de Córdoba (SMATA), secuestrado en el Campo de Concentración de La Perla y ¨trasladado” por orden del General Menéndez. También el del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal, Oscar Smith, quien desapareció el 11 de abril de 1977, mientras protagonizaba acciones reivindicativas de carácter estrictamente laboral, hecho que evidencia la estrecha relación entre los conflictos gremiales y las desapariciones.


Algunos casos emblemáticos

Entre los numerosos casos que dan cuenta del accionar del terrorismo de Estado sobre el movimiento obrero, cabe consignar algunos casos emblemáticos, por sus características intrínsecas y por ser claros ejemplos de la connivencia y complicidad de los gobiernos y de los directivos empresarios con la dictadura militar.

Ford Motor Argentina

En la fábrica Ford de General Pacheco, el Ejército instaló un Centro Clandestino de Detención, en los que miembros del personal de la empresa participaron en las torturas e interrogatorios. El Directorio de la fábrica entregó a los genocidas listados de los delegados de las distintas secciones de la fábrica, y los trabajadores fueron detenidos en plena jornada laboral y delante de sus compañeros. El día anterior al golpe cívico-militar, la planta de General Pacheco fue rodeada por camiones y jeeps, y soldados armados, registraron a los trabajadores. Se llevaron detenidos a los delegados, subdelegados y a activistas. Muchos aparecieron detenidos y muchos fueron liberados, pero otros muchos nunca aparecieron.
Los dirigentes sindicales Adolfo Sánchez y Juan Carlos Amoroso fueron llamados a una reunión con los cabecillas del departamento de Relaciones Laborales de la Ford Motor, en su planta de estampado. En esa reunión el señor Galarraga -gerente de Relaciones Laborales- leyó un papel que atribuyó al Coronel Camps y los exhortó a trabajar y olvidarse de todo tipo de reclamos. Tres días más tarde, Amoroso, Sánchez y los otros dirigentes fueron secuestrados de sus casas por hombres armados que llevaban tarjetas tomadas de los archivos de la oficina de personal de Ford. La represión hizo que la disciplina laboral resultara insoportable para los trabajadores quienes eran obligados a trabajar con rifles apuntando a sus espaldas a un ritmo febril de producción.
Situaciones similares a las de Ford y General Motors se dieron en la Argentina en otras grandes plantas automotrices: Fiat, Renault, Peugeot y Mercedes Benz. No sólo los trabajadores mecánicos sufrieron los efectos de las primeras operaciones militares. Casi todas las fábricas del país fueron sometidas a supervisión. Estas acciones se realizaron en las compañías consideradas vitales por los militares y en las industrias más importantes de cada sector o actividad.
La investigación de los hechos y el juzgamiento de los responsables ha permitido desentrañar aspectos destacados de los hechos y de sus responables. El fiscal “ad hoc” Félix Crous presentó en el juzgado federal a cargo de Rodolfo Canicoba Corral una querella penal contra el directorio de la empresa Ford Argentina, el personal jerárquico de la planta que la automotriz tiene en General Pacheco, y policías y militares con jurisdicción sobre esa zona del Gran Buenos Aires, por las violaciones a los Derechos Humanos de las que fueron víctimas los trabajadores de la empresa durante la última dictadura cívico-militar.
La causa tiene su origen en la declaración del sobreviviente Pedro Norberto Troiani, quien denunció que alrededor de veinticinco obreros fueron secuestrados del interior de la planta. La denuncia se efectuó en la jurisdicción porteña, sede de las oficinas de la empresa Ford Argentina, puesto que un involucramiento de tal magnitud en el terrorismo de Estado, no pudo obedecer sino a la decisión de sus máximas jerarquías, por sobre las autoridades de la planta.
A partir del 24 de marzo de 1976 la empresa Ford se transformó en un cuartel militar: el Ejército se hace cargo de un sector de la fábrica e instalan un cuartel dentro de la misma, en la zona del quincho y campo de deportes, y desde ese día empiezan a desaparecer los trabajadores. Los militares estaban las veinticuatro horas dentro de la fábrica, a la vista de todos y se transportaban en camionetas que les proveía la empresa, que les facilitó todo el lugar para desenvolverse.
Troiani formaba parte de la comisión interna de la planta y era delegado ante el SMATA. Fue secuestrado el 13 de abril de 1976 y llevado al quincho de la empresa, y ahí encuentra a cinco compañeros más, delegados también. Los esposan, los atan con alambres, y a la noche los trasladan en una camioneta hasta el centro clandestino de detención comisaría 1º de Tigre. En ese centro de detención había 25 delegados y activistas de Ford, de Terrabusi, de Astarsa y de los astilleros del Gran Buenos Aires. Es decir, los activistas y cuerpos de delegados de las empresas de la zona.
La causa imputa a directivos de la empresa Ford Argentina durante la dictadura, a oficiales del Ejército y miembros de la estructura gerencial de la planta. El fiscal anexó a la denuncia el capítulo del informe "Nunca Más" correspondiente a la represión en las fábricas, ya que -sostiene- pone en imprescindible contexto este hecho: se efectúa un certero análisis del significativo sesgo antiobrero de la dictadura, que se apresuró, el mismo día del golpe, a detener y en numerosos casos a asesinar a los delegados de los trabajadores verdaderamente representativos de los intereses de estos, obrando así en convergencia con los intereses económicos de las empresas en las que las víctimas cumplían su mandato.
En mayo de 2013 la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó, como partícipes necesarios del secuestro de 24 obreros en 1976, cuyos datos personales y fotografías suministraron a los militares, y por haber permitido montar un centro clandestino de detención dentro del predio de la fábrica; al ex gerente de Manufactura Pedro Müller, el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, sin prisión preventiva. En la resolución se consideró que los secuestros perpetrados fueron delitos de lesa humanidad e imprescriptibles. El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero falleció en 1989. Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado ex general Santiago Omar Riveros. En el fallo, la jueza aludió a precedentes internacionales como los procesos abiertos a empresas alemanas por su colaboración con el nazismo.

