La dictadura cívico-militar de 1976 tuvo como uno de sus objetivos principales el disciplinamiento del movimiento obrero, un medio estratégico para acallar las luchas, destruir la organización popular y facilitar la aplicación del modelo económico global. En las grandes empresas, la represión de los trabajadores también tenía como objetivo maximizar las ganancias empresarias, por la vía de destruir la organización de base, eliminar conflictos, anular las conquistas, impedir los planteos reivindicativos y flexibilizar horarios, condiciones y salarios. El efecto de disciplinamiento del terrorismo de Estado también se expresó en la intervención de las fuerzas militares para impedir cualquier lucha reivindicativa de los trabajadores de las empresas involucradas.
Estos objetivos pusieron en la primera línea del accionar represivo a las Comisiones Internas de Fábrica, y a las estructuras de base de los sindicatos de los principales sectores productivos del país. El Informe Nunca Más, de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), señala que el punto 2 (Misión) del decreto secreto 504/77 (Continuación de la Ofensiva contra la Subversión), que reemplaza y ordena incinerar la Directiva 222/76 (Operación Piloto en el Ámbito Industrial) expresa que: el Ejército accionará selectivamente sobre los establecimientos industriales y empresas del Estado, en coordinación con los organismos estatales relacionados, para promover y neutralizar las situaciones conflictivas de origen laboral, provocadas o que pueden ser explotadas por la subversión, a fin de impedir la agitación y acción insurreccional de masas y contribuir al eficiente funcionamiento del aparato productivo.
En el diario La Nación, el entonces Ministro de Trabajo, General Horacio Tomas Liendo, afirmaba: la subversión en el ámbito fabril intenta desarrollar una intensa y activa campaña de terrorismo e intimidación a nivel del sector laboral. Es necesario conocer el modo de actuar de la subversión fabril, para combatirla y destruirla. El gobierno y las fuerzas armadas han comprometido sus medios y su máximo esfuerzo para garantizar la libertad de trabajo, la seguridad familiar e individual de empresarios y trabajadores y el aniquilamiento de ese enemigo de todos. Aquellos que se apartan del normal desarrollo del Proceso, buscando el beneficio individual o de sector, se convierten en cómplices de la subversión que debemos destruir; lo mismo que a quienes no se atrevan a asumir las responsabilidades que la situación impone. Amenazas cuyo destinatario final puede ser, en su deliberada imprecisión, a cualquiera.
Una preocupación semejante se advierte en las palabras del provicario castrense Monseñor Bonamín, expresadas en el mismo diario: el país ha advertido que el sindicalismo constituyó siempre una fuerza indudable que llegó a tener un poder político que no le era debido y que parece que lo quisiera recuperar, si es que lo perdió en algún momento. En los días previos al golpe el Ministro de Trabajo del gobierno de Isabel Martínez, Carlos Ruckauf reclamaba el fin de la presencia subversiva en las fábricas, y el jefe de la Unión Cívica Radical, Ricardo Balbín, regaló letra a los genocidas, creando la figura de subversión industrial.
Los resultados del direccionamiento del terrorismo de Estado sobre los trabajadores son estremecedores, y su dimensión global todavía no está suficientemente establecida. Según la CONADEP, el 30,2 % de los detenidos-desaparecidos denunciados son obreros, y el 17,9 % empleados. Esta cifra se incrementa notablemente si se considera que, del 21 % que representan los estudiantes, uno de cada tres trabajaba. Un alto porcentaje de los operativos se efectuó en el mismo día de golpe, o en fechas inmediatas posteriores.
La Unidad de Investigación de Delitos de Lesa Humanidad con motivación económica, a cargo de Luis Alén, investiga la participación de las empresas en la instauración de la represión ilegal. Esta unidad lleva registradas más de 604 empresas apropiadas durante el accionar represivo, e investiga cómo desaparecieron los miembros de las comisiones internas de delegados de las firmas que más crecieron durante la dictadura. La apropiación de empresas y la desaparición de delegados y activistas durante la dictadura, son delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. En el caso de los obreros desaparecidos, se destaca la participación de los directivos de las empresas, en muchos casos actuando como parte activa de la represión, al colaborar con la desaparición de los integrantes de las comisiones internas y activistas.
Una de las zonas más castigadas por este accionar represivo fue el noroeste del Conurbano Bonaerense, particularmente en grandes plantas industriales de firmas como Mercedes Benz, Ford y General Motors, La Cantábrica, Deutz, Goodyear, Terrabusi, Metalúrgico Santa Rosa, Celulosa Argentina, Acindar, Tensa, entre otros. Muchos de sus delegados y activistas fueron secuestrados y torturados en el centro clandestino de Campo de Mayo por donde pasaron más de 6.000 detenidos desaparecidos.
También fue particular objeto de la represión la industria naval. El Astillero Mestrino, de zona norte de Buenos Aires, fue el teatro de la detención de los delegados obreros, que estuvieron demorados en la Comisaría de Tigre y luego algunos de ellos fueron vistos por última vez en Campo de Mayo. Otro astillero duramente alcanzado por la represión fue Astarsa, de San Fernando. Rodolfo José Iriarte, delegado gremial y miembro de la comisión interna de seguridad industrial fue detenido en su lugar de trabajo, junto a otros 60 obreros y empleados de la misma empresa. Fue llevado inicialmente a la Comisaría de Tigre, trasladado a distintos lugares y su rastro se pierde en el Destacamento de Don Torcuato. En los días siguientes desaparecerán 4 delegados gremiales más.
Entre los dirigentes sindicales destacados del país, cabe destacar el caso de René Salamanca, ex Secretario General de Mecánicos de Córdoba (SMATA), secuestrado en el Campo de Concentración de La Perla y ¨trasladado” por orden del General Menéndez. También el del Secretario General del Sindicato de Luz y Fuerza de la Capital Federal, Oscar Smith, quien desapareció el 11 de abril de 1977, mientras protagonizaba acciones reivindicativas de carácter estrictamente laboral, hecho que evidencia la estrecha relación entre los conflictos gremiales y las desapariciones.
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