Mercedes Benz

La automotriz, perteneciente a la multinacional Daimler, fue acusada de complicidad con el terrorismo de Estado por secuestros y torturas a 17 trabajadores –14 continúan desaparecidos–, incluyendo la comisión interna de la planta ubicada en González Catán. También se la acusa por la apropiación de tres niños y la sustitución de identidad de Paula Logares, nieta recuperada.
La investigación judicial sobre los delegados secuestrados de la planta de González Catán de la Mercedes Benz duerme en el Juzgado Federal Nº 2 de San Martín, hoy a cargo del juez Juan Manuel Yalt. La abogada querellante de los tres sobrevivientes y familiares de los 14 desaparecidos, Florencia Arietto, aseguró que está probada la complicidad del gerente de la planta de González Catán, Alejandro Tomás Tasselkraut, que entregó una lista para eliminar a 17 trabajadores, de los cuales tres son sobrevivientes.
Los familiares de los obreros desaparecidos en la fábrica, también reclaman que la justicia ordene el ADN para establecer la filiación de Diego Christian Tasselkraut, inscripto como hijo biológico del ex gerente de la Merceces Benz, porque se sospecha que fue uno de los bebés apropiados durante la dictadura. La causa duerme en los cajones del juez Claudio Bonadío. La sospecha también se extiende a sus primos, hijos de Alejandro Tomás Tasselkraut, hermano del gerente de la planta, quienes también podrían ser víctimas de apropiación ilegal.
Mercedes Benz afronta también un juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en la Argentina, que se realiza en los Estados Unidos. La demanda civil permitirá una reparación económica a los damnificados, que prometieron hacer una donación para construir un hospital en la localidad de González Catán. Los familiares recurrieron a la corte estadounidense bajo la figura de la Ley de Reclamación por Agravios contra Extranjeros (Alien Tort Claims Act), que establece la posibilidad de demandar en territorio de los Estados Unidos a personas o corporaciones que hayan violado leyes federales allí o en países con los que tiene tratados celebrados, como la Argentina. Gracias a esta legislación, la Mercedes Benz ya perdió un juicio por complicidad con el apartheid en África. La Corte de Apelaciones para el Circuito Nueve de los Estados Unidos, consigna que Mercedes Benz colaboró con la dictadura militar y las fuerzas policiales y que esta colaboración terminó en el secuestro, tortura, detención y asesinato de los trabajadores. La decisión muestra que es posible juzgar a los responsables económicos de delitos atroces.

Ingenio Ledesma

El ingenio Ledesma es actualmente el Complejo Agroindustrial Ledesma. Con base en Jujuy, se ha expandido a ocho provincias y a otras actividades. Tiene empresas en Salta, donde tiene la exportadora de pomelo Citrusalta, en Colonia Santa Rosa, y la UTE (Unión Transitoria de Empresas) Aguaragüe, que produce gas y petróleo. En Jujuy tiene 40 mil hectáreas plantadas con caña de azúcar; fábricas de azúcar, alcohol, bioetanol, celulosa y papel. Tiene además 2 mil hectáreas de plantaciones de cítricos y paltas, un empaque de frutas y una planta de jugos concentrados.
El dueño del ingenio Ledesma, Luis Blaquier, está imputado por su participación en la privación ilegal de la libertad de 29 personas durante la dictadura, y también está procesado el ex administrador general de la empresa, Alberto Lemos, como partícipe secundario. Incluye la causa por la desaparición del ex jefe comunal de Libertador San Martín, Luis Arédez, y 26 secuestros durante la llamada "Noche del Apagón". El fiscal ad hoc, Pablo Pelazzo, informó que ambos fueron procesados por 26 hechos en la causa Luis Burgos y 3 en la causa del ex jefe comunal Luis Arédez.
La causa Arédez tiene cinco víctimas, secuestradas de sus casas la madrugada del 24 de marzo de 1976 por personal del ejército y de la policía: Luis Arédez, Ramón Luis Bueno, Antonio Fillio y Omar Claudio Gainza. La quinta víctima fue Carlos Alberto Melían, que fue secuestrado el 9 de abril. En los operativos se usaron “vehículos de la empresa Ledesma SAAI, en los que también se trasladó a los nombrados. Las víctimas estuvieron en el penal de Villa Gorriti, que desde el golpe funcionó con lógica de centro clandestino. Recibieron torturas, les derramaron agua caliente sobre el cuerpo y recibieron latigazos en las zonas íntimas en el trayecto a los baños. El 7 de octubre de 1976 los llevaron a la Unidad 9 de La Plata. Todos fueron liberados en distintos momentos, pero a Arédez lo volvieron a secuestrar y desde entonces permanece desaparecido. La otra causa incluye a treinta víctimas de la Noche del Apagón. Los secuestros se produjeron entre el 20 y el 23 de julio de 1976 en Ledesma, y seis personas permanecen desaparecidas: Tomás Córdoba, los hermanos Miguel Ángel y Horacio Garnica, Jhonny Vargas Orozco, Salvador Cruz y Román Rivero.
El juez Carlos Olivera Pastor, como juez subrogante del Juzgado Federal Nº 2 de Jujuy, tuvo en sus manos hasta 2009 -cuando por presión popular tuvo que renunciar a su cargo- la investigación por la represión a trabajadores del ingenio Ledesma durante la última dictadura militar y la complicidad del dueño de esta empresa. Sus actitudes dilatorias -que incluyeron el rechazo sistemático al 80% de los pedidos de indagatoria de la fiscalía- fueron denunciadas en el Consejo de la Magistratura, denuncia que quedó “en abstracto” tras su renuncia.
Blaquier está con una exención de prisión desde mayo de 2012. Con el paso del tiempo las pruebas se fueron acumulando, como la presentación de documentos que muestran al Ingenio Ledesma aportando camiones al Escuadrón 20 de Gendarmería de Orán, camiones que trasladaban gendarmes de una estructura que funcionó como centro clandestino de detención. Pese a que las nuevas pruebas cambiaron el escenario, y el juzgado aceptó ampliar la indagatoria por homicidio, una figura que no es excarcelable, el Juez rechazó ordenar la detención del empresario.
En noviembre del año pasado, la Justicia federal de Jujuy procesó a Carlos Pedro Blaquier. La fiscalía, las querellas y los defensores del dueño del Ingenio Ledesma apelaron los fallos y las causas pasaron a la Cámara Federal de Salta. La presencia en esa Cámara del juez Renato Rabbi-Baldi Cabanillas demoró la decisión sobre estas causas. Rabbi-Baldi fue recusado por las querellas y él mismo decidió apartarse de los expedientes por “violencia moral”. Finalmente, la Sala IV de Casación, en una resolución acelerada, confirmó el despegue de Rabbi-Baldi de las causas del Ingenio Ledesma y esa decisión acelera los tiempos de definiciones. En la práctica, la resolución significa que Rabbi-Baldi queda fuera de las causas y que está aprobada la integración del nuevo tribunal que se conformado para: Jorge Luis Villada y Roberto Loutayf Ranea y Federico Díaz.

La Nueva Provincia

Un fallo de la justicia de Bahía Blanca ordenó investigar a los directivos del diario La Nueva Provincia, enfocado a establecer los vínculos mediáticos de la represión ilegal. El diario publicaba comunicados sobre “supuestos enfrentamientos militares con presuntos elementos subversivos” complementados con croquis inventados por especialistas en acción psicológica del Destacamento de Inteligencia 181 y fotos de las víctimas robadas de sus casas. El Tribunal Oral Federal que acaba de condenar al primer grupo de represores del ex Cuerpo V de Ejército ordenó que se investiguen posibles “delitos de acción pública” de “los directivos de dicho órgano de prensa”.
El diario fue dirigido, hasta su muerte en 2009, por Diana Julio de Massot. Su hijo Vicente, que en plena dictadura visitaba la ESMA, integraba el núcleo duro que conducía el diario. Fue el secretario de Asuntos Militares del menemismo y debió renunciar luego de hacer una apología pública de la tortura. La justicia también investiga al empresario por los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola, ex delegados de los trabajadores del diario, secuestrados, torturados y ejecutados en 1976. Un documento de inteligencia de Prefectura sobre “guerrilla sindical” en La Nueva Provincia, muestra que los directivos del diario documentaban cada paso de los delegados ante “los comandos militares y navales de la zona”.


Algunos testimonios periodísticos

Pablo Llonto (Publicado el 13 de Marzo de 2011)

No todos los vigilantes tienen manga blanca

Empresarios que solicitan por escrito la captura de activistas sindicales, gerentes de personal que entregan listas de los delegados luchadores, agentes de inteligencia infiltrados en las fábricas, policías que simulan ser trabajadores, jueces y fiscales que miran para otro lado cuando les denunciaban los secuestros de comisiones internas completas, periodistas que incitaban al despido y aniquilamiento de militantes sindicales o políticos… así de espantoso fue el sistema que implantó la delación para llevar adelante un plan de exterminio en fábricas, empresas y lugares de trabajo. No es la historia de un país fantasma. Es la otra historia de la Argentina civil que durante los años de la dictadura sentenció a muerte a miles de trabajadores. Nuestra justicia tiene una gran deuda, apenas insinuada con el procesamiento de Martínez de Hoz y unos pocos cómplices que aguardan su indagatoria en las diversas causas abiertas de punta a punta del territorio.
La interminable batalla que muchas abogadas y abogados (Florencia Arietto, quien empuja la causa Mercedes Benz, es uno de los mejores ejemplos) sostienen en Tribunales para que se comprenda el grado de participación de los civiles en el terrorismo de estado, permanece oculta para los grandes medios. Seguramente es parte de la sospechosa manera que eligieron para referirse al pasado. Como si la barbarie sólo hubiese vestido de gorra. Para esa prensa, que jamás investigó el desastre que causaron a los argentinos los dueños del poder económico y civil, vale un viejo adagio de las tribunas futboleras de antaño: no todos los vigilantes tienen manga blanca.

Luis Alén (Publicado el 13 de Marzo de 2011)

La intención era desaparecer a las comisiones

El disciplinamiento a las empresas implicaba la desaparición de los grupos que actuaban en la economía que no eran afines. A su vez, en la industria automotriz se impone otro tipo de disciplinamiento, en este caso hacia las comisiones internas. Pero no es el único rubro, también están los ingenios, como Ledesma, o Las Marías. La intención de hacer desaparecer a las comisiones gremiales fue para favorecer un proceso de fuerte pérdida de los salarios y la modificación de leyes laborales. Son distintos mecanismos, a los amigos se les saca la competencia interna, y se les desaparece las comisiones internas que fueron limpiadas, sus integrantes secuestrados y asesinados. Los militares fueron el brazo ejecutor de la dictadura cívico militar. El mecanismo era el terror para disciplinar a toda la sociedad. De hecho, el Ministerio de Economía siempre estuvo en manos de civiles, como el de Educación, porque eran dos sectores estratégicos.

Tiempo Argentino (Publicado el 13 de Marzo de 2011)

Las listas que demuestran cómo marcaban obreros

Durante los años previos al golpe, y en la dictadura también, la Policía Federal junto con las fuerzas militares infiltró en las fábricas a sus agentes, camuflados como jefes de Seguridad o empleados de vigilancia, para recopilar información sobre la actividad política y sindical de los trabajadores. Con una minuciosidad burocrática dejaron sentados en los archivos todos los datos que ahora son utilizados en los juicios por genocidio gracias al trabajo de recuperación histórica que hizo la Comisión Provincial por la Memoria.
En esos papeles que elaboraba la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), quedaron registrados años de espionaje llevados a cabo por la Policía Bonaerense. Cada agente infiltrado en las plantas fabriles elaboraba un informe de 17 puntos en los que detallaba el nombre del establecimiento, la dirección, su rubro, su producción, la cantidad de obreros y empleados administrativos y hasta su horario de trabajo. También detallaba si estaban afiliados a algún sindicato, cuál era, qué tendencia política los caracterizaba, y si había habido “elementos o grupos” pertenecientes a organizaciones guerrilleras. En los casos en que los obreros militaban en organizaciones políticas, la descripción policial era más amplia.

Évelin Torre (Publicado el 13 de Marzo de 2011)

Un caso paradigmático de complicidades: Acindar prestó sus instalaciones para la represión

Una de las empresas cuya complicidad con el terrorismo de Estado resulta paradigmática es Acindar, de la que fue presidente el ex ministro de Economía de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz, por la represión desatada contra sus trabajadores y todo el pueblo santafesino de Villa Constitución el 20 de marzo de 1975. Carlos Sosa, sobreviviente de aquella redada, Alberto Piccinini, Carlos Actis y la Liga por los Derechos del Hombre son querellantes en la causa contra Martínez de Hoz.
En la madrugada del 20 de marzo de 1975 la Policía Federal, la policía provincial y un grupo de policía rural autodenominado “Los pumas”, desataron una cacería que terminó con más de 500 trabajadores y vecinos secuestrados. La empresa prestó sus instalaciones en lo que terminó siendo el primer centro clandestino de detención de la Argentina; el albergue de trabajadores solteros de la empresa. También puso a disposición su helipuerto para el operativo de los helicópteros de la Policía Federal y provincial y para los más de 100 autos. El caso de Acindar es paradigmático por el entramado económico de financiamiento a la dictadura y por la forma en que pone en juego la organización del trabajo para marcar a delegados y a activistas.

Norberto Galasso (Publicado el 13 de Marzo de 2011)

Dictadura y reconversión económica

Los sectores de privilegio habían percibido la cuchilla muy cerca de su garganta en los años del alza de masas (1969/74) y no les fue suficiente el “rodrigazo” isabelino ni la declinación de la mayor parte de la dirigencia política. Por ello, decidieron el golpe de marzo del '76, lanzándose a una furiosa represión. “Joe” Martínez de Hoz –vinculado por tradición a la oligarquía vacuna pero ahora también al gran capital yanqui– fue el cerebro y los Videla, Menéndez, Camps y otros los ejecutores. Los jóvenes habían creído que se acercaban al cielo de una Argentina igualitaria, pero el gran capital cortó de cuajo aquel sueño, acentuando la política de exterminio.
Un sector de empresas extranjeras y nativas transnacionalizadas, creció notablemente al amparo de los negocios de los “Chicago Boys” que acompañaban a Martinez de Hoz. Intervenidos los sindicatos, e impuesto el terror, fue posible reconvertir la economía a favor de la exportación y del sector financiero. En las empresas más poderosas como Ford, Mercedes Benz, Acindar y otras, la represión actuó muy selectivamente. Los jefes de personal en muchos casos señalaron a los delegados rebeldes y se aplicó la represión más terrible: torturas, fusilamientos publicitados como enfrentamientos, vuelos de la muerte, “desaparecidos”.
Buena parte de grandes empresas nativas se transnacionalizaban vinculándose al capital extranjero: Pérez Companc y su Banco Río con el Citibank, Macri con Management Development, Fortabat con el Banco de Boston, aliándose al capital imperialista y a la vieja Sociedad Rural. Los salarios se hundieron y ellos lograron el ansiado “bajo costo argentino” para hacer negocios afuera, para exportar, copar mercados, invertir en el exterior. Los Bulgheroni y los Pescarmona hicieron su agosto.
Cuando se conoció la lista de “desaparecidos” pudo observarse que la mayoría eran jóvenes y obreros. Creyeron los privilegiados que terminarían así toda inquietud y todo intento de reclamos y rebeliones. Pero la Historia –cuando la protagoniza el Pueblo– es más astuta y está dotada de la fuerza de la justicia. Por eso ahora están sumamente preocupados porque ya no podrán retornar a los tiempos idos y desesperadamente inventan maniobras y trampas para evitar que la mayoría del pueblo profundice su proyecto entre 2011 y 2014, en camino hacia una Argentina soberana e igualitaria. Pero no lo lograrán. No lo lograron con la boca de los fusiles y las torturas.

Elena Corvalán (Portal TELAM s/d)

Ledesma colaboró con la represión en Orán desde el mismo día del golpe militar

El Juzgado Federal de Jujuy, a cargo de Fernando Poviña, investiga al presidente de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, por su presunta participación en la Noche del Apagón, tal como se conoce a la noche del 27 de julio de 1976, cuando se cortó el suministro eléctrico en todo el departamento Ledesma y unos 400 trabajadores de Libertador General San Martín y Calilegua, fueron secuestrados en un operativo conjunto de militares, gendarmes, policías y empleados del ingenio.
Documentos de Gendarmería Nacional prueban que el Ingenio Ledesma colaboró con la represión. Según el libro de guardia del Escuadrón 20 de Gendarmería, entre el 24 y 25 de marzo de 1976 el ingenio azucarero, puso vehículos y combustible al servicio de la fuerza para que realizara operativos en Urundel, Aguas Blancas y Colonia Santa Rosa. Estos libros están incorporados en el juicio por crímenes de lesa humanidad.

Agencia Telam: Varios artículos. http://www.telam.com.ar

Alen, Luis: La intención era desaparecer a las comisiones. http://www.prensaanm.com.ar/pei_web_prensa/b95.html

Basualdo, Victoria: Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. Trabajo publicado en la Revista Engranajes de la Federación de Trabajadores de la Industria y Afines (FETIA), Número 5 (edición especial), marzo 2006.

Colectivo Ex-Presos Políticos y sobrevivientes Rosario: La represión en Mercedes Benz, Acindar, Ford, General Motors, La Cantábrica, Deutz, Terrabusi y otras empresas. http://colectivoepprosario.blogspot.com.ar/2011/03/la-represion-en-mercedes-benz-acindar.html

Comisión Nacional de Desaparición de Personas (CONADEP): Nunca más. http:// http://www.derechoshumanos.net/lesahumanidad/informes/argentina/informe-de-la-CONADEP-Nunca-mas.htm

Corvalán, Elena: Ledesma colaboró con la represión en Orán desde el mismo día del golpe militar. http://www.telam.com.ar/

Galasso, Norberto: Dictadura y reconversión económica. En Tiempo Argentino, Panorama histórico,http://tiempo.infonews.com/notas/dictadura-y-reconversion-economica
, Buenos Aires, 13.03.2011.
Llonto, Pablo: No todos los vigilantes tienen manga blanca http://www.prensaanm.com.ar/pei_web_prensa/b95.html

Página 12: Varios artículos. www.pagina12.com.ar

Plataforma Argentina contra la Impunidad: PARTICIPACIÓN DE CIVILES EN EL TERRORISMO DE ESTADO: Casos paradigmáticos de complicidades, 20 de marzo de 2011. http://www.plataforma-argentina.org

Portal de Noticias Argentina: http://www.argentina.ar
